La denuncia fue radicada en la Fiscalía de Delitos Económicos por la financiera Rapicuotas, para quien la presunta maniobra habría sido “orquestada deliberadamente con dolo”.
Ocho abogados y 240 personas que solicitaron préstamos personales a una financiera y luego se declararon en quiebra son investigados por la Fiscalía de Delitos Económicos por una presunta estafa que, sumando el dinero solicitado por todos los denunciados llegaría a unos $40 millones.
La denuncia fue realizada por en los últimos días por Finanpro S.R.L., una empresa que otorga pequeños créditos a trabajadores del sistema formal bajo el nombre de “Rapicuotas” y que funciona desde 2023 en un local de Las Heras al 400.
Según la denuncia, la sociedad operó normalmente hasta el año 2024, donde se detectó una práctica en extremo inusual que llamó poderosamente la atención de sus autoridades: en pocos meses, una serie de personas solicitaron créditos -en algunos casos por montos significativos, de hasta $2 o $3 millones-, presentaron la documentación correspondiente pero inmediatamente no pagaron las cuotas pactadas, al tiempo que presentaron pedidos de concurso preventivo o quiebra ante el poder judicial. De esta forma Rapicuotas no pudo recuperar de los fondos entregados en préstamo.
Ante la situación, la empresa comenzó a averiguar datos sobre sus sospechosos clientes llegando a la conclusión de que la mayoría de habría obtenido créditos realizaron la misma práctica en otras instituciones dedicadas a la misma actividad, en el mismo período.
Es por eso que la denuncia sostiene que “no se trata de una práctica aislada sino sistemática, interviniendo en muchos casos los mismos abogados o estudios de abogados”.
Para la empresa, la hipótesis de presunto fraude presentado por el abogado Gustavo Gazaldi, querellante por la empresa. es la siguiente: se gestionaron préstamos sabiendo de antemano que no se pagarían las cuotas, ya que presentaron inmediatamente en concurso o quiebra que, evidentemente resultan fraudulentas porque tienen como único objetivo frustrar el pago de las obligaciones asumidas.
“Es evidente que, al momento de obtener el crédito, presentar la documentación respaldatoria, y recibir el dinero, estas personas sabían que no pagarían las obligaciones”, sostiene la denuncia.
Para los denunciantes se trata de un fraude que supera los $ 40.000.000 por lo que no puede considerarse un hecho aislado ya que supera la morosidad corriente y se trata de una “maniobra orquestada deliberadamente con dolo”.
La denuncia es investigada por la fiscal de Delitos Económicos Susana Muscianisi bajo la caratula de estafa genérica e incluye tanto el nombre de los abogados como de sus clientes.
Entre los primeros pasos dados por la fiscalía se encuentra el secuestro de los expedientes de los concursos preventivos de los acreedores.