Abogados pidieron a la Fiscalía avanzar contra el presidente de la Liga Mendocina por asociación ilícita, estafas y administración fraudulenta.
Omar Sperdutti se ve envuelto, una vez más, en una denuncia que lo pone incómodo por su rol de presidente de la Liga Mendocina de Fútbol.
Foto:
En un movimiento que sacude por completo el mapa institucional del fútbol local, los abogados Facundo de Oro y Claudio Morán solicitaron en las últimas horas la imputación y detención del presidente de la Liga Mendocina de Fútbol (LMF), Omar Higinio Sperdutti, por los presuntos delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta y estafas reiteradas.
La presentación —realizada ante el fiscal de Delitos No Especializados, Dr. Juan Manuel Sánchez— también alcanza a dos altos empleados de la entidad: Ricardo Paredes (gerente) y Ricardo Morales (tesorero), a quienes se les atribuyen responsabilidades en las mismas maniobras investigadas.
Según el escrito presentado el miércoles pasado, la solicitud de detención se funda en el “peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación”, además de señalar que se trataría de un delito de carácter continuo. En ese sentido, los denunciantes sostienen que, de no mediar medidas cautelares, los imputados podrían seguir ejecutando las presuntas irregularidades que motivaron la denuncia.
Uno de los ejes centrales de la investigación gira en torno a certificados truchos de apto físico para divisiones inferiores, cuya gestión volvió a contratar un servicio, “a espaldas del órgano superior” de la Liga. Según la acusación, cada jugador debe afrontar un pago de 48 mil pesos, estableciendo nuevas irregularidades por investigar.
A esto se suma la recaudación de un torneo de fútbol infantil, que involucra a 16 clubes y 6 categorías, con un total aproximado de 96 partidos por fin de semana. La entrada general de $7.000 permitiría alcanzar, siempre según los denunciantes, una recaudación estimada de $40.320.000 por fin de semana, lo que representaría —de manera mensual— cerca de $161.280.000. Los abogados advierten que estos montos se manejarían en efectivo y sin presentación de balances, lo que podría configurar infracciones ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y eventuales delitos tributarios.
Pero la causa no se agotaría allí. Los profesionales adelantaron que la investigación podría avanzar sobre el manejo y la entrega de recursos desde organismos municipales de Maipú y de la Provincia, lo que ampliaría sustancialmente el alcance del expediente.
El fiscal Sánchez resolvería la situación procesal de los señalados en breve, en una situación que promete ser decisiva para el presente y el futuro de la Liga Mendocina de Fútbol.
La defensa de Omar Sperdutti salió al cruce del reciente pedido de imputación y detención presentado por los querellantes y cuestionó con dureza el rumbo de la causa. El abogado Sergio Ranchilio afirmó que las nuevas acusaciones no guardan relación con la investigación original por certificados presuntamente falsos y que, en cambio, apuntan a decisiones administrativas aprobadas por el propio Consejo Directivo de la Liga Mendocina de Fútbol.
-¿Cómo interpretan el pedido de imputación y detención presentado por los querellantes?
-Técnicamente, lo que han presentado es una ampliación de denuncia dentro del mismo expediente, pero referida a hechos que no guardan relación con el objeto original de la causa. La investigación comenzó por los llamados “certificados truchos”, a partir de la denuncia de una cardióloga que detectó que su firma habría sido falsificada en informes médicos. Sobre eso se inició todo. Ahora los querellantes incorporan cuestiones internas de administración de la Liga, vinculadas a ingresos, egresos y hasta refacciones edilicias, que nada tienen que ver con aquella causa.
-Uno de los puntos cuestionados es la contratación de una empresa para realizar los aptos físicos. ¿Cómo fue el mecanismo?
-Primero, no se contrata una empresa para que preste un servicio a cargo de la Liga. Lo que se hace es unificar criterios para los estudios médicos, estableciendo un canal único. Los jugadores pagan directamente a la empresa. Esta va a los clubes, toma los estudios y luego los carga digitalmente para que la Liga concluya el trámite sin burocracia. Además, la Liga envía un empleado a cada operativo: cobra el arancel, lo retiene y recién paga cuando la empresa entrega los estudios. Así se garantiza que los exámenes realmente se hagan.
-Los querellantes señalan que ese convenio excedería las facultades del Consejo Directivo.
-Es un error. No existe contrato alguno que genere obligaciones económicas para la Liga. No hay erogación de fondos propios. La Liga solo administra el mecanismo: retiene el dinero que aportan los jugadores hasta recibir los estudios y luego paga. Por estatuto, el límite para contratar aplica cuando la Liga invierte recursos propios. Aquí no hay inversión ni deuda: los jugadores costean sus estudios.
-¿Considera que detrás de esta presentación hay otros intereses?
-Sí, creo que esto se aleja completamente de la causa original sobre los certificados presuntamente apócrifos. Apunta más a cuestiones de gestión interna. Y quiero aclarar algo: la Liga es una asociación civil de segundo grado, integrada por clubes, no por personas. Las decisiones las toma el Consejo Directivo, que tiene un delegado por cada institución. El presidente solo ejecuta. Muchas de estas decisiones fueron tomadas por unanimidad, incluso con voto de Palmira, cuyo secretario es uno de los querellantes. Llama la atención esa contradicción: participó de los operativos, firmó recibos, coordinó lugares y ahora parece haber olvidado todo.
-Otra crítica fuerte es la recaudación de los torneos infantiles y la supuesta falta de rendición. ¿Hay riesgo de infracción tributaria o evasión?
-Desde lo técnico, no. En los eventos deportivos no se emiten comprobantes fiscales tributarios; se usa un sistema similar al borderó de teatros y cines, donde luego se hace una declaración jurada. Además, la Liga Mendocina es un ente exento de impuestos: no devenga IVA y, según entiendo, también está exenta de Ingresos Brutos. Por lo tanto, no hay delito tributario. La cuestión depende de quién organiza el evento y qué régimen utiliza, pero aquí no encaja ninguna imputación por evasión.
-El fiscal Sánchez deberá resolver la situación. ¿Qué esperan?
-Ya se vio una señal clara: no dio tratamiento urgente al pedido de los querellantes. Solicitó primero que se incorpore una denuncia que existió en San Martín, presentada por una de las mismas partes, y que fue archivada por inexistencia de delito. Recién después evaluará. Para mí, esta ampliación no quedará en manos del fiscal Sánchez porque la materia no corresponde a su unidad; se derivará a otra fiscalía que deberá analizar si existe delito o corresponde una desestimación. Hoy no hay allanamientos, ni detenciones, ni medidas urgentes. Si el fiscal creyera que hay riesgo real, ya las habría ordenado.