Mendoza fue una de las cinco provincias que respondió a Fundación Lógica que tienen planeado implementar el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.
Desde el 1 de enero, las facturas y tickets de las grandes empresas discriminan cuánto dinero representa el IVA en el total a pagar, mientras que las restantes deberán hacerlo a partir del 1 de abril. En una segunda etapa, está previsto que provincias y municipios hagan lo mismo con los tributos locales. El Ministerio de Hacienda de Mendoza está analizando su implementación con Ingresos Brutos.
A mediados de enero, Lógica, una asociación civil dedicada a promover la conciencia fiscal en la sociedad, envió una carta a los gobernadores de las 24 provincias para preguntar si iban a adherirse a la Transparencia Fiscal al Consumidor y si, mientras tanto, aplicarían sanciones a los comercios que, voluntariamente, expongan los tributos locales.
El ministro de Hacienda de la provincia, Víctor Fayad, envió su respuesta. “El Gobierno de Mendoza comparte el espíritu perseguido con la sanción de este régimen, reconociendo que las medidas de transparencia activa promueven la confianza en los gobiernos y mejoran el vínculo entre los intereses del Estado y los de la ciudadanía”, expresó.
Informó que están analizando la instrumentación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor a nivel local. “Consideramos importante debatir y diseñar, en conjunto con el resto de las jurisdicciones provinciales, la metodología para discriminar el impuesto a los ingresos brutos, así como consultar al sector privado respecto de los costos que conllevaría la adecuación de los diferentes sistemas de emisión de comprobantes para su implementación”, detalló.
Fayad aseguró, además, que no tienen previsto aplicar sanciones a aquellos comercios que, voluntariamente, informen los tributos locales a los consumidores finales.
Matías Olivero Vila, presidente de Lógica, informó que son cinco las jurisdicciones que se comprometieron a adherir y plantearon que no sancionarán a los comerciantes que decidan hacerlo por cuenta propia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Chubut, Entre Ríos, Mendoza y Misiones.
“Con la sanción de este régimen se terminaron 50 años de la inaceptable prohibición de mostrar los impuestos al consumidor. Y con la adhesión de las provincias se visibilizarán los impuestos más ocultos, ingresos brutos y tasas municipales, de los cuales los consumidores en general no tienen idea que los están soportando”, celebró.
La instrumentación del régimen es relativamente sencilla en el caso del IVA, ya que este impuesto se aplica al consumidor final. Sin embargo, con Ingresos Brutos resulta más complejo, porque se va aplicando en cada uno de los eslabones de la cadena.
Por eso, hay quienes consideran que incluir el impacto de este impuesto provincial en los tickets y facturas puede ser contraproducente. Es que, si sólo se explicita la alícuota que paga el comercio vendedor, se “esconde” el peso que este tributo va teniendo en el precio final, por aplicarse en cada etapa productiva.
Pero Olivero Vila explica que han propuesto que el régimen de transparencia fiscal se implemente como se hizo en Brasil, donde hay un agente de cálculo, designado oficialmente, que analiza cuál es la incidencia de los impuestos en los distintos eslabones. Resaltó que se trata de una estimación aproximada, no exacta, pero que lo importante no es la exactitud, sino generar conciencia fiscal y que el consumidor sepa que los impuestos no son sólo el 21% del IVA, sino bastante más.
Detalló que el agente de cálculo brasilero estima la incidencia de los tributos nacionales, provinciales y municipales en los tickets de consumo, de acuerdo con la actividad. Y presenta cuadros por rubro y tamaño de la empresa, con los porcentajes que aplica cada jurisdicción a lo largo de toda la cadena.
Olivero Vila estimó probable que, en un principio, si las provincias y municipios adhieren, se detalle la alícuota de Ingresos Brutos y tasas municipales del último eslabón y que, cuando se avance en el régimen, se designe un agente de cálculo, de modo similar a Brasil.
Desde Lógica interpretan que las provincias podrían adherir al Régimen de Transparencia Fiscal a través de un decreto y que no sería necesaria una ley, porque no se trata en sí de una modificación impositiva. Sin embargo, ya hay en Mendoza una iniciativa.
El diputado provincial Guillermo Mosso (PRO) comentó que tiene un proyecto de adhesión, elaborado desde fines del año pasado; antes de que se reglamentara la ley nacional. Sin embargo, no ha podido presentarlo porque se encuentran en el período de sesiones extraordinarias, lo que implica que, hasta el 1 de mayo, sólo se pueden tratar iniciativas del Ejecutivo provincial.
Por eso, detalló que ha puesto a disposición del Ministerio de Hacienda su propuesta de adhesión y de invitación a los municipios a hacer lo mismo (como Nación hizo con las provincias en la ley 27.743), para que el Ejecutivo cuente con un elemento más si decide ponerlo en práctica.
Mosso coincidió en que hay cuestiones vinculadas con la implementación del régimen que se tienen que analizar, para que refleje el impacto real. “Es el problema de un impuesto distorsivo como Ingresos Brutos”, lanzó.
Sumó que sería importante acordar en todo el país la manera de mostrar los impuestos provinciales y las tasas municipales, para que haya bases homogéneas de comparación entre distintas jurisdicciones y se puedan diferenciar las localidades que son “pro-producción” y que no castigan a la cadena de valor (por el efecto cascada).
Mosso recordó que Mendoza comenzó a recorrer el sendero de baja de alícuotas, pero el problema es que el principal ingreso que tienen las provincias es la recaudación de Ingresos Brutos. Una alternativa que se viene debatiendo es la posibilidad de provincializar el IVA, para que ese tributo quede en las provincias (y se aplique en la última venta), y que lo recaudado por Ganancias quede para el Gobierno nacional, sin coparticipación. Agregó que hay varios anteproyectos y trabajos técnicos en este sentido.