La Justicia mendocina habilitó a los padres de futbolistas federados a intervenir como querellantes en la investigación por la falsificación de certificados médicos. La decisión judicial representa un avance en una causa que ya tiene cuatro imputados y más de 900 fichas bajo sospecha.
Escándalo en la Liga Mendocina
Foto:
Un nuevo episodio se suma al escándalo que sacude al fútbol mendocino al conocerse que la jueza Sonia Yornet resolvió que los padres de los futbolistas federados en la Liga Mendocina de Fútbol (LMF) podrán constituirse como querellantes particulares en la investigación penal.
La magistrada rechazó un planteo de oposición presentado por la defensa y aclaró que los padres deberán agruparse bajo una única representación jurídica para evitar que la causa se torne inmanejable. El fiscal de Delitos No Especializados, Juan Manuel Sánchez, sostuvo que la decisión “permite la participación ordenada de quienes resultaron afectados indirectamente” y destacó que el fallo “le da voz a las familias que confiaron en un sistema médico que no fue controlado como correspondía”.
El expediente se abrió luego de la denuncia de la cardióloga Marisa Josefina Torre, quien detectó que su firma, sello y matrícula profesional aparecían en certificados médicos que ella nunca emitió. Esos documentos eran exigidos a todos los jugadores de la Liga para poder competir en los torneos oficiales.
El 27 de junio, la Justicia ordenó allanamientos simultáneos en la sede de la Liga y en las oficinas del Sindicato de Trabajadores Municipales de Maipú (STMM), donde funcionaba la empresa STMM Salud, encargada de realizar los estudios médicos obligatorios. Según la investigación, allí se habrían emitido cientos de certificados falsos entre 2022 y 2025.
El Ministerio Público Fiscal imputó a cuatro personas por los delitos de estafa reiterada, uso de documentación privada falsa y falsificación reiterada:
La Justicia impuso cauciones millonarias para evitar la prisión preventiva: 50 millones de pesos para Alenda, 20 millones para Busceme y 10 millones para cada una de las Godoy. Además, se les prohibió salir del país, se dispuso su presentación periódica ante la fiscalía y la inhibición general de bienes.
Un peritaje caligráfico oficial confirmó que las firmas de la Dra. Torre fueron falsificadas en numerosos certificados. En total, hay más de 900 fichas médicas bajo análisis y casi un millar de documentos sospechados de adulteración.
Con la decisión de Yornet, los progenitores podrán intervenir activamente en la causa, ofreciendo pruebas, participando de las audiencias, controlando el desarrollo del expediente y exigiendo medidas de reparación. El fiscal Sánchez explicó que “los padres son actores esenciales en este proceso, porque confiaron en la seguridad de sus hijos y en la validez de certificados que ahora resultan apócrifos”.
Por su parte, el abogado Pablo Cazabán, defensor de los imputados, cuestionó la medida al afirmar que “los padres no son víctimas directas” y que su participación “podría afectar la imparcialidad del proceso”. Pese al reclamo, la jueza ratificó su decisión.
El escándalo provocó una fuerte sacudida en la estructura del fútbol provincial. Tras los allanamientos, la Liga Mendocina suspendió los partidos del fin de semana y anunció una revisión completa de su sistema sanitario. El presidente Omar Sperdutti aseguró que la institución “está colaborando con la Justicia” y adelantó la intención de implementar un nuevo protocolo médico para los jugadores federados.
Recordemos que, desde julio, la Liga comenzó a aceptar certificados realizados con obras sociales o médicos particulares, una medida que busca garantizar transparencia y reducir los riesgos de irregularidades.
Por el momento, el expediente continúa en etapa de instrucción y, en los próximos días, se espera la declaración de nuevos testigos -entre ellos padres, entrenadores y dirigentes- y la realización de peritajes contables y documentales.
La fiscalía evalúa elevar la causa a juicio oral una vez que se determinen las responsabilidades penales de los acusados y el alcance del perjuicio causado a las familias. Mientras tanto, la posibilidad de que los padres participen como querellantes marca un precedente sin antecedentes en el fútbol mendocino.