El nuevo Barrio San Agustín se construye en la ex playa de secuestros San Agustín, con una inversión conjunta cercana a los $5.600 millones y 56 viviendas en su primera etapa.
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Municipalidad de Mendoza La Ciudad de Mendoza avanza con la creación del Barrio San Agustín, un nuevo proyecto de Vivienda Social que se desarrollará en la ex playa San Agustín, un predio ubicado en la capital provincial que fue afectado por un incendio en septiembre de 2023. La iniciativa busca reconvertir un área degradada en un barrio urbanizado, con infraestructura, servicios y viviendas, como parte de una estrategia de recuperación urbana.
El proyecto se lleva adelante mediante un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Capital, el Gobierno de Mendoza y el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y contempla una inversión total cercana a los $5.600 millones, combinando aportes municipales y provinciales. En esta primera etapa se prevé la construcción de 56 viviendas, aunque el plan integral proyecta más de 200 unidades habitacionales, además de espacios públicos y equipamiento comunitario.
El origen del Barrio San Agustín está directamente vinculado al incendio ocurrido en septiembre de 2023 y a la decisión política de intervenir el predio. En ese contexto, la directora de Vivienda y Hábitat de la Municipalidad de Capital, Mariana Osorio, explicó que “a partir del incendio generado en septiembre del 2023 y la decisión provincial y municipal de liberar la playa de secuestros con todo el proceso de compactación y sanear un poco ese punto ambiental tan complejo para el sector, se decide iniciar un plan de ordenamiento territorial de La Favorita en general”.
Según detalló la funcionaria, no se trató de una acción aislada, sino de una continuidad del trabajo que el municipio venía realizando en la zona. “Este plan de ordenamiento ya lo veníamos realizando desde hace tiempo porque nosotros hemos ido interviniendo con otras obras en La Favorita”, sostuvo, y agregó que la ex playa San Agustín ya estaba contemplada como un punto estratégico dentro de esa planificación.
El predio donde se desarrollará el barrio tiene 11 hectáreas y media y no estaba urbanizado. Al respecto, Osorio señaló que “es un terreno que claramente no está urbanizado porque tenía otra función, pero sí está rodeado de servicios”, lo que permitió pensar su reconversión urbana.
Esa condición obligó a avanzar por etapas. “Se realiza por etapas por dos razones, primero porque las características del terreno no son iguales en todos lados y segundo porque hay sectores donde el suelo tiene que ser intervenido desde el aspecto ambiental”, explicó.
La Etapa I del proyecto se localiza en el sector más limpio del predio, con una superficie aproximada de dos hectáreas y media. Osorio precisó que “definimos la primera etapa porque es la parte más limpia del terreno y la que se encuentra rodeada del barrio Alto Mendoza y el 14 de Noviembre, donde ya teníamos servicios disponibles”.
La funcionaria remarcó que la decisión estuvo respaldada por criterios técnicos. “El informe de impacto ambiental dio que en ese sector no había que hacer remediación de suelo”, señaló, lo que permitió avanzar con mayor rapidez en el inicio de las obras.
En esta primera fase se construirán 56 viviendas y se urbanizarán cuatro manzanas. El IPV tiene a su cargo la licitación para la construcción de las unidades bajo la línea Acción 1 de Vivienda Social, mientras que el municipio ejecuta el movimiento de suelos y la infraestructura urbana. “Esta etapa se lleva adelante en conjunto con la Provincia, principalmente con el IPV, que es quien construye las viviendas”, afirmó Osorio.
En relación a los plazos, explicó que “la licitación del IPV con la construcción de las viviendas tiene un plazo de 12 meses y la obra de urbanización se estipula en ocho meses, por eso tenemos que solapar esos tiempos”, para que los trabajos se desarrollen de manera simultánea.
Las tareas iniciales incluyen el montaje del obrador, el cierre perimetral del predio, la limpieza de la superficie vegetal y la compactación del terreno. “El movimiento de suelo se está ejecutando ahora y lo hace la misma licitación del IPV, aunque ese costo lo afronta el municipio”, aclaró.
Uno de los aspectos distintivos del proyecto es la ampliación del prototipo habitacional. Osorio explicó que “el módulo CEPA tiene un solo dormitorio y el municipio tomó la decisión de financiar un segundo dormitorio”, mejorando las condiciones habitacionales desde el inicio.
“Más allá de que lo construye la misma licitación, el segundo dormitorio lo costea el municipio”, agregó, lo que permitió pasar de un módulo semilla a una vivienda de dos dormitorios, con una superficie final de entre 52 y 53 metros cuadrados cubiertos.
El aporte de la Ciudad de Mendoza destinado a la urbanización, el movimiento de suelos y la ampliación del prototipo habitacional asciende a $2.309.898.580, es decir, alrededor de $2.300 millones, dentro de una inversión total conjunta cercana a los $5.600 millones. Según Osorio, “el municipio establece en conjunto con el IPV todos los indicadores que deben cumplir las viviendas, siempre respondiendo a las resoluciones del Instituto”.
El acceso a las viviendas del Barrio San Agustín se realiza a través del Registro de Necesidad Habitacional (RENHABIT), el padrón provincial del IPV. Osorio aclaró que “no hay una inscripción específica para este barrio. La inscripción se hace por el RENHABIT y todos los vecinos tienen que estar inscriptos ahí”.
La priorización de las familias se define según los criterios establecidos por el Instituto. “La priorización de postulantes es en base al cumplimiento de las resoluciones del IPV”, explicó, y agregó que se evalúan variables como no poseer vivienda propia, residencia en la Ciudad de Mendoza, situaciones de discapacidad, problemas de salud y el tiempo de inscripción en el registro.
La selección final se realiza de manera conjunta. “Nosotros podemos evaluar a una familia, pero el IPV tiene que dar la conformidad final y verificar que se cumplan todos los requisitos”, señaló la funcionaria.
En cuanto al pago, Osorio explicó que las viviendas se abonan mediante una cuota social. “Una vez que se entrega la vivienda, cada familia comienza a pagar su cuota, que es una cuota social, y esa contraparte se paga al IPV”, precisó.
Tras la entrega de las viviendas, comienza la etapa de formalización urbana. “Cuando se concluye la entrega de las viviendas, la Muni ya está en condiciones de poner los padrones municipales”, explicó Osorio, lo que habilita a que los vecinos empiecen a pagar el impuesto municipal al contar con servicios, alumbrado público y recolección de residuos.
En ese sentido, aclaró que “la cuota de la vivienda es del IPV. El impuesto municipal es otra cosa y empieza cuando el vecino ya tiene sus servicios”, y remarcó que “el municipio hace la inversión de la urbanización, pero no recupera ese costo”.
Otro punto clave fue la reducción de costos vinculados al movimiento de suelos en una zona del Piedemonte. “Como el movimiento de suelo es muy grande, había que traer mucho aporte de material de afuera, por eso se hizo un convenio con Hidráulica”, explicó Osorio, destacando que ese aporte permitió reducir costos tanto provinciales como municipales.
Finalmente, subrayó el carácter articulado del proyecto: “Esto es un trabajo que se hace en conjunto con la Provincia. No es un trabajo solamente municipal ni solamente provincial, sino que estamos todos alineados y buscando las mejores alternativas para poder llevarlo adelante en tiempo y forma”.