Un decreto del Gobierno nacional estableció que el pago debe ser voluntario. Desde las entidades temen que no vaya a haber financiamiento.
El Gobierno nacional decretó que las empresas no tienen que pagar de modo obligatorio contribuciones a las cámaras.
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El Gobierno nacional decretó que las convenciones colectivas de trabajo no podrán imponer “aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a cargo de no asociados o afiliados a dichas entidades, salvo que estos últimos las acepten voluntariamente”. Esta medida fue apoyada por algunas organizaciones del sector de comercio, pero hay dudas sobre su extensión a otras actividades, como la vitivinicultura.
Hoy fue publicado en el Boletín Oficial el decreto 149/2025, que establece que la imposición o aceptación “podrá ser revocada libremente, y en cualquier oportunidad, mediante simple comunicación fehaciente a la entidad correspondiente”.
También fija que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del Ministerio de Capital Humano, no homologará ni registrará convenios o acuerdos colectivos que contradigan esto. La medida entrará en vigencia en 90 días desde su publicación (el 5 de junio).
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, resaltó, en una publicación en X, que “en el modelo de la casta, tanto empresarios (no todos) como gremialistas, han logrado ir ‘colando’ otras contribuciones para fines totalmente ajenos al objeto de la negociación salarial. Así, fueron incorporando cargas obligatorias para financiar asociaciones empresarias, ‘institutos de capacitación’ y demás objetos variopintos que empezaron a operar como verdaderos ‘impuestos privados’”.
“La Ley 14.250 regula los convenios colectivos como instrumentos destinados exclusivamente a fijar condiciones de trabajo. Pensar que pueden ser usados para permitir la imposición de contribuciones obligatorias vulnera el principio constitucional de libertad de asociación, ya que impone cargas económicas a sujetos que no han elegido voluntariamente participar de esas entidades”, planteó.
Mencionó que el decreto surgió de los muchos pedidos de ayuda de empresas y comercios. En particular, dio como ejemplo el caso de los empleados de comercio, en el que las contribuciones alcanzan los $6 mil millones al mes. Desde la CAC (Cámara Argentina de Comercio y Servicios) emitieron un comunicado en el que plantean que las cifras de recaudación son "significativamente inferiores" y resaltaron que el aporte no lo realiza el trabajador, sino el empresario, por lo que no va a redundar en un aumento salarial.
Sumaron que "respecto al uso de los recursos del Inacap, desde su puesta en funcionamiento en el año 2008, el esquema ha permitido la capacitación de más de 8 millones de personas a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, atendiendo a las necesidades particulares de las diversas ramas de la actividad y de las distintas zonas geográficas". Y aclararon que también cumple otras funciones institucionales, como promoción y fortalecimiento.
Verónica Barbisán, integrante de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados, explicó que, en una actividad determinada, existe un sindicato que representa a los trabajadores y cámaras que hacen lo mismo con los empresarios. Y que, así como los empleados tienen la libertad de afiliarse (o no), los empleadores deben tener la misma posibilidad de elegir si desean o no aportar a una entidad.
La abogada destacó que el decreto es muy claro en esto, cuando en los considerandos establece que “la imposición de contribuciones obligatorias en favor de las cámaras o grupo de empleadores signatarias del Convenio Colectivo de Trabajo, a cargo de empleadores no asociados ni agrupados en ellas, afecta la autonomía convencional, la libertad de contratación y de afiliación de los empleadores y vulnera los principios constitucionales de legalidad y representatividad”.
Adolfo Trípodi, vicepresidente de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys) y ex presidente de la FEM (Federación Económica de Mendoza), explicó que el sector tiene una contribución obligatoria, que emana del convenio colectivo y los empleadores mercantiles deben pagar a un ente nacional, el Inacap (Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio), unos $4 mil por trabajador.
Explicó que, como hay 1.200.000 empleados de comercio en todo el país, este importe da como resultado una suma muy importante. La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), una de las que más insistió en que el aporte sea voluntario, detalló que, este mes, la suma se eleva a $ 4.725 por cada trabajador (se va actualizando por paritaria), lo que representa una recaudación mensual de más de $5.600 millones y anual de $70.000 millones.
El Inacap debe destinar esa recaudación a capacitaciones para el sector mercantil. Sin embargo, la administran, en partes iguales, la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) y la CAC (Cámara Argentina de Comercio y Servicios). Y éstas lo distribuyen a las entidades asociadas en cada provincia: en Mendoza, la FEM y la UCIM, respectivamente, pero también las cámaras territoriales.
Trípodi explicó que este aporte se ideó con el objetivo de generar fondos para que las pequeñas cámaras en todo el país tuvieran fondos para sostener su actividad y que cumplió con ese objetivo. Pero que, con el tiempo, se transformó en un monto demasiado importante. Estimó que, a partir de ahora, AFIP dejará de tomar esa parte en forma automática cuando los empleadores pagan el formulario 931 y que las entidades deberán sostenerse con socios interesados en la vida institucional.
Daniel Ariosto, presidente de la UCIM (Unión Comercial e Industrial de Mendoza), señaló que esos fondos que se recaudaban estaban destinados exclusivamente a capacitación. Expresó que, en los últimos tres años, la entidad que preside ha brindado cursos y jornadas a unos 77 mil jóvenes, lo que implica dar posibilidades de que puedan acceder a un trabajo.
“Me extraña que se haya eliminado esa parte educativa, porque es algo muy delicado”, lanzó. Y añadió que se trataba de un aporte chico que hacían las empresas y que, si bien se convertía en un monto total importante, se repartía entre cámaras de todo el país. “Estamos asombrados de una decisión así, sin que se haya averiguado en qué se gasta el dinero”, sumó.
Una pregunta que surge del decreto es si su aplicación puede extenderse a la vitivinicultura; específicamente al financiamiento de la Coviar (Corporativa Vitivinícola Argentina). La entidad se sostiene con el aporte, también obligatorio, de las bodegas de todo el país. Se trata de un monto que deben pagar por cada litro de vino o mosto que elaboran y que se modifica por resolución.
Desde el sector se han planteado objeciones a esta obligatoriedad, en particular desde que no se alcanzaron los objetivos del Plan Estratégico Vitivinícola 2020 y se delinearon otros para el PEVI 2030; aunque desde ciertas entidades se considera que es importante que se sostenga.
Un representante de una organización vitivinícola consideró, de modo preliminar, que la corporación quedaría excluida del decreto y citó un fragmento de la publicación de Sturzenegger en la que señala que “la creación de cargas patrimoniales sólo puede surgir de una norma con rango de ley y no de un acuerdo entre partes privadas que se hace extensivo a terceros sin su consentimiento”. Es que el financiamiento de Coviar está fijado por ley.
De todos modos, planteó que el Gobierno nacional se está metiendo en algo definido por acuerdo entre privados y que rige para muchas actividades, como la gastronomía o el expendio de combustibles, y que capta el sector empresario, no los sindicatos.
Resaltó que se trata de una contribución que tiene como finalidad lograr que colaboren aquellos que no pagan una cuota voluntaria para sostener las entidades que participan en la negociación de convenios colectivos o representan al sector cuando se implementan medidas que modifican las relaciones laborales, aspectos comerciales, tributarios, etc. “Nunca pagan una cuota, pero terminan usufructuando ese esfuerzo”, lanzó.
