La resolución alcanza solo a esa bodega, rige por seis meses y también suspende las sanciones del INV mientras continúa el litigio.
La Justicia suspendió el cobro de las contribuciones obligatorias a una bodega, mientras se resuelve la discusión de fondo sobre la Coviar.
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El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 8 resolvió a favor de una cautelar presentada por la bodega Fincas Patagónicas, que plantea que no corresponde el cobro de las contribuciones a la Coviar (Corporación Vitivinícola Argentina) ni tampoco que el INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) aplique sanciones por el no pago de esos aportes.
La resolución del juez federal Walter Lara Correa representa una nueva instancia en una larga disputa entre una parte del sector vitivinícola, que cuestiona el financiamiento obligatorio a la Coviar, y quienes defienden el trabajo que desarrolla la entidad.
Aunque los reparos se venían planteando desde hacía tiempo y varias entidades y cámaras dejaron de participar en las reuniones de la corporación, el 5 de mayo se produjo un quiebre, cuando el Gobierno nacional, a través de la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dio por finalizado el PEVI y, con ello, las contribuciones obligatorias.
Sin embargo, la Coviar acudió a la Justicia Federal con una acción de amparo, con el planteo de que una ley -la 25.849, que establece el financiamiento para el Plan Estratégico Vitivinícola- no puede ser derogada por una resolución. El juez le concedió una medida cautelar a mediados de junio, por la cual los establecimientos vitivinícolas debían seguir aportando, hasta que se resolviera la cuestión de fondo.
Fincas Patogónicas inició el proceso para reclamar que la Coviar no tiene derecho a reclamarle el pago de la contribución obligatoria porque el PEVI cumplió su plazo en 2020 y que, por lo tanto, los aportes perdieron su fundamento.
También señaló que la extensión hasta 2030 del plan fue establecida por una resolución de la misma corporación. Y sumó que la resolución 55/2026 también estableció que el PEVI se había cumplido.
Por estos motivos, la empresa planteó que la Coviar no puede iniciar ejecuciones por la deuda reclamada y que el INV tampoco puede afectar los permisos de traslado, la libre circulación de productos o las solicitudes de exportación.
La Corporación Vitivinícola Argentina sostuvo, en el proceso judicial, que las comunicaciones enviadas no son facturas, sino notificaciones para que la empresa opte por el pago de contado o en cuotas. Añade que la única deuda reclamada para 2026 es por $11.710,74.
Y cuestiona tanto la cautelar como la resolución 55/2026. Asimismo, menciona que ya existe una causa en el Juzgado Federal Nº2 de Mendoza, donde pidió que se declare la nulidad (y a la que se hizo lugar con la cautelar), y que, por eso, el juzgado Nº8 debería declararse incompetente.
El INV, por su parte, detalló que dejó de aplicar sanciones por el no pago de las contribuciones a la Coviar y que ha dejado de paralizar trámites y permisos, por lo que la cautelar “deviene abstracta”.
El juez federal Walter Lara Correa rechazó el planteo de la Coviar de que el juzgado se aparte del caso e hizo lugar a la medida cautelar de Fincas Patagónicas. Es decir, ordenó suspender el cobro de las contribuciones obligatorias por parte de la empresa y también las sanciones del INV, que consideró podrían resultar desproporcionadas frente a los derechos de comerciar, trabajar y ejercer la defensa en juicio.
La cautelar tiene una vigencia inicial de seis meses y la bodega deberá constituir una caución de $1 millón para que entre en vigencia.
Consultados por diario Los Andes, desde la Coviar señalaron que el proceso judicial lo inició Fincas Patagónicas hace más de dos años y expresaron que, si bien aún no han sido formalmente notificados, la cautelar sólo tiene impacto sobre el pedido de una bodega -durante seis meses- y que será apelada por la corporación.
“La cautelar del 8º Juzgado va a contramano del argumento principal que sí toma la Justicia Federal de Mendoza (en primera y en segunda instancia) donde fija que una resolución no puede derogar una contribución creada por ley. La Cámara Federal de Mendoza también rechaza la hipótesis de que el PEVI habría terminado en el 2020, al considerar que no tiene sustento legal expreso en la Ley 25849”, indicaron.
Sumaron que la resolución del 8º Juzgado toma como válida una circular emitida por el INV dando por caído el PEVI y por derogadas las contribuciones, pero que se trata de un documento que el organismo tuvo que modificar por orden de la Justicia de Mendoza.
“Es un despropósito en términos de costos para la Justicia, gastos y honorarios que tienen que afrontar tanto el Estado Nacional como el sector en su conjunto, litigar durante dos años por una deuda de $12.000 por contribución obligatoria. Y claramente es desproporcionado considerar que una deuda de $12.000 (por tres establecimientos aportantes bajo la denominación legal de la empresa Fincas Patagónicas) pone en juego ‘derechos humanos’ que impiden el ‘ejercicio de la industria licita”’, cerraron.
