ARCA elevó los montos del Régimen General de información y redujo obligaciones sobre transferencias para empresas que no alcanzan los nuevos umbrales.
La actualización de ARCA cambia el alcance del control sobre precios de transferencia en Argentina.
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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una actualización profunda del Régimen General de información sobre precios de transferencias que impacta de lleno en las empresas que operan en Argentina. La decisión llegó en pleno cierre del año fiscal y tomó por sorpresa a departamentos contables y áreas impositivas que ya trabajaban bajo fuerte presión.
El cambio apunta a corregir distorsiones generadas por la inflación y a reducir cargas administrativas que habían perdido sentido económico, especialmente para pymes y compañías medianas obligadas a cumplir exigencias pensadas para grandes grupos internacionales.
La modificación del Régimen General de información responde a una redefinición del enfoque de control fiscal sobre las transferencias entre empresas vinculadas. Desde ARCA explicaron que la medida busca “modernizar la fiscalización y concentrar los recursos del Estado en los casos que representan un riesgo real para la recaudación”.
Hasta ahora, el régimen alcanzaba a empresas con ingresos muy bajos en términos reales, lo que generaba una obligación casi automática de presentar el formulario F. 2668. Según indicaron desde el organismo, ese esquema “había quedado totalmente desfasado por la inflación y obligaba a cumplir con requisitos costosos que no aportaban valor al control tributario”.
Con la actualización, el piso de facturación anual se eleva a 1.500 millones de pesos, dejando fuera del Régimen General de información a un amplio universo de compañías. Desde ARCA remarcaron que el objetivo es “dejar de exigir información irrelevante y focalizar el análisis en los verdaderos grandes jugadores”, redefiniendo así la lógica del control sobre precios de transferencia en Argentina.
El impacto de la medida va más allá de un simple ajuste numérico. La suba de los umbrales cambia la relación cotidiana entre las empresas y el fisco, ya que reduce de forma concreta la carga operativa asociada al cumplimiento del régimen de transferencias. Menos reportes, menos estudios técnicos obligatorios y menor riesgo de sanciones formales aparecen como efectos inmediatos.
Para contadores y gerentes financieros, la actualización implica liberar tiempo y recursos que antes se destinaban casi exclusivamente a cumplir con exigencias formales. En un contexto económico ajustado, el ahorro en honorarios profesionales y en horas de trabajo interno representa un alivio tangible.
Además, la redefinición de los montos para el Estudio de Precios de Transferencia y la limitación del Informe Maestro a grupos de gran escala consolidan un esquema más racional. Las pymes con operaciones internacionales dejan de quedar atrapadas en normas pensadas para multinacionales, mientras que ARCA concentra su control en operaciones de mayor volumen y complejidad.
En conjunto, la actualización del Régimen General de información marca un cambio de etapa en la fiscalización de transferencias en Argentina, con una señal clara hacia el sector productivo: menos burocracia, más foco en la actividad real y un sistema tributario más alineado con la escala actual de la economía.
