Avanza la investigación por la falsificación masiva de certificados médicos en el fútbol mendocino. Entre los acusados hay una médica, dos empleadas administrativas de Maipú y un referente sindical.
Cuatro personas quedaron imputadas, por presunta falsificación de estudios cardiológicos destinados a jugadores de la Liga Mendocina de Fútbol (LMF).
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Gentileza. Por presunta falsificación de estudios cardiológicos destinados a jugadores de la Liga Mendocina de Fútbol (LMF), el fiscal de Delitos No Especializados, Juan Manuel Sánchez, imputó este jueves a cuatro personas; tres empleadas vinculadas a la Municipalidad de Maipú y a un representante del sindicato de trabajadores municipales (STMM), sospechado de ser el principal organizador del esqema.
Los señalados son Fabio Alenda, referente sindical en Maipú y gestor del contrato con la LMF; la médica Natalia Lourdes Busceme; y Patricia Godoy junto a su hija Rocío Reyes Godoy, ambas empleadas del centro de salud 16/365 de esa comuna.
Según la investigación, los acusados formaron parte de un sistema de falsificación documental que comenzó en 2022 y permitió cobrar por estudios médicos obligatorios que no contaban con supervisión profesional habilitada. En total, se detectaron más de 900 fichas médicas adulteradas y 997 documentos presuntamente falsificados.
El punto de partida fue la firma de un contrato entre la Liga Mendocina y una razón social llamada “STMM Salud”, presuntamente impulsada por Fabio Alenda. La entidad se comprometía a realizar los estudios cardiológicos exigidos a los más de 9.000 jugadores federados de 31 clubes afiliados.
Para justificar la contratación, desde STMM Salud habrían presentado de forma fraudulenta la inclusión de una cardióloga especializada en el equipo médico. Sin embargo, esa médica (Marisa Torre) denunció que su firma fue falsificada en decenas de planillas.
Durante los años 2022 a 2025, los jugadores debieron realizarse dos estudios anuales (abonados por ellos mismos), cuyos valores fueron creciendo de $8.000 a $37.000. El dinero era cobrado por la Liga y luego transferido a la empresa del sindicato.
Pero los exámenes no contaban con garantías mínimas. Según la fiscalía, Patricia Godoy y Rocío Reyes Godoy no estaban habilitadas para realizar electrocardiogramas, ya que no tenían formación técnica ni autorización profesional. Además, los equipos utilizados no estaban homologados, y los resultados eran incorporados a fichas médicas firmadas con sellos apócrifos, generalmente a nombre de la doctora Torre.
En los casos en que se detectaban supuestas anomalías, el mismo grupo emitía órdenes para estudios complementarios, también con firmas falsificadas, para simular un seguimiento médico que nunca ocurrió.
Todos los imputados deberán comparecer el próximo lunes para ser notificados formalmente. En tanto, el fiscal Sánchez dispuso medidas restrictivas: prohibición de salida del país, comparecencias mensuales ante el Ministerio Público y el anticipo de una inhibición general de bienes.
Los delitos imputados son estafa reiterada, falsificación y uso de documento privado falso, todos en concurso real y en calidad de coautores.
La causa continúa en etapa de instrucción y no se descarta que en los próximos días se amplíen las imputaciones a nuevos involucrados.