Si bien la ley nacional "invita" a las provincias y municipios a adherir, desde la asociación civil Lógica señalan que la Constitución establece este derecho del consumidor.
Desde el 1 de enero, las grandes empresas comenzaron a discriminar el IVA y los impuestos internos en las facturas y los tickets. Las restantes tienen tiempo para hacer lo mismo hasta el 1 de abril. Sin embargo, Lógica, una asociación civil dedicada a promover la conciencia fiscal en la sociedad, demanda que también se incluya el detalle de los impuestos provinciales y tasas municipales.
En junio del año pasado se aprobó la Ley de Transparencia Tributaria, que fue reglamentada en diciembre, y facilita al consumidor entender cuánto del importe total que está pagando corresponde a impuestos. La normativa nacional (27.743), en uno de sus artículos (el 99), invita a las provincias y municipios a imitar esta iniciativa, con Ingresos Brutos y los tributos municipales que tienen incidencia en la formación del precio de bienes, locaciones y prestaciones de servicios.
El presidente de Lógica, Matías Olivero Vila, detalló que a mediados de enero enviaron una carta a cada gobernador, incluido el de Mendoza, Alfredo Cornejo, para consultarles si van a impulsar o decidir la adhesión de la provincia al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor. Esto, explicó, porque como no crea ni elimina tributos, no se trata de una ley propiamente fiscal y puede ser implementado tanto a través de una ley como de un decreto.
También solicita que le detallen si, en caso de no adherir (al menos por el momento), tienen previsto aplicar sanciones a los comercios que, por iniciativa propia, informen dichos tributos locales a los consumidores. Olivero Vila mencionó que, por ejemplo, las estaciones de servicio, no sólo comenzaron a discriminar IVA e impuestos internos -como fija la ley-, sino también los que se aplican específicamente a los combustibles.
En la carta de Lógica informan a los gobernadores que hay tiempo para responder hasta el 1 de marzo y que, a partir de esa fecha, darán a conocer cuáles fueron las provincias que respondieron (y las que no). El plazo responde a que, a partir del 1 de abril, el régimen, que por ahora se aplica sólo a las grandes empresas, será obligatorio para todos los comercios del país que realicen ventas a consumidores finales.
El titular de Lógica informó que ya han tenido alguna respuesta, no de Mendoza, pero que el plazo aún está vigente. Añadió que hay proyectos de adhesión presentados en las legislaturas provinciales de Río Negro (Martina Lacour, aún antes de que se aprobara la ley nacional), CABA (Silvia Imas), provincia de Buenos Aires (diputada Oriana Colugnatti y senadores Marcelo Daletto y Daniela Reich), Santa Fe (Silvia Malfessi) y La Pampa (Celeste Rivas).
Olivero Vila explicó que, si bien la ley 27.743 plantea que “se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar las respectivas normas para que los consumidores finales tengan conocimiento de la incidencia del impuesto sobre los Ingresos Brutos y de los respectivos tributos municipales que tienen incidencia en la formación de los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios”, a su entender es algo obligatorio.
Esto, porque la Constitución Nacional, en el artículo 42, establece que los consumidores tienen derecho “a una información adecuada y veraz” y que las autoridades deben proveer “la educación para el consumo”. Desde Lógica califican de “tragedia fiscal” el hecho de que se hayan ocultado los impuestos a la ciudadanía, incluso con sanciones a quienes mostraban esa carga tributaria, lo que llevó a una falta de cultura tributaria, que facilitó el descontrol del gasto público y la inflación.
Matías Díaz Telli, presidente de la Unión Industrial de Mendoza, coincidió en que los impuestos tienen que ser transparentados y el consumidor debe saber cuánto paga al Estado nacional, provincial y municipal por sus consumos. Sin embargo, también advirtió que es más fácil detallar el IVA y los impuestos internos (nacionales), que Ingresos Brutos.
Para explicarlo, presentó el ejemplo de una persona que va a una mueblería y compra un sillón y sabe que está pagando un 21% de IVA (este producto no paga impuestos internos), y le aparece una alícuota de Ingresos Brutos del 2%, que es lo que paga el comercio, lo que representa un porcentaje bastante acotado.
Pero resaltó que, si el dueño de la mueblería es fabricante, ha pagado Ingresos Brutos por la madera, por el relleno del sillón y por la tela. Esos montos pasan a conformar el costo, que luego traslada a la factura al consumidor final, y que es lo que hace que sea un impuesto tan distorsivo. Es que, además, desincentiva la generación de cadenas de valor -por ejemplo, que esa empresa tercerice el diseño de los sillones-, porque cada eslabón va pagando el impuesto. La misma situación, resaltó Díaz Telli, se da con el tributo a los débitos y los créditos.
De ahí que sea más difícil transparentar al consumidor la carga real de Ingresos Brutos, porque si se le informa el directo -el que paga el negocio, último eslabón de la cadena- resulta un porcentaje bajo, que no refleja el verdadero impacto.
El titular de la UIM mencionó que entienden que en algún momento el Gobierno nacional va a abrir una discusión integral sobre el sistema impositivo y que es importante que, desde las provincias, se empiece a visibilizar que “el sistema tributario argentino no sólo es carísimo, sino perverso en lo distorsivo y lo complejo”.
Añadió que la modificación debería apuntar no a desfinanciar a los Gobiernos -nacional, provinciales y municipales-, pero sí a hacerlo más sencillo y que no desincentive la generación de cadenas de valor.
