Marcha y críticas: la venta del Próvolo desató pelea política

La polémica quedó servida luego de que la comuna de Luján de Cuyo comprara el edificio del instituto religioso Antonio Próvolo, pagando una parte de su costo final.

Lo que para el intendente Omar de Marchi era una oportunidad para exhibir un avance de su gestión, al presentar lo que sería su nuevo edificio municipal, se convirtió en realidad en blanco de las críticas y las sospechas por el valor que se pagó por el inmueble, considerado escaso.

Además, anticipándose a esta situación, en octubre del año pasado los familiares de las víctimas del Próvolo ya habían pedido un embargo para evitar la venta del edificio.

Lo hicieron en el fuero penal, pero como no se evidenció riesgo de venta, la jueza no hizo lugar. Casi un año más tarde la realidad es otra.

Cierto es que el edificio municipal, ubicado en calle San Martín 250 de ese departamento está colapsado. Pero la resolución de este problema resultó excesivamente expedita para los damnificados.  

De hecho, el expediente se inició el 31 de agosto, con una nota de ofrecimiento de venta suscripta por el sacerdote Alberto Bochatey y el 12 de setiembre ya se había aprobado y pagado la primera cuota para comprar el establecimiento. Sólo ocho días hábiles transcurrieron entre un hecho y otro.

En detalle

El intendente de Luján, Omar De Marchi, confirmó la compra del establecimiento a cambio de casi $ 154 millones, a pagar en cinco cuotas. La primera fue pagada apenas anunciada la compra -$ 60,5 millones-, mientras que las restantes se pagarán durante los próximos cuatro años y serán de unos 638.000 dólares anuales.

De Marchi defendió la compra en una entrevista con radio Nihuil, al decir: "Tuvimos una reunión con las víctimas (del Próvolo) y queremos que haya justicia, pero también es cierto que allí hay un inmueble de seis hectáreas de superficie y 9.000 metros cuadrados  que hace dos años se encuentra en un abandono total".

Pero la decisión fue cuestionada por las víctimas y sus abogados -quienes ya han presentado demandas civiles contra la Asociación Obra San José y contra el Arzobispado-. Es que si bien el acuerdo de compra-venta establece que el dinero vaya a parar a un fideicomiso para el resarcimiento de víctimas y ex trabajadores, la crítica es que se vendió en casi 154 millones de pesos un bien que, aseguran, está valuado en más de $ 600 millones.

Es por eso que durante el anuncio de la compra realizado en las propias instalaciones de Boedo 385 (Carrodilla), De Marchi fue increpado por familiares y víctimas de los abusos denunciados.

¿Estuvo subvaluado?

Legisladores y concejales que ayer ofrecieron una conferencia de prensa en la Legislatura adelantaron que presentarán un proyecto para que el procurador de la Corte, Alejandro Gullé, investigue la compra y si se subvaluó el inmueble.

“Nos quedan dudas sobre procedimientos administrativos que debe cumplir”, señaló el diputado Jorge Tanús (UC).

Paloma Scalco, concejal de Unidad Ciudadana en Luján, fue una de las dos personas que votó en contra de la compra del edificio. Nicolás Córdoba (FIT) fue quien depositó el otro voto negativo ante ocho favorables.

“Vamos a pedir que se inicie una investigación porque pudo haber complicidad en cuanto al objetivo de insolventar al Próvolo frente a una posible condena defraudando a los familiares de las víctimas”, dijo la concejal lujanina.

Por último, aseguró que cree que esto termina con las pretensiones de De Marchi como candidato a gobernador en 2019: “Quedó expuesto frente a toda la provincia”.

Pero no sólo desde la oposición hubo reparos. La vicegobernadora, Laura Montero, se mostró preocupada y aseguró que “debe resguardarse judicialmente cualquier necesidad de relevar y constatar pruebas en un proceso judicial que recién inicia”.  También avisó: “Seguiremos este proceso para resguardar los derechos de las víctimas”.

Sólo 13 días pasaron desde el ofrecimiento al primer pago

Lo llamativo de la transacción mediante la cual Luján compró el edificio del Próvolo es el tiempo récord en que se concretó esta operación. Sobre todo si se tiene en cuenta que fue el propio obispo Bochatey quien la ofreció a la Municipalidad recién el 30 de agosto. Esto significa que en sólo 13 días se hizo el ofrecimiento, se acordaron montos y forma de pago, se presentó el proyecto y se aprobó la ordenanza municipal (13.252/18).

En el ofrecimiento propuesto a De Marchi por Bochatey, con fecha del 31 de agosto, el sacerdote  manifiesta “la seria y formal intención de vender el inmueble”.

“Motiva esta decisión la falta de recursos económicos con los que se sostenían todas las tareas de la obra y el inmueble, que es de gran valor”, detallaba Bochatey.

“Queremos manifestarle que es nuestro interés que el inmueble pueda brindar servicios a los ciudadanos y a la comunidad toda. Entendemos que la Municipalidad de Luján de Cuyo es el ámbito público por excelencia de la localidad donde se erige el edificio que ofrecemos en venta, por lo tanto entendemos que sería de interés para usted como autoridad, para los vecinos como destinatarios y para nosotros como Asociación que dicho predio tenga una finalidad pública”, manifestaba Bochatey.