Juan Pazo, director de Arca, se reunió con la Mesa de la Producción y el Empleo en Mendoza para presentar las nuevas herramientas para captar dólares.
El titular de ARCA explicó las nuevas medidas a los empresarios mendocinos
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Los Andes El empresario Mauricio Badaloni durante la presentación ante funcionarios nacionales de Mesa de la Producción y el Empleo de Mendoza.
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El gobierno nacional está a la caza de los dólares que los argentinos tienen fuera del sistema y con ese objetivo arribaron a Mendoza funcionarios nacionales, entre ellos, el titutar de Arca Juan Pazo. La puesta en marcha del régimen simplificado de Ganancias y el proyecto de Ley de principio de Inocencia fiscal son algunas de las herramientas que están impulsando para lograr generar incentivos que permitan en el ingreso de esos ahorros al sistema.
En ese contexto, la reunión del lunes con la Mesa de la Producción y el Empleo resultó el escenario ideal para presentar las nuevas propuestas. Participaron por el Ejecutivo nacional Juan Pazo, director ejecutivo de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (ARCA); Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Ministerio del Interior; Andrés Velis, director general de Aduanas; Luis Pierrini, secretario de Transporte; y Agustín Rojo, subdirector general institucional de ARCA.
Aunque los empresarios valoraron positivamente el encuentro, persisten dudas sobre algunos aspectos clave de la implementación.
“Es un dato que a veces desde el sector privado no se valora lo suficiente: que el Estado venga a Mendoza, que se genere un diálogo con cámaras que representan realidades muy distintas entre sí, y que podamos tener ese cara a cara que tantas veces reclamamos”, subrayó Mauricio Badaloni, empresario y miembro titular de la UIA. Y agregó: “Yo esto lo destaco sinceramente”.
Según Badaloni, los funcionarios fueron “muy claros en que están generando incentivos para promover la formalidad”, pero advirtió sobre un posible efecto no deseado: “Es importante evitar que quienes no cumplieron terminen beneficiados frente a quienes sí hicieron el esfuerzo de estar al día. No es menor que hoy haya empresas que, para financiar impuestos, prefieran colocar el dinero en un plazo fijo porque les resulta más rentable”.
Por su parte, Matías Díaz Telli, presidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), explicó: “Desde la Mesa de Producción y Empleo habíamos preparado previamente un documento que verbalizamos en la reunión, a través de Mario Comella, con consultas y sugerencias tanto sobre el proyecto que se está discutiendo como sobre el funcionamiento general de ARCA y la política tributaria”.
Díaz Telli destacó además la predisposición de los funcionarios: “Tomaron nota de los planteos y anticiparon que en las próximas semanas habrá novedades normativas”. Y valoró la calidad del intercambio: “Cuando el funcionario habla el mismo idioma que el empresario y se busca mejorar los procedimientos y el funcionamiento del sistema, el diálogo siempre es positivo”.
Uno de los puntos que más preocupa a los equipos técnicos de las cámaras empresarias es que en la redacción actual del proyecto de ley, los beneficios del Régimen simplificado de Ganancias caerían en caso de presentación fuera de término de las declaraciones juradas. La norma establece que cualquier presentación extemporánea implicaría automáticamente la pérdida de los beneficios fiscales, sin contemplar situaciones habituales en la práctica.
Las cámaras empresarias argumentan que en numerosas ocasiones las demoras en la presentación no son atribuibles a mala fe ni a negligencia profesional, sino a dificultades operativas cotidianas, como la falta de información a tiempo por parte del contribuyente o problemas en la operatividad de los sistemas del ARCA (por ejemplo, caída del sistema). En muchos casos, las declaraciones pueden demorarse uno o dos días por estos motivos, y no debería considerarse proporcional que esto derive en la exclusión del régimen y la pérdida total de beneficios.
Proponen que la norma contemple un criterio más flexible, diferenciando entre demoras menores y situaciones en las que efectivamente exista un requerimiento formal de la autoridad fiscal incumplido. De lo contrario, se corre el riesgo de generar inseguridad jurídica y penalizar desproporcionadamente conductas que no son dolosas.
La segunda gran objeción gira en torno a la causal de pérdida de beneficios cuando se detectan facturas apócrifas en las declaraciones del contribuyente. Según el proyecto, la mera detección de una factura de este tipo implicaría la pérdida automática de los beneficios, sin distinguir si al momento de recibir la factura el proveedor figuraba como legítimo en las bases oficiales.
Desde las cámaras señalan que este es un problema de larga data: es frecuente que un proveedor sea considerado válido cuando se emite y registra la factura, y que años después la AFIP lo declare apócrifo con carácter retroactivo. Esto coloca al contribuyente en una situación de indefensión, ya que no pudo prever ni evitar el problema en su momento.
Las cámaras empresarias sostienen que la norma debería establecer que solo se consideren perjudiciales las facturas recibidas luego de que el proveedor haya sido formalmente incluido en la base de datos de contribuyentes apócrifos.
Uno de los puntos planteados por el empresariado fue la necesidad de que las sanciones tributarias tengan en cuenta la capacidad contributiva y la dimensión de las empresas. Se sugirió establecer criterios diferenciados entre pequeñas y grandes empresas, para evitar que los sectores más vulnerables del entramado productivo enfrenten una carga desproporcionada.
Desde la Nación admitieron la necesidad de avanzar con una “política de shock”, es decir, con cambios rápidos y definitivos que generen incentivos concretos al cumplimiento tributario y permitan salir de esquemas graduales que generan incertidumbre.
“Ellos no creen en el gradualismo. La decisión es avanzar con un enfoque de shock en materia fiscal y laboral, y en ese camino se está trabajando”, relató Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi).
El dirigente vitivinícola remarcó que durante la reunión se realizaron consultas y se ofrecieron sugerencias al proyecto de ley que ARCA impulsa en el Congreso, así como a las iniciativas complementarias que el Gobierno prevé presentar próximamente.
Por otra parte, las cámaras empresarias insistieron en la necesidad de una reforma tributaria integral que permita homogeneizar la carga impositiva y crear un ambiente de negocios más competitivo. También se planteó avanzar en procesos de desregulación que faciliten el comercio y las exportaciones, con especial foco en la relación comercial con Chile y la apertura a otros mercados.
Leticia Marchetti de Colsa SRL, empresa de servicios y tecnología innovadora en logística, valoró el encuentro como “muy positivo”.
“Se ven definiciones y acciones de rápida implementación que buscan dar certeza sobre aspectos fiscales y penales. Se simplifican procedimientos y se generan estímulos para que los contribuyentes cumplan en tiempo y forma. También se apunta a que más ciudadanos salgan de la informalidad, logrando un sistema con más contribuyentes cumplidores y una menor presión fiscal individual”, señaló.
Otro eje relevante del encuentro fue la operatoria aduanera, especialmente en el contexto del intercambio bilateral con Chile. Los empresarios ratificaron la importancia de la reciente creación de la Dirección Regional de Aduanas en Mendoza, que acerca la gestión a las necesidades locales.
Al mismo tiempo, se insistió en la necesidad de contar con atención aduanera permanente, las 24 horas, los siete días de la semana, en el paso fronterizo Cristo Redentor, para agilizar el flujo de mercancías.
En este sentido, el director general de Aduanas, Andrés Velis, expuso los avances alcanzados y las herramientas en proceso de implementación. Destacó el nuevo régimen Exporta Simple, diseñado para facilitar la internacionalización de pequeñas y medianas empresas, y mencionó que ya se están organizando instancias de capacitación para que las empresas mendocinas puedan aprovechar este instrumento.
Velis también subrayó las mejoras en la operatoria Courier, que permitirán dinamizar el comercio electrónico transfronterizo, y resaltó los avances obtenidos gracias a la articulación con el Ministerio de Producción de Mendoza.
Para los representantes de las cámaras el balance fue positivo. “El diálogo fue bueno. Cuando las dos partes pueden plantear sus objetivos y encontrar puntos de acuerdo en procedimientos que beneficien a ambas, el resultado es constructivo”, sintetizó Díaz Telli.
En la misma línea, Ruggeri consideró que “queda claro que el Gobierno apuesta a medidas rápidas y a avanzar con reformas que afecten tanto el ámbito fiscal como el laboral. La clave será ver cómo se implementan y si generan el entorno que el sector privado necesita”.
Por su parte, Marchetti remarcó la importancia de la apertura mostrada por los funcionarios: “Fue muy valorado que hayan escuchado en directo las inquietudes del empresariado mendocino. Esperamos que este tipo de instancias se repitan y que el trabajo conjunto siga avanzando”.