ARA San Juan: dos años de una tragedia aún sin justicia

A dos años del hundimiento del submarino ARA San Juan con 44 tripulantes a bordo (dos de ellos mendocinos), la Justicia aún no logró determinar las causas ni establecer las responsabilidades concretas de la tragedia.

A las diez de la mañana de hoy, en la base que la Armada tiene en Mar del Plata y donde funciona la jefatura de submarinos, los familiares de las víctimas realizarán una misa. A las 15.30, la Armada realizará un acto, en la misma base, donde se homenajeará a los 44 tripulantes desaparecidos.

Ayer Los Andes habló con Daniel Polo, padre de Daniel Enrique Polo, cabo primero y uno de los tripulantes. Polo dijo que los familiares se sienten "abandonados" por el Gobierno nacional.

"Se prometieron muchas cosas y se cumplió poco. Cero apoyo tuvimos. El Presidente (Macri) nos visitó en diciembre del 2017 en la base, cuando iba de paso a jugar golf. Como insistimos, después nos recibió recién en febrero de 2018 en la Casa Rosada, donde los familiares fuimos requisados como si fuésemos delincuentes. Es una vergüenza que aún no se sepa oficialmente qué ocurrió", expresó Polo.

Los hechos

A media jornada del 15 de noviembre de 2017 empezó a crecer una versión alarmante respecto al submarino construido a principios del '80 en los astilleros alemanes Thyssen Nordseewerke.

Era un hecho la pérdida de contacto con la nave que había partido el 8 de noviembre desde Ushuaia con destino a Mar del Plata. La última comunicación había sido a las 7.30, e indicaba que el submarino navegaba por el golfo de San Jorge. Recién dos días después, la Armada comunicó oficialmente la pérdida de contacto con la nave.

El Capitán de Fragata Pedro Fernández tenía bajo su mando el submarino. "Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N°3, ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de batería. Baterías de proa fuera de servicio. Al momento en inmersión propulsando con circuito dividido sin novedades del personal", dejó asentado a las 6 de la mañana del 15 de noviembre de 2017.

Aquel día, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, estaba en Canadá. Admitió que se enteró del incidente por notas periodísticas y no por una comunicación oficial de los mandos de la Armada.

"Por disposición del Presidente desplegamos todas las unidades disponibles para localizar al submarino San Juan y aceptamos las ayudas internacionales para lograr restablecer el contacto. Estamos junto a las familias de la tripulación y las mantenemos informadas de la operación", escribió Aguad el 18 de noviembre, a través de su cuenta de Twitter, en la primera comunicación gubernamental sobre el episodio. 

Para el 22 de noviembre ya había 49 buques y aviones afectados a un operativo de búsqueda que involucró a once países.

El 23 de noviembre, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares informó que el 15 de noviembre se había detectado "una señal inusual cerca de la última posición conocida del submarino".

El 18 de diciembre el ministro Aguad pasó a retiro al jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, y diez días después fue relevado el subjefe de la fuerza, el vicealmirante Miguel Ángel Máscolo.

Tras una búsqueda acotada durante el verano y bajo la protesta de los familiares de las víctimas exigiendo retomar el rastrillaje, el Gobierno adjudicó a la empresa Ocean Infinity, dueña de la nave Seabed Constructor equipada con vehículos submarinos autónomos, la tarea de rescate. El 17 de noviembre de 2018 se anunció que el ARA San Juan fue ubicado a 907 metros de profundidad.

La hipótesis principal indica el ingreso de agua al tanque de baterías 3, a través de la válvula E19, lo que habría derivado luego en una implosión y el colapso de la nave al fondo del mar.

Ya hay siete ex jefes de la Armada imputados

La jueza federal de Caleta Olivia Marta Yánez que lleva la causa ya llamó a declaración indagatoria como imputados a siete ex jefes de la Armada y se espera que el total de acusaciones llegue por lo menos a más de una decena. Las querellas principales coinciden en que las responsabilidades políticas tienen que alcanzar, necesariamente, al ministro de Defensa Oscar Aguad y al presidente Mauricio Macri.

Las imputaciones van desde "homicidio por dolo eventual" reiterado en 44 oportunidades, por cada uno de los tripulantes del submarino, pasando por abandono de persona, encubrimiento, mal desempeño e incumplimiento de los deberes de funcionario público.