La Fiscalía de Delitos Económicos decidió “abrir” la investigación que tiene en la mira presuntos "acuerdos" entre letrados y clientes de la financiera Rapicuotas que luego se declararon en quiebra para estafar a la empresa.
La Fiscalía de Delitos Económicos decidió abrir en 5 expedientes independientes la investigación que tiene en la mira a 8 abogados y 100 personas que solicitaron préstamos personales a una financiera de Ciudad y luego se declararon en quiebra para no pagar ni el capital ni los intereses. Según los denunciantes, el dinero solicitado y nunca cancelado sería de unos $40 millones.
A finales de junio Finanpro S.R.L. - una empresa que otorga pequeños créditos a trabajadores del sistema formal bajo el nombre de “Rapicuotas” y que funciona desde 2023 en un local de Las Heras al 400- presentó una denuncia que recayó en manos de la fiscal Susana Muscianisi, quien inició un expediente por averiguación estafa genérica.
Ahora, desde el ministerio Publico Fiscal decidió abrir la investigación en cinco expedientes diferentes, tomando como base la fecha en que se tomaron los dudosos préstamos y a los fines de evitar futuras nulidades que puedan ser solicitados por los abogados de los denunciados.
Con este criterio, la fiscal Muscianisi investigará a 22 tomadores de créditos; Mariana Pedot, 17 créditos; Juan Ticheli, 15; Gabriela García Cobos 23; y Hernán Ríos 23 denuncias. Entre los investigados –todos denunciados con nombre y apellido- se encuentran los 8 abogados que “asesoraron” a los 240 sospechosos.
Por ahora la investigación se centra en 100 tomadores de créditos ya que en los correspondientes casos ya se han sumado los expedientes concursales, explicó Gustavo Gazali, el abogado que representa a la empresa.
Según la denuncia por estafas, la sociedad operó normalmente hasta el año 2024, cuando se detectó una práctica en extremo inusual que llamó poderosamente la atención de sus directivos: en pocos meses, una serie de personas habían solicitado créditos -en algunos casos por montos significativos, de hasta $2 o $3 millones- presentando la documentación correspondiente.
Pero luego no pagaron las cuotas pactadas, al tiempo que presentaron pedidos de concurso preventivo o quiebra ante el Poder Judicial. De esta forma Rapicuotas no pudo recuperar de los fondos entregados en préstamo.
Ante la situación, la empresa comenzó a averiguar datos sobre sus sospechosos clientes llegando a la conclusión de que la mayoría habrían realizaron la misma maniobra en otras instituciones dedicadas a la misma actividad, en el mismo período.
Es por eso que la denuncia sostiene que “no se trata de una práctica aislada sino sistemática, interviniendo en muchos casos los mismos abogados o estudios de abogados”.
Para la empresa, la hipótesis de presunto fraude es la siguiente: se gestionaron préstamos sabiendo de antemano que no se pagarían las cuotas, ya que presentaron inmediatamente en concurso o quiebra que, evidentemente resultan fraudulentas porque tienen como único objetivo frustrar el pago de las obligaciones asumidas.
“Es evidente que, al momento de obtener el crédito, presentar la documentación respaldatoria, y recibir el dinero, estas personas sabían que no pagarían las obligaciones”, sostiene la denuncia.
Para los denunciantes se trata de un fraude que supera los $ 40.000.000 por lo que no puede considerarse un hecho aislado ya que supera la morosidad corriente y se trata de una “maniobra orquestada deliberadamente con dolo”.