Se desploman los ingresos provinciales y aumenta la tensión con el Gobierno por financiamiento

La preocupación de los gobernadores por el sostén de las finanzas provinciales crece día a día ante la fuerte caída de las transferencias nacionales, que alcanza al 12% en el flujo de dinero por coparticipación y supera el 64% en el caso de los envíos discrecionales.

Los números explican la necesidad de los mandatarios provinciales de arrancarle al Poder Ejecutivo nacional algún tipo de promesa de que en el corto plazo habrá herramientas para compensar el faltante.

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Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) indicó que las transferencias automáticas (coparticipación y leyes especiales) caerán 12,2% (real, o sea descontada la inflación), que equivalen a $ 277.150 millones.

Por su parte, un trabajo de la consultora Politkón Chaco precisó que las transferencias discrecionales sufren una merma real de 64,2%.

Las transferencias automáticas son las que las provincias reciben diariamente de la recaudación de AFIP por tributos coparticipables y en consecuencia los gobernadores saben al instante que les va a costar cerrar las cuentas públicas del mes.

En lo que respecta a los giros por coparticipación, las jurisdicciones más afectadas en enero son Buenos Aires (-14,6%), Salta (-12,4%) y Misiones (-12,2%). En el caso de Mendoza la reducción es de 11,7% y de Río Negro 11,5%.

Por otro lado, las jurisdicciones con menor caída serían CABA (-9,7%), La Pampa (-10,9%) y San Luis (-11%) y Córdoba (11,1%).

Con este cuadro de situación Córdoba cede recursos por un estimado de $ 21.122 millones, mientras que Mendoza pierde $ 10.421 millones y Río Negro $ 6.177 millones.

Estas reducciones significan un ajuste obligado para las provincias porque son consecuencia de la caída del nivel de actividad que se verifica en la recaudación de impuestos nacional, que además se replica en el pago de tributos locales.

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Históricamente estos “faltantes” se cubrían con ayudas del gobierno central, que justamente son las que Javier Milei está dispuesto a cortar para obligar a las provincias a poner sus números en caja.

Estos auxilios se enmascaran en lo que se denomina transferencias discrecionales y necesitan de una firma especial del Ministro de Economía de turno con obvio aval del presidente.

Hasta el 28 de enero, los giros discrecionales habían sido de $ 49.431 millones, que en términos nominales representan un aumento de 31,3%, pero que ajustados por inflación significan una contracción de 64,2%.

En este sentido, las dos jurisdicciones más castigadas fueron la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

A la Capital Federal Milei le envió $ 3.551 millones, que con el impacto de la inflación significa una disminución de 78,2%.

Un panorama similar sucede con la provincia gobernada por Axel Kicillof, a la que se le enviaron fondos por $ 14.725, que equivale a una contracción de 78,1%, similar a la de Ciudad.

A Córdoba, se le habilitaron en forma discrecional $ 2.881 millones, que descontando la inflación significa una disminución de 43,4%.

A su vez, a Mendoza se le firmaron cheques por $ 1.901 millones, monto que equivale a una caída real de 38,1%.

En tanto a Río Negro llegaron $ 1.090 millones, un 41,9% menos que un año atrás.

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Curiosamente una de las provincias mejor tratadas es La Rioja, cuyo gobernador Ricardo Quintela amenaza con emitir cuasimonedas. Desde Economía le enviaron $ 1.022 millones, apenas un 0,9% por debajo de un año atrás. La única con saldo positivo al 28 de enero es Misiones con $ 2.926 millones, que equivalen a un alza de 6,4%.

El mayor flujo de estas transferencias discrecionales fue otorgado a través de los convenios para financiar el Fondo Docente.

La polémica que se desató en las últimas horas con los gobernadores por el supuesto acuerdo para coparticipar el Impuesto PAIS a cambio de apoyo por la Ley Ómnibus no hizo más que complicar este escenario.

Incluso en muchos distritos ya comenzó a impactar la medida del Banco Central de prohibirles a los bancos provinciales financiar a sus Estados y crecen las dudas sobre cuándo se comenzarán a pagar los sueldos. Se teme que los primeros días de febrero sean de mucha tensión en jurisdicciones con cuentas muy ajustadas.

Las universidades de Rosario, San Juan y San Luis les comunicaron a sus empleados que hasta que no llegue el dinero que manda Economía no podrán cancelar los salarios. A ellas también se sumaron el INTA y en las últimas horas la Cámara de Diputados de la Nación.

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En el Palacio de Hacienda salieron al cruce de la situación al sostener que se enviaron los fondos en tiempo y forma y que quienes no paguen los salarios es por responsabilidad propia.

Tras la exclusión del capítulo fiscal de la Ley Ómnibus el gobierno también retiró el proyecto de reversión del impuesto a las Ganancias para los asalariados. En consecuencia, se cayó otra herramienta para mejorar las cuentas provinciales en lo inmediato.

Francos dijo que el tema fiscal de las provincias “se discutirá más adelante” pero los números muestran que no sobra el tiempo.