El funcionario habló con Los Andes del nuevo régimen simplificado de Ganancias y las mejoras en la Aduana.
Juan Pazo titular de Arca en Mendoza.
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Con el objetivo puesto en buscar los dólares que los argentinos “guardan en el colchón”, el Gobierno nacional puso en marcha una serie de medidas para facilitar la formalización en la economía. El eje es el nuevo régimen simplificado de Ganancias y un paquete de reformas que apunta a “darle libertad al ciudadano para disponer de su ahorro genuino sin persecución penal”, según explicó Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
En diálogo con Los Andes, Pazo detalló que la primera señal positiva ha sido la alta adhesión al régimen por parte de las provincias. “La primera sensación que tenemos es que hay un amplio volumen de adhesión de gobernadores, no solo al régimen simplificado de Ganancias, sino también a la ley que estamos presentando en el Congreso, que llamamos de principio de inocencia fiscal”, afirmó.
La iniciativa contempla una suba de los umbrales de la ley penal tributaria, lo que reducirá drásticamente la cantidad de causas judiciales por presunta evasión. “Los umbrales pasan de $1.500.000 a $100 millones en casos simples y de $15 millones a $1.000 millones en casos agravados. De unas 7.000 causas en curso, quedarían apenas 200 en el fuero penal tributario”, explicó.
Además, se reducirá el plazo de prescripción de 5 a 3 años para contribuyentes cumplidores, y se establecerá que las diferencias impositivas puedan resolverse mediante el pago correspondiente, sin necesidad de procesos penales.
Según Pazo, si ARCA predetermina el impuesto sobre la base de la facturación y los gastos deducibles del contribuyente, “el pago tendrá efecto liberatorio. Es decir, no se le volverá a revisar a ese contribuyente ninguna de sus situaciones fiscales pasadas. Eso le genera un tapón fiscal”.
Consultado sobre el volumen de dólares que podrían ingresar a la economía formal gracias a esta flexibilización, Pazo prefirió no arriesgar cifras. “No hay una estimación precisa. Creo que se subestima lo que significa el nuevo régimen simplificado de Ganancias y las medidas adoptadas el 22 de mayo, como la derogación de regímenes de información y la suba de umbrales. Es un cambio de paradigma”, sostuvo.
Según el titular de ARCA, el impacto potencial depende de la confianza que genere el gobierno. “Si miramos lo que nos dejó el sistema anterior —sobre regulación, falta de moneda, hiperinflación, cepo, penalidades— el resultado fue 50% de informalidad y entre 5 y 10 bases monetarias fuera del sistema. Estamos en una de las peores situaciones del mundo junto con Venezuela. Por eso tenemos que probar algo distinto”, señaló.
En ese sentido, Pazo se mostró optimista: “Lo que escucho de cámaras empresariales, mesas de enlace, entidades rurales y ciudadanos es que hoy sienten que podrán comprarse una moto, un auto, una propiedad, consumir sin temor a ser perseguidos”.
El funcionario también remarcó que este proceso permitirá fortalecer la recaudación. “Cuando la gente vuelca su ahorro al sistema, se recauda más: se paga IVA, Ingresos Brutos, tasas municipales, Rentas. Y esos fondos que ingresan al sistema formal suelen quedarse y operar allí, contribuyendo a la formalización paulatina de la economía”, explicó.
En marzo Pazo, junto con Cornejo anunciaron la reapertura de la Dirección Regional Aduanera Cuyo, con sede en Mendoza. “Es increíble que se haya cerrado. Teníamos la Aduana de Mendoza operando desde Córdoba, una provincia sin paso fronterizo. Se tomaban decisiones sobre uno de los corredores más importantes del país sin conocimiento local”, criticó Pazo.
La reapertura, destacó, no implicó mayores costos ni más personal. “Con la misma gente y los mismos recursos optimizamos la operación. La Aduana debe ser un organismo que facilite el comercio exterior, y no hay mejor manera que poner los recursos donde realmente valen la pena. Mendoza es claramente uno de los cuatro pasos fronterizos clave de la Argentina”, afirmó.
Finalmente, Pazo reconoció que el desafío es también cultural. “Después de años de mala administración, devaluaciones y prohibiciones, muchos argentinos prefieren guardar su dinero aunque pierdan poder adquisitivo. Es una batalla cultural que debemos dar con incentivos, no con persecución”, concluyó.