La decisión del Gobierno de Mendoza de hacer cambios en la forma de atención de los partos en el sistema privado disparó la reacción inmediata de los médicos obstetras, que se oponen a la modificación.
Se implementará en el sector privado como parte de un plan para reducir las cesáreas. Los obstetras plantean su oposición y fueron a la Legislatura
La decisión del Gobierno de Mendoza de hacer cambios en la forma de atención de los partos en el sistema privado disparó la reacción inmediata de los médicos obstetras, que se oponen a la modificación.
El Ministerio de Salud de la provincia dispuso que los partos comenzaran a ser atendidos por los médicos de guardia, indistintamente del médico obstetra que viniese acompañando a la paciente durante la gestación. Con esta finalidad firmó un convenio con las clínicas.
La medida disparó el rechazo de los profesionales que acudieron a la Legislatura de Mendoza para plantear su postura. Allí fueron recibidos por legisladores de la oposición.
Se trata de un capítulo más de una larga seguidilla de situaciones que en Mendoza han puesto el tema de los nacimientos y los partos en la agenda pública.
La disposición del gobierno se enmarca en un contexto en el que se busca intervenir en la cantidad de cesáreas que se realizan en la provincia. Es que éstas exceden las recomendaciones internacionales y por mucho, un escenario que también se plantea a nivel nacional.
En ese marco el Gobierno de Mendoza ideó un plan junto con la Organización Panamericana de la Salud que fue presentado en diciembre pasado.
“Se necesitan cambios profundos en todo el sistema por eso desde el ministerio se ha establecido el plan de reducción de cesáreas que se implementará a partir del 1 de julio de 2026”, dijo a Los Andes Natalia Courtis, Directora de Maternidad e Infancia de la provincia.
En este marco, el Ministerio dispuso que a partir de entonces, las clínicas privadas de Mendoza modifiquen la forma en que se atienden los nacimientos. Los partos serán atendidos por los médicos obstetras de guardia. Ante la consulta, desde el Ministerio de Salud se aclaró que quienes los atenderán serán médicos obstetras de las guardias de la Maternidad.
Para Courtis es necesario, cambiar hábitos, la falta de políticas públicas sostenidas, las expectativas sociales ya instaladas y la desigualdad entre sistemas públicos y privados.
No es que los profesionales no reconozcan el alto índice de cesáreas, por el contrario, advierten que por encima de lo indicado no hay beneficios, por lo que en este punto no hay conflicto.
Por lo pronto, fueron recibidos por los legisladores Gabriela Lisana, Dugar Chappel y Emanuel Fugazzotto. “Nos recibieron los legisladores para que nosotros los pusiéramos en conocimiento de la situación y de nuestro nuestro punto de vista”, dijo Florencia Forno, presidenta de Obstetras Unidos de Mendoza (Obum). Sumó que se comprometieron a compartir esto con otros legisladores.
Cristian Palomba, médico obstetra y miembro de la organización, advirtió que la medida no solo fue inconsulta, sino que atenta contra el vínculo médico-paciente y la eficacia del sistema.
“Se llegó a un convenio con las clínicas, pero en ningún momento se contactaron con ningún obstetra para hacer un diagnóstico certero de por qué aumentaron las cesáreas, que es un fenómeno mundial”, explicó Palomba. El profesional sostiene que el plan busca implementar una guardia activa de 24 horas, lo que impediría que el médico de cabecera asista el parto. “La paciente entra en un sistema de guardia como en el hospital público; el médico derivador cobraría, pero no iría a atenderla”.
La estrategia de Salud apunta a la reducción de cesáreas innecesarias para evitarlas cuando no tuvieran indicación médica. Incluye la adhesión voluntaria de instituciones de salud de los subsectores público y privado con un esquema de pago diferencial que incentiva el parto vaginal; organización de servicios con equipos dedicados y guardias activas; campañas de información y sensibilización dirigidas a los equipos y la comunidad, entre otras iniciativas.
“Buscamos educar a las pacientes que sepan los riesgos y beneficios reales, qué deben esperar del parto, reducir la idea que la cesárea es más fácil o segura, cuando no hay una indicación para la misma, y en función a ello puedan decidir y elegir cómo nacerá su bebé porque se busca la seguridad y el bienestar de la madre y el bebé y la sostenibilidad del sistema de salud”, resumió Courtis.
Para el referente de Obum, la propuesta choca con la realidad operativa de Mendoza. “Es difícil que las clínicas puedan armar este sistema; requeriría anestesistas y médicos de guardia permanente para cumplir con las normas CONI de buen funcionamiento de las Maternidades”, señaló.
Sin embargo, el punto más crítico para los profesionales es la ruptura de la confianza. “Nos restringen la posibilidad de atender a nuestras pacientes y nunca se las consultó a ellas. Cuando les planteamos la situación, no lo pueden creer; quieren que las atienda su propio obstetra”, afirmó Palomba, quien calificó la comparación con sistemas europeos como un error por las profundas diferencias culturales y sociales.
Contrario al objetivo del Gobierno, Palomba advirtió que la medida podría ser contraproducente: “Al no haber un vínculo, el médico no conoce a la paciente, probablemente el médico de guardia espere menos la evolución espontánea de un trabajo de parto que su propio obstetra. Incluso pensamos que hasta se puede aumentar el índice de cesáreas”.
Finalmente, el médico subrayó que existen alternativas probadas en otros lugares, como Rosario, que no implican alejar al médico de su paciente. “Hay un montón de otras cosas que se pueden hacer: auditorías internas, una segunda opinión para indicar una cirugía o normas claras de cuándo terminar un embarazo. Hacer una guardia e impedir que el médico asista a su paciente no ha demostrado ser útil para bajar el índice”, concluyó.
Es que a diferencia de lo esperable, el uso de la cesárea ha dejado de ser una excepción superando con creces los estándares internacionales. Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la tasa ideal de nacimientos por vía quirúrgica debería oscilar entre el 10% y el 15%, las estadísticas locales revelan una realidad drásticamente distinta: el promedio provincial ya alcanza el 56,9%.
La disparidad en la atención según el sector es uno de los puntos más críticos, según datos de la Dirección de Maternidad e Infancia. En el sector público, las cesáreas representan el 42% de los nacimientos. En tanto, en el sector privado, la cifra se dispara hasta un 78%, lo que significa que casi 8 de cada 10 bebés nacen mediante cirugía en las clínicas.
Lejos de estabilizarse, esta tendencia va en aumento, generando preocupación en organismos internacionales y referentes de salud locales. El asunto es que los especialistas coinciden: superar el techo del 15% no redunda en mejoras.
"No hay evidencia de que, por encima del porcentaje de la OMS, se aporte algún beneficio en la mejora de la salud de las mujeres ni de los bebés", afirma Florencia Forno.
Por el contrario, al tratarse de una intervención quirúrgica, el abuso de esta práctica incrementa innecesariamente los riesgos de complicaciones postoperatorias. Courtis destaca que el plan de reducción no solo busca proteger la salud neonatal y materna, sino también garantizar un uso adecuado de los recursos médicos.