¿Qué podría implicar la reducción del gasto tributario?

El economista jefe del Área Fiscal del Ieral (Fundación Mediterránea), Marcelo Capello, analizó qué podría suceder si se aplica la eliminación de exenciones y tributos diferenciales propuesta por Massa.

Sergio Massa envió a Diputados una adenda del presupuesto en la que propone la eliminación de ciertas exenciones y beneficios impositivos para reducir el déficit fiscal el 2024
Sergio Massa envió a Diputados una adenda del presupuesto en la que propone la eliminación de ciertas exenciones y beneficios impositivos para reducir el déficit fiscal el 2024

El ministro Sergio Massa quiere dar la señal al mercado de que bajará el déficit fiscal en 2024, e inclusive que pasará a un superávit primario de 1% del PIB, si es elegido presidente. Pero, a la vez, no quiere exhibir qué ajustará para lograr ese objetivo, de modo que recurre a proponer una disminución del gasto tributario, que no es otra cosa que eliminar exenciones impositivas o tratamientos tributarios diferenciales, que implican subir la ya muy elevada presión tributaria. Es decir, subir los impuestos, en lugar de bajar el gasto público.

Implicancias

  • Eliminar la exención para inmuebles rurales en el impuesto a los Bienes Personales (0,48% del PIB): implica subir los impuestos al sector sobre el que recae la mayor presión tributaria y al que se aplican tributos extraordinarios, que raramente existen en otros lugares del mundo. En todo caso, la propuesta podría justificarse si a la par se eliminaran los Derechos de Exportación, situación en la cual la presión tributaria sobre el sector, en términos netos, bajaría en forma importante.
  • Exención del impuesto a las Ganancias al Poder Judicial (0,16% PIB): sería una medida progresiva, pero ha sido considerado anticonstitucional en el pasado y por ese motivo se acordó levantar la exención para los ingresantes al Poder Judicial desde el año 2017.
  • Alícuotas reducidas del IVA (0,62% del PIB): beneficia a la construcción de viviendas; la comercialización de carnes, frutas, legumbres y hortalizas frescas; la medicina prepaga y sus prestadores; la venta de productos de panadería y las obras de arte. En algunos casos, llevar la alícuota al 21% sería regresivo (alimentos) o impopular, como en el caso de salud y educación.
  • Promoción económica de Tierra del Fuego (0,33% del PIB): es razonable a largo plazo, pero potenciando otras herramientas para el desarrollo económico de la isla (turismo, pesca, energía, etc.).

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