La ley de transparencia fiscal estableció la obligación desde el 1 de enero para las grandes empresas y la extendió al 1 de abril para las demás.
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Desde el 1 de enero, las facturas y tickets de las grandes empresas empezaron a mostrar cuál es el impacto del IVA en el monto final que pagan los consumidores. ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) había establecido que las pymes tenían plazo para hacer lo mismo hasta el 1 de abril, por lo que, a partir de hoy, todos los comprobantes de pago deberán discriminar este impuesto.
La Resolución General 5614/24 tuvo como finalidad que los consumidores conozcan el impacto de los impuestos en las operaciones y que puedan contar con información para tomar sus decisiones comerciales con plena libertad.
La normativa rige para los impuestos nacionales -IVA y otros impuestos nacionales indirectos que inciden en los precios que pagan los consumidores finales-, pero también invita a las provincias y municipios a adherir, para que los tickets y facturas también muestren la incidencia de los impuestos provinciales y tasas municipales.
Cada ticket o factura llevará la leyenda “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27.743”. Los consumidores podrán observar en sus facturas un apartado específico donde se detalla el monto de IVA incluido en el precio final y, de corresponder, otros impuestos nacionales indirectos (solo internos).
Desde ARCA se aclaró que los monotributistas no están obligados a cumplir con esto, ya que la medida no incluye a los contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado.
Quienes no cumplan con la obligación estarán sujetos a la sanción de clausura de 2 a 6 días del establecimiento, según lo dispuesto la Ley de Procedimientos Fiscales.
Desde la asociación civil Lógica resaltaron que quienes realicen ventas a consumidores finales deberán indicar dos precios, tanto en las publicidades como en su exhibición en comercios (por ejemplo, en góndolas), por el precio final y el precio neto, sin la incidencia del IVA y de los demás impuestos nacionales indirectos que impacten en los precios. Este último debe mostrarse en letra menor a la del precio final, con la leyenda “precio sin impuestos nacionales”.
El presidente de Lógica, Matías Olivero Vila, sostiene que “la falta de conciencia fiscal de la sociedad, causada por un régimen que sistemáticamente ocultó los impuestos, llevó a que la ciudadanía no exigiera a los políticos una conducta responsable en el gasto y en los tributos que pesan en la vida cotidiana, en general más del 40% del precio final. Esto ha sido funcional a que terminemos con los impuestos e inflación más altos del mundo".
"Con este régimen se terminan 50 años de la vergonzosa prohibición de mostrar el IVA al consumidor y del ocultamiento de los demás impuestos a lo largo de la cadena productiva. El saber los tributos que soportamos nos empoderará para exigir impuestos y gastos públicos lógicos, también a exigir servicios acordes del Estado. Y probablemente el ciudadano lo tomará en cuenta para su voto en la oferta electoral de este año”, planteó.
El Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor fue impulsado por Lógica, ONG apartidaria dedicada a generar conciencia fiscal en la sociedad. En 2023, esta entidad les propuso a los candidatos presidenciales un compromiso de impulsar este régimen, firmado por Javier Milei (también por Patricia Bullrich y Juan Schiaretti), quien ya como presidente lo honró en la ley 27.743 de Medidas Fiscales.
En esta ley se invitó a las provincias a adherirse al régimen, para también visibilizar ingresos brutos y tasas municipales. Aunque no se preveía un plazo, era esperable que lo hicieran para el 1 de abril, para la plena y uniforme aplicación del régimen. "Sin embargo, los dos renglones para los tributos provinciales y municipales en el ticket permanecerán por ahora vacíos porque ninguna provincia llegó a tiempo a adherirse, aunque hay un par que están a punto de hacerlo", indicaron desde la entidad.
El 16 de enero Lógica les envió una carta a los 24 gobernadores recordándoles el plazo del 1 de abril y con dos preguntas: si va a impulsar la adhesión a este régimen y si aplicará sanciones a los comercios que voluntariamente informen los tributos locales mientras no se haya adherido. CABA, Chubut, Entre Ríos, Mendoza y Misiones son las primeras que la contestaron declarando que sí se adherirán y que no aplicarán sanciones.
El 17 de marzo, se envió una segunda carta a los otros 19 gobernadores, informándoles que continúa a la espera de la respuesta y que estará lanzando acciones de comunicación que destacarán las provincias que hayan adherido al régimen como también las que no lo hagan. Sería inminente la adhesión de Chubut y Entre Ríos, vía leyes provinciales. En otras seis provincias se presentaron nueve proyectos de ley de adhesión, todos por la oposición de cada provincia, el primero de ellos en enero de 2024 (Río Negro).
Agrega Olivero que “la reticencia general de las provincias a adherirse no es admisible. Ingresos brutos y tasas municipales son los tributos más ocultos, los consumidores no tienen idea que los están soportando. Esta no es como la invitación del RIGI o blanqueo, donde las provincias ponen en juego su recaudación, por lo que bien pueden rechazarla. En este caso es sólo información. Desde Lógica sostenemos que las provincias están obligadas a adherirse por dos mandatos del artículo 42 de la Constitución Nacional. Es una invitación-exhortación. Las provincias tuvieron más de nueve meses para adherirse. Incluso lo pueden hacer en un día, vía decreto provincial, porque no están modificando impuestos. No hay razón para estar dejando estos dos renglones vacíos en los tickets. Debemos exigir estas adhesiones desde todos los sectores de la sociedad civil.”