Tres países sudamericanos han desplegado sus fuerzas armadas

Imagen ilustrativa de las fuerzas armadas chilenas. / Gentileza
Imagen ilustrativa de las fuerzas armadas chilenas. / Gentileza

Chile, Ecuador y Perú están utilizando cada vez más a sus fuerzas armadas para cuestiones de represión interna, sea a mapuches o a la delincuencia.

En Chile, Ecuador y Perú, en el último mes, las Fuerzas Armadas han sido desplegadas para cumplir diversas funciones vinculadas a la seguridad.

Comenzando por el primer país, el despliegue se inició el 12 de octubre, cuando entró a regir el decreto pertinente. En sus fundamentos decía que la región de la Araucanía y Biobío han “sufrido gravemente los efectos de acciones de bandas del crimen organizado, terrorismo, narcotráfico y robo de madera”. Fueron desplegados 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas en las regiones de Biobío (departamentos de Biobío y Arauco) y Araucanía (departamentos de Malleco y Cautín). Los militares actúan en apoyo de las fuerzas de seguridad (Carabineros) y sólo están autorizados para entrar en operaciones a pedido de las fuerzas de seguridad y bajo supervisión gubernamental. En las dos primeras semanas se detuvieron 30 personas, sobre las cuales pesaban órdenes de captura, y se redujo a la mitad los atentados incendiarios y a un quinto las usurpaciones. Pero el 4 de noviembre el conflicto escaló. Efectivos de Carabineros fueron emboscados por mapuches armados. En el intercambio de disparos, uno de ellos fue muerto y otros tres heridos. Los Carabineros en este caso contaron con el apoyo de efectivos de Infantería de Marina. El hecho causó conmoción. Los líderes mapuches, incluyendo los 17 que son constituyentes, entre ellos la Presidenta de la Asamblea, lo condenaron y reclamaron el repliegue inmediato de las fuerzas de seguridad y militares de la región. A dos semanas de la elección presidencial, el hecho no deja de tener incidencia electoral. En la primera semana de noviembre, las imágenes de 30 mapuches encapuchados disparando fusiles juntos, aumentó la tensión.

El 18 de octubre en Ecuador, el presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción por un plazo de 60 días. Fue dictado para combatir a las bandas criminales vinculadas al narcotráfico que han generado un marcado incremento de los homicidios y las masacres carcelarias, que este año dejaron 2.000 muertos, una cifra récord en la región. El Gobierno desplegó a las Fuerzas Armadas en las calles para apoyar a los policías. Al mismo tiempo, las organizaciones indígenas (que “voltearon” dos gobiernos en la primera década de este siglo) llevaron adelante protestas, incluyendo cortes de ruta. Los hechos derivaron en enfrentamientos entre los indígenas y la policía. El Presidente llamó al diálogo y retrotrajo el aumento del precio de los combustibles, en un intento de que no escale el conflicto, del cual participan también los sindicatos. El anterior gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) buscó eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles, de acuerdo a lo exigido en el acuerdo firmado con el FMI. En 2019, las protestas contra esta medida arrojaron 11 muertos y obligaron a Moreno a retrotraer la decisión y convocar a las Fuerzas Armadas para restablecer el orden. Andrés Tapia, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confenaie) sostuvo además que “se exige la derogación de dos decretos por el tema petrolero y el tema minero, que duplican la frontera extractiva”.

En Perú, el presidente Pedro Castillo (que asumió el 28 de julio) dispuso que las Fuerzas Armadas se desplieguen en Lima y Callao, para apoyar a la policía frente al aumento de los homicidios del crimen organizado. Los militares apoyan a las fuerzas de seguridad y sólo abren fuego cuando ellas lo requieran y el Gobierno lo autorice. La medida, que fue solicitada por la policía, fue adoptada el 2 de noviembre y tendrá una duración de 30 días. La medida generó la alerta de organizaciones de Derechos Humanos que recordaron la represión a la guerrilla de Sendero Luminoso, que en los años 90 del siglo pasado generó 80.000 muertos entre las dos partes. El ministro del Interior que tuvo a su cargo esta operación militar-policial fue Luis Barranzuela, un controvertido ex policía con decenas de sanciones disciplinarias. Se vio obligado a renunciar dos días después, por haber realizado en su domicilio una fiesta por Halloween, violando las restricciones para evitar la propagación del Covid-19. Perú es el país que registra más muertes per cápita en el mundo por esta causa. Cabe señalar que el partido Perú Libre, que llevó al poder a Castillo, se encuentra dividido, con su líder Vladimir Cerrón cuestionando el giro hacia el centro del Presidente. El ministro que ha caído fue defensor de dicho líder político en acusaciones de corrupción. En Perú, las Fuerzas Armadas han jugado un rol de “moderadoras” del sistema político, que ha tenido sucesivas crisis, y en el último período presidencial (2016-2021), tres presidentes fueron destituidos por el Congreso.

En conclusión: en Chile, las Fuerzas Armadas han sido desplegadas en apoyo de los Carabineros en el conflicto contra el extremismo mapuche, que aumenta con acciones violentas en la Araucanía; en Ecuador, el Presidente convocó a las Fuerzas Armadas a que participen en apoyo de la policía en la represión del narcotráfico, la delincuencia común y las protestas sociales, en Perú, el Poder Ejecutivo a cargo de Pedro Castillo, desplegó Fuerzas Armadas en apoyo de la policía en Lima y El Callao, frente al auge de la delincuencia.

Señales de las dificultades crecientes de los países de la región para mantener la gobernabilidad.

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