La Rioja decidió emitir cuasimonedas para pagar sueldos. Estamos hablando de títulos de deuda pública provincial que pueden ser usados para transacciones, que si bien no es moneda de curso legal, tienen funcionalidades análogas. El problema es el exceso de gasto, fundamentalmente en empleo público, financiado con coparticipación y transferencias discrecionales. Lo deseable es volver a rediseñar el sistema tributario, incluyendo la sustitución de la coparticipación por un fondo de convergencia para aquellas provincias más rezagadas. Ya que de mantener en el tiempo la estrategia de cubrir sus desequilibrios emitiendo cuasimoneda, la tasa de depreciación de la misma será creciente. Adicionalmente, al efecto de la inflación, estará la pérdida que le generará la caída en la paridad.
Considerando datos del Ministerio de Economía para el 2023, vemos que el conjunto de las provincias recibió de la coparticipación $42.000 por persona y tienen en promedio 50 empleados públicos por cada 1.000 habitantes. Tomando el caso puntual de La Rioja, vemos que recibió $94.000 por persona y tiene 114 empleados públicos por cada 1.000 habitantes. En sí, La Rioja recibió más del doble de coparticipación y tiene, también, más del doble de empleados públicos por habitante que el promedio nacional. Queda en evidencia que la problemática no es la insuficiencia de recursos, sino el exceso de empleo público. Por otra parte, el caso de La Rioja no es único, sino que otras provincias también son muy beneficiadas por la coparticipación (Catamarca, Santa Cruz y Tierra del Fuego). En pocas palabras, está latente el riesgo de que otras provincias sigan los pasos de La Rioja.
Los excesos de gasto son iniciados por los incentivos que genera la coparticipación. De forma diaria y automática, la recaudación nacional se transfiere a cada provincia basándose en parámetros muy arbitrarios. Ciertas provincias absorben muchos más recursos que los que contribuyen, sin ningún condicionante. El exceso de financiamiento incita a prácticas clientelares e induce a malas prácticas de gestión.
Los perjuicios de las cuasimonedas no se van a sortear aumentando las transferencias. A la inversa. Mientras más recursos se remitan, más se incentiva la disipación de fondos públicos. Resulta imperante un ordenamiento tributario que elimine la coparticipación. Lo que hay que distribuir son las fuentes tributarias. Las provincias deberían autofinanciarse con la totalidad del IVA que generen en su territorio unificado con Ingresos Brutos. La recaudación podría seguir centralizada, pero va a quien generó el valor agregado. Para las provincias con menor nivel de desarrollo hay que contemplar un fondo de convergencia para no desfinanciarlas, pero que a la vez les imponga la condicionalidad de aplicar una estrategia de desarrollo realista.
En síntesis, para perfeccionar la ley ómnibus hay que plantear un ordenamiento integral del sistema tributario. El desarrollo depende de desactivar los incentivos que resultan perversos.
*El autor es es profesor de la Universidad del CEMA
