La Fiscalía de Delitos Económicos avanza sobre la presunta estafa a una financiera de Ciudad que denunció a unos 100 clientes y 8 abogados que los habrían asesorado para declararse en quiebra y no pagar los préstamos otorgados.
De los 100 denunciados, la fiscalía puso la mira en las letradas que aparecen en 24 casos en los que se habrían llevado adelante "acuerdos" entre abogados y clientes que luego se declararon en quiebra para, presuntamente, estafar a la empresa.
Rapicuotas, en el Centro, la financiera que denunció las estafas
Foto:
La Fiscalía de Delitos Económicos avanza sobre la presunta estafa a una financiera de Ciudad que denunció a unos 100 clientes y 8 abogados que los habrían asesorado para declararse en quiebra y no pagar los préstamos otorgados.
En principio, la fiscal Susana Muscianisi ha puesto la mira en dos abogadas que son las que en más casos denunciados habrían participado. Se trata de la letrada M. P., que aparece en 16 denuncias, en tanto que a A. C. se la nombra en 8 préstamos sospechosos, según las primeras pericias técnicas realizadas por una perito contadora del Ministerio Público Fiscal.
Por lo pronto, el informe sugiere que se solicite al denunciante -Finanpro S.R.L., una empresa que otorga pequeños créditos a trabajadores bajo el nombre de “Rapicuotas” y que funciona desde 2023 en un local de Las Heras al 400- que las cuentas o billeteras virtuales en las que acreditó los préstamos a estos primeros 24 solicitantes concursados, la fecha y los montos otorgados.
Luego, cuando se sepa el destino de los estos fondos, hacer un seguimiento del dinero y conocer la fecha de del Concurso Preventivo o Sentencia de Quiebras.
En setiembre pasado la Fiscalía de Delitos Económicos decidió abrir en 5 expedientes independientes la investigación que tiene bajo sospecha a 8 abogados y 100 personas que solicitaron préstamos personales a Rapicuotas y luego se declararon en quiebra para no pagar ni el capital ni los intereses. Según los denunciantes, el dinero solicitado y nunca cancelado sería de unos $40 millones.
En junio de 2025, asesorada por el abogado Gustavo Gazali, la entidad crediticia presentó una denuncia que recayó en manos de la fiscal Susana Muscianisi, quien inició un expediente por averiguación estafa genérica.
En setiembre de ese mismo año, el Ministerio Publico Fiscal decidió abrir la investigación en cinco expedientes diferentes, tomando como base la fecha en que se tomaron los dudosos préstamos y a los fines de evitar futuras nulidades que puedan ser solicitados por los abogados de los denunciados.
Con este criterio, la fiscal Muscianisi investigará a 22 tomadores de créditos; Mariana Pedot, 17 créditos; Juan Ticheli, 15; Gabriela García Cobos, 23; y Hernán Ríos, 23 denuncias.
Entre los investigados –todos denunciados con nombre y apellido- se encuentran los 8 abogados que “asesoraron” a los 240 sospechosos. La investigación incluye a 100 tomadores de créditos con sus respectivos expedientes concursales.
Según la denuncia por estafas, la sociedad operó normalmente hasta el año 2024, cuando se detectó una práctica en extremo inusual que llamó poderosamente la atención de sus directivos: en pocos meses, una serie de personas habían solicitado créditos -en algunos casos por montos significativos, de hasta $2 o $3 millones- presentando la documentación correspondiente.
Pero luego no pagaron las cuotas pactadas, al tiempo que presentaron pedidos de concurso preventivo o quiebra ante el Poder Judicial. De esta forma Rapicuotas no pudo recuperar de los fondos entregados en préstamo.
Ante la situación, la empresa comenzó a averiguar datos sobre sus sospechosos clientes llegando a la conclusión de que la mayoría habrían realizaron la misma maniobra en otras instituciones dedicadas a la misma actividad, en el mismo período.
Es por eso que la denuncia sostiene que “no se trata de una práctica aislada sino sistemática, interviniendo en muchos casos los mismos abogados o estudios de abogados”.
Para la empresa, la hipótesis de presunto fraude es la siguiente: se gestionaron préstamos sabiendo de antemano que no se pagarían las cuotas, ya que se presentaron inmediatamente en concurso o quiebra, y evidentemente resultan fraudulentas porque tienen como único objetivo frustrar el pago de las obligaciones asumidas.
“Es evidente que, al momento de obtener el crédito, presentar la documentación respaldatoria, y recibir el dinero, estas personas sabían que no pagarían las obligaciones”, sostiene la denuncia.
Para los denunciantes se trata de un fraude que supera los $ 40.000.000 por lo que no puede considerarse un hecho aislado, ya que supera la morosidad corriente y se trata de una “maniobra orquestada deliberadamente con dolo”.