¿Qué tienen en común un agente de viajes de Guaymallén, un empresario colombiano dedicado a la computación que "viajó Panamá", un clan familiar que ofrecía lotes virtuales en el metaverso y un constructor boliviano de barrios privados?
En los últimos tiempos la Justicia ha profundizado la investigación sobre defraudaciones que tienen como sospechosos a empresarios que trabajaban en la provincia.
El barrio privado Las Cumbres, ubicado en Urquiza al 700 de Guaymallén, nunca fue entregado. Allí murió un niño de 6 años en marzo de 2023. |
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Archivo Los Andes¿Qué tienen en común un agente de viajes de Guaymallén, un empresario colombiano dedicado a la computación que "viajó Panamá", un clan familiar que ofrecía lotes virtuales en el metaverso y un constructor boliviano de barrios privados?
En principio nada… salvo que todos tenían "fabulosos" negocios y que terminaron acusados de estafar a cientos de mendocinos por cifras millonarias en dólares. De buena fe, las víctimas pagaron por tener una casa en un barrio privado, por disfrutar de unas merecidas vacaciones en una playa paradisíaca, por lograr alta rentabilidad con sus ahorros, o bien para disfrutar de un videojuego con una buena computadora. Todo quedó en sueños incumplidos y un presente de denuncias penales.
Circula un video por las redes sociales en el que el colombiano Cristian David Holguín Restrepo (34) cuenta cómo, en 2015 fundó "Megatecnología", un pequeño local en el Centro de Mendoza donde vendía celulares y tablets. Con el tiempo llegó a tener tres locales y 40 empleados que se dedicaban a vender y reparar equipos de computación para el mundillo gamer local.
Pero el proyecto se hizo "inviable": en el video Holguín cuenta las razones del fracaso empresarial, pide "perdón" y promete "luchar" para devolver el dinero. Lo cierto es que, mientras subía el video a las redes, Holguín sacaba dos pasajes –uno para él, otro para Alejandra, su hermana y socia- y se marchaba a Panamá.
Salió del país el lunes 18 de agosto pasado. Dos días después, la fiscal de Delitos Económicos e Informáticos Mariana Pedot comenzó a recibir varias denuncias, pidió su detención y, al comprobar que se había fugado, solicitó un pedido de captura internacional.
Al día de hoy, la fiscalía suma unas 100 denuncias de clientes que compraron computadoras o entregaron equipos para su reparación y, a cambio, nada recibieron. Se calcula que la estafa es por unos $100 millones.
La única persona detenida e imputada es la cuñada del colombiano, Daniela Hinrich, quien ha solicitado el beneficio de la prisión preventiva para poder cuidar a sus hijos.
La estafa por la que es investigado el "Clan Caroglio" es, sino de ciencia ficción, al menos futurista. Primero habrían obtenido unos 4 millones de dólares de 140 inversores que apostaron a un fondo de inversión que ofrecía altísimos rendimientos. Cuando el negocio parecía declinar, los Caroglio comenzaron a vender lotes virtuales en el metaverso.
La ostentación en las redes sociales, las lujosas oficinas en Mendoza y en Puerto Madero y la publicidad que influencers famosos realizaban del fondo "We Are Capital" (WAC) y del insólito "Cripto Country", un emprendimiento de venta de lotes virtuales en el metaverso, fue parte del modus operandi utilizado por los presuntos estafadores para atraer clientes.
Según la investigación, el fondo de inversión se transformó en una presunta estafa piramidal y ante el retiro de los inversores, les prometieron pasar el capital al imaginario Cripto Country. Con la falsa promesa del desarrollo de un videojuego en un mundo virtual, y como oportunidad de inversión, vendían terrenos virtuales en ciudades virtuales, entregando como garantía, un boleto de compraventa firmado por Giovanni Caroglio, con su firma ológrafa escaneada y el logo de Cripto Country.
En 90 días los compradores recibirían un Token No Fungible (NFT) por cada terreno virtual adquirido. La "genial idea" era que, a futuro, los dueños de los NFT los podían negociar por sumas mayores a las invertidas.
Regresando del metaverso a la realidad, lo cierto es que el Clan Caroglio se encuentra detenido en una causa por asociación ilícita que fue elevada a juicio por la fiscal de Delitos Económicos e Informáticos Gabriela García Cobos.
La presunta banda está conformada por Giovanni Caroglio -jefe de una asociación ilícita- y sus hermanos Gitán y Genaro Caroglio, "organizadores" de la presunta banda, junto al padre, Daniel Caroglio. Además, Tomás Caroglio, Ignacio Manduca, Lucas Zalazar y Hans Breuer, están imputados en calidad de "miembros". En tanto que las presuntas estafas que se tramitan en otro expediente.
En enero de este año, unos 80 mendocinos se quedaron sin poder disfrutar de sus vacaciones que habían contratado con la agencia de viajes Guillén Enterprise. Como suele pasar en estos casos, los afectados comenzaron a sospechar algo raro y de las críticas por las redes pasaron a la denuncia penal.
En pocos días, el fiscal Juan Ticheli, de la Fiscalía de Delitos Económicos, reunió unas 80 denuncias de viajeros frustrados que le habían entregado a Pedro Guillén –dueño de la agencia- unos $240 millones.
"Ya tengo todo listo, el viernes pasen por mi oficina y les entrego los papeles", les dijo el dueño a una familia el 17 de enero. Cuando fueron a la oficina, ubicada en el tercer piso del edificio Buci, no había nadie.
Nada hacía pensar que "Guillén enterprise" pudiera llegar a estafar a sus clientes: estaba registrada de manera legal y Guillén tenía una trayectoria dentro del turismo mendocino con muchos viajes realizados al exterior, desde paquetes all inclusive al Caribe hasta vacaciones en Disney o en las paradisíacas playas de Maldivas.
Según German Kemmling, un abogado que representa a varias afectados la estafa podría ascender a unos 500 mil dólares.
Guillén se encuentra detenido en la cárcel San Felipe. Si bien en mayo pasado le otorgaron la prisión domiciliaria, nunca pudo reunir los $50 millones de la fianza, por lo que sigue preso.
En marzo de 2023, el niño Erick Mamaní (6) murió luego de caer en un pozo de una obra del barrio privado Las Cumbres, ubicado en Urquiza al 700, de Guaymallén. La edificación ilegal era realizada por Idandi SA, propiedad del empresario boliviano Florentino Paco.
Por esa misma época, el constructor comenzó a ser denunciado por estafas ya que no entregaba las casas que sus clientes le habían pagado. Esta semana, el fiscal jefe de Delitos Económicos e Informáticos, Alejandro Iturbide, imputó a Paco por "defraudación de desbaratamiento de derecho" y a su hijo Diego en calidad de partícipe necesario.
Según la hipótesis del fiscal, ambos habrían estafado a unos 150 clientes por una cifra millonaria. La maniobra utilizada por los acusados sería la siguiente: engañaron a los compradores de lotes, muchos de ellos ubicados en barrios privados, conformando un fideicomiso de 15 millones de dólares en el que integraron a los clientes sin haber recibido autorización de los mismos. Con esta maniobra los afectados deben reclamarle no a Paco, sino a su hijo, quien es insolvente.
"Nadie sabe dónde están esos 15 millones de dólares, y la cifra pueden ser de 25 millones, según nuevas denuncias. Y con toda esa plata en el bolsillo, Paco puede irse a donde quiera", sostiene el abogado Carlos Ferrer, quien acompaña a los 150 denunciantes del barrio Las Cumbres.
En ese desarrollo habitacional se vendieron 107 lotes en el barrio privado y 113 lotes en el barrio abierto. Los primeros valían unos 65.000 dólares, los segundos, 45.000. La investigación sigue abierta y en los próximos días se tomarán nuevas medidas.