Los niños que murieron en un taller clandestino eran víctimas de trata de personas

El juez de instrucción Manuel Gorostiaga determinó que los dos niños bolivianos que murieron por asfixia durante el incendio de un taller clandestino en el barrio porteño de Flores, el 27 de abril pasado, fueron víctimas del "delito de trata de personas con fines de explotación laboral".

"Nos encontramos en presencia de una consecuencia directa -muerte de personas- del delito de trata de personas con fines de explotación laboral", determinó el magistrado al enviar la causa a la Justicia Federal porteña.

"Ha quedado demostrado que en el sitio donde perdieron la vida los menores funcionaba un taller textil clandestino y en dicho lugar vivía en condiciones de hacinamiento e insalubridad, por lo menos siete personas de nacionalidad boliviana, bajo las órdenes de terceros hasta el momento no individualizados, quienes los explotaban laboralmente", sostuvo el juez.

Así, coincidió con el fiscal Eduardo Cubría, quien había recomendado que la causa pasara al fuero federal, donde la muerte de los dos niños -de siete y diez años- será investigada juntamente con el delito de "trata" por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

El fallo del juez Gorostiaga describe que cuando ambos niños "perdieron la vida se encontraban dentro de un sótano, sin conexión con el exterior, sin otra abertura que una escalera, y al producirse el foco ígneo el ambiente mismo operó como una suerte de jaula, dentro de la cual se intoxicaron por la combustión que provocó la propia quemadura de las prendas de vestir que fabricaban".

"Las vistas fotográficas del sitio en donde tuvo lugar la trágica muerte de los niños, la cantidad de prensas que allí se fabricaban, el hacinamiento en que vivían las personas que eran explotadas y las múltiples máquinas de coser halladas, dejan en claro que nos encontramos en presencia de un caso de trata de personas con fines de explotación laboral", insistió el juez en su resolución.

El siniestro se produjo el 27 de abril pasado, en la vivienda de Páez 2796, donde funcionaba el taller clandestino.
El padre de las víctimas sostuvo que sus hijos "no" trabajaban en el lugar, pero confirmó las condiciones de hacinamiento en las que vivían y la ilegalidad de su situación laboral.

Esteban Mur, de nacionalidad boliviana, dijo que allí vivían y trabajaban nueve personas, cinco de ellas mayores de edad, que eran su esposa, sus tres cuñados y él, y relató que "cada uno tenía su cama en un mismo cuarto".