La Legislatura de Mendoza convirtió en ley una reestructuración en el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.
El tema fue planteado por el Poder Ejecutivo a través de una propuesta que produjo un intenso debate parlamentario, con un final de entendimiento que permitió rescatar el positivo valor de la búsqueda de consensos políticos.
Como parte del acuerdo legislativo logrado, el oficialismo accedió a dejar de lado la rapidez para la aprobación que pretendía inicialmente el Ejecutivo, para dar paso a tiempos de debate finalmente establecidos para contemplar más opiniones.
La oposición actuó en el mismo sentido, dejando de lado objeciones y acusaciones al Gobierno con las que buscó confrontar inicialmente.
Básicamente, la reforma dispone el sorteo de las causas que llegan a la Corte, además de una paulatina eliminación de las Salas 1 y 2 del máximo tribunal, aspecto trascendente que contuvo la iniciativa del Gobierno para terminar con la posibilidad de elección de la sala al presentarse una denuncia, dando lugar al denominado Forum Shopping.
Además, se dispone un reordenamiento de las competencias y obligaciones por parte de la Suprema Corte en pleno y de la sala administrativa de la misma.
También habrá cambios en lo referido a la elección del presidente y de los vicepresidentes del máximo tribunal, entre otras medidas.
Al margen del contenido final, cabe reiterar que lo más importante, y trascendente, es el acuerdo político logrado en el ámbito institucional que debe discutir para consensuar medidas, el Poder Legislativo.
Ese acuerdo, hay que destacarlo, tomó en cuenta la opinión de experimentados ex integrantes de la Suprema Corte provincial, lo que dio paso a un necesario análisis del tema por parte de los siete jueces supremos, quienes lograron acordar el texto que dio sustento al proyecto finalmente aprobado.
Esto no desmerece otras propuestas que fueron presentadas siempre en el marco de la discusión por el funcionamiento de la Corte, que probablemente tengan abordaje en una fecha futura.
Un ejemplo es la pretendida enmienda constitucional para disponer que para ser juez de la Corte no se haya ejercido ningún cargo político previo en un determinado período de tiempo, iniciativa surgida del mismo seno de la coalición oficialista y que se suma a otras propuestas similares previas provenientes de otros espacios partidarios.
Probablemente éste y varios aspectos más relacionados con la Justicia deban ser abordados políticamente para seguir optimizando el funcionamiento de los tribunales provinciales.
Como también ocurre a nivel nacional, la demanda social sobre la labor de jueces y fiscales es recurrente y merecedora de la atención de los poderes del Estado.
Se debe reconocer que hubo avances en los últimos años en Mendoza para hacer más eficiente el servicio de justicia, pero los diversos requerimientos sociales siempre exigen una permanente atención sobre el nivel de desarrollo que los mendocinos merecen y necesitan.
Es de desear que todos los avances que se obtengan en cuanto a la Justicia en adelante sean en un marco de consenso como el logrado en la reciente reforma para la Corte.
Y en la medida de lo posible, que esa forma de construcción de acuerdos políticos se traslade también a otras instituciones de la provincia.
