En los úlitmos dos años Alfredo Cornejo avanzó con el pase de exrutas urbanizadas. En tanto, los intendentes suman funciones mientras reclaman más recursos.
Acuerdo de Cornejo con los intendentes: Maipú, Santa Rosa y Guaymallén concentran más kilómetros de rutas o calles transferidas.
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El gobierno de Alfredo Cornejo transfirió en los últimos dos años un poco más de 72 kilómetros de “calles urbanas” a distintos departamentos. El dato se da a conocer en medio del debate por la autonomía municipal y por más repartos de fondos a las comunas.
La medida, que comenzó a gestarse durante la gestión de Rodolfo Suarez, se consolidó desde 2024 con el regreso de Cornejo al sillón de San Martín. El objetivo formal es reordenar la gestión vial en zonas que dejaron de cumplir funciones interurbanas.
Este proceso de traspaso se inicia a partir de un acuerdo entre la Provincia y los municipios, en el cual desde el comienzo queda claro que el objetivo final es la transferencia de las calles.
En ese marco, desde el Ejecutivo precisaron que no se trata de una decisión unilateral sino de un esquema consensuado, formalizado a través de convenios que requieren la participación y aprobación conjunta.
Se trata, en rigor, de exrutas provinciales o caminos productivos que estaban bajo la órbita de la Dirección Provincial de Vialidad y que, producto del crecimiento urbano, quedaron insertos en la trama de las ciudades.
Ese cambio de contexto vuelve inviable su tratamiento como rutas. Por ejemplo, no pueden incorporar infraestructura básica ni elementos de seguridad urbana como reductores de velocidad, lo que complica su adaptación al tránsito cotidiano.
La subsecretaria de Infraestructura y Ordenamiento Territorial, Marité Baduí, explicó a Los Andes que el criterio de selección responde al propio desarrollo territorial: “Trabajamos fuertemente en aquellas rutas o calles que ya son urbanas de acuerdo al crecimiento de los municipios”.
En ese marco, la Provincia financia la puesta a punto de esas trazas, en muchos casos con aportes no reembolsables y, una vez finalizadas las obras, se formaliza la transferencia mediante convenios con las comunas.
Según detalló la funcionaria, se trata de arterias que “han quedado en el entramado que el propio municipio ya autorizó”, por lo que pierden su función de conexión interdepartamental y pasan a ser plenamente urbanas.
Mientras tanto, Baduí anticipó que el foco para 2026 estará puesto en obras de mayor envergadura vinculadas a los accesos, como las colectoras del Acceso Este y la ruta 40. En estos casos, se trabaja con esquemas de financiamiento mixto entre Provincia y municipios.
La funcionaria remarcó que se trata de una “asociación de recursos”, donde el aporte provincial es mayoritario, muchas veces no reembolsable, y el resto puede ser cubierto por los municipios, incluso mediante mecanismos que luego se descuentan de la coparticipación.
El reparto de los más de 72 kilómetros transferidos no es uniforme. Algunos departamentos concentraron mayor cantidad de tramos, mientras que otros recibieron menos extensión, pero en corredores estratégicos.
Maipú, con 16,8 kilómetros, es uno de los departamentos que más superficie incorporó. Allí se transfirieron tramos clave como la calle 25 de Mayo (en dos sectores), la ruta provincial 2 (Ozamis), Videla Castillo y un segmento de la ruta 10 Juan José Paso. Se trata de arterias estructurales para la conectividad interna del departamento.
En una situación similar aparece Santa Rosa, que recibió 16 kilómetros, con un tramo predominante sobre la ruta provincial 50, más de 15 kilómetros, que atraviesa zonas en proceso de urbanización, además de la calle Angelino Arenas.
Guaymallén, por su parte, sumó 13,5 kilómetros, principalmente sobre ejes de alta circulación como Mathus Hoyos y Defensa. En este caso, se trata de corredores que ya funcionan como avenidas urbanas, con fuerte impacto en la movilidad diaria.
Por su parte, Luján de Cuyo incorporó 11,5 kilómetros distribuidos en cinco calles que incluyen varias arterias relevantes, como Guardia Vieja, Boedo, Almirante Brown, Malabia y Terrada. Son calles que acompañaron el crecimiento residencial y productivo del departamento y que hoy forman parte de su entramado urbano consolidado.
Más atrás aparecen otros municipios con intervenciones puntuales pero estratégicas. Ciudad de Mendoza sumó 6,1 kilómetros en avenidas clave como Boulogne Sur Mer y Champagnat, ambas con fuerte vínculo con accesos y zonas de alto tránsito.
En San Carlos, la transferencia se concentró en la calle El Indio (2,4 km), mientras que Rivadavia recibió un tramo de la ruta provincial 62 (2,3 km). En Godoy Cruz, en tanto, se incorporó un segmento del Corredor del Oeste, aunque de menor extensión (690 metros), pero con alta relevancia en términos de circulación metropolitana.
La cesión de estas calles se suma a una lista creciente de responsabilidades que los municipios han ido absorbiendo durante los gobiernos de Cambia Mendoza: control del tránsito, incorporación de preventores, mantenimiento del arbolado público y ahora también infraestructura vial urbana que antes dependía de la Provincia.
Este proceso ocurre en paralelo a un reclamo sostenido por mayores recursos, en un contexto de caída de ingresos por coparticipación. Esa tensión es uno de los motores del resurgimiento del debate por la autonomía municipal.
El caso más avanzado es el de San Rafael, que decidió avanzar por su cuenta y ya eligió convencionales para reformar su carta orgánica. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia decidió frenar este proceso a raíz de una presentación de Conflicto de Poderes presentada por la vicegobernadora, Hebe Casado y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.
En simultáneo, el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto de enmienda del artículo 197 de la Constitución que habilita a los municipios a dictar sus propias cartas orgánicas, aunque con condiciones. La propuesta ya comenzó a tratarse en comisiones de la Cámara de Diputados.
