En medio de las negociaciones paritarias del sector de comercio, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) encendió la alarma sobre lo que denomina “costos ocultos” incluidos en los convenios colectivos.
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas pidió a la Secretaría de Trabajo que no homologue el nuevo acuerdo si hay aportes obligatorios.
En medio de las negociaciones paritarias del sector de comercio, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) encendió la alarma sobre lo que denomina “costos ocultos” incluidos en los convenios colectivos.
A través de un fuerte reclamo, exigió a la Secretaría de Trabajo que no homologue el nuevo acuerdo si se mantienen aportes obligatorios que, según denuncian, benefician a gremios y cámaras empresarias antes que a los trabajadores.
“Queremos discutir salarios reales, no seguir financiando estructuras gremiales empresarias, sindicales y seguros elegidos por ellos”, expresaron desde Cadam. Argumentan que estos cargos adicionales distorsionan el verdadero monto salarial, afectan la competitividad del sector y terminan trasladándose a los precios finales que paga el consumidor.
El reclamo tiene especial relevancia dado que se trata de la paritaria más grande del país, que podría alcanzar a 1,2 millones de empleados. La entidad empresaria cuestiona en particular cuatro aportes obligatorios:
Contribución por COVID-19 a OSECAC: establecida en 2021, en plena pandemia, con un monto de $5.500 por empleado, se continúa cobrando aún cuando, según CADAM, ya no tiene justificación sanitaria.
Aporte al INACAP: representa el 0,5% del salario (unos $4.725,02) y se destina al Instituto Argentino de Capacitación Profesional, aunque muchos empleados nunca acceden a esas capacitaciones. “Hablan de formación, pero el fondo sostiene cámaras empresarias”, acusaron.
Seguro de retiro La Estrella: obligatorio desde 1993, implica un 2,5% del salario, sin opción de elegir otro seguro. El 50% se deposita a nombre del trabajador, mientras que el resto financia el sistema solidario. “Treinta y tres años pagando este seguro, y claramente el principal beneficiado no es el trabajador”, sentenciaron.
Aportes sindicales compulsivos: incluso para empleados no afiliados, se descuenta el 0,5% del salario, además de otros adicionales según la zona.
Desde CADAM propusieron que todos estos aportes se integren directamente al salario del trabajador, quien podría decidir en qué destinarlos. “Queremos transparencia. No podemos seguir sosteniendo aportes que no se rinden públicamente ni se traducen en beneficios concretos para los empleados”, afirmaron.
Uno de los focos más sensibles del conflicto es el aporte al INACAP, declarado voluntario por el Decreto 149/2025. Sin embargo, el sitio web del instituto aún sostiene que es obligatorio, apoyándose en una medida judicial que solo rige para los partidos bonaerenses de Avellaneda y Lanús. Esta ambigüedad, según CADAM, genera “confusión deliberada” para continuar cobrando fondos millonarios.
“La comunicación del INACAP induce al error, omitiendo que el fallo judicial tiene efectos locales y no nacionales”, denunciaron. Por ese motivo, la cámara empresaria envió una carta documento para exigir la corrección inmediata de la información publicada en el portal del organismo.
De mantenerse los aportes como hasta ahora, calculan que el instituto podría recaudar más de $70.000 millones anuales con el pretexto de brindar capacitación, pero sin control ni auditoría pública.
Por último, desde CADAM solicitaron al Congreso celeridad en el tratamiento legislativo de estos temas. En particular, pidieron a la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados que avance con un dictamen que impida que estos “costos ocultos” se perpetúen en futuras negociaciones paritarias.
“Es tiempo de transparentar las relaciones laborales y de terminar con privilegios que distorsionan el salario y encarecen el sistema productivo argentino”, concluyeron.