El gremio docente impulsará una ley para que la suspensión de clases por contingencias climáticas se defina bajo un protocolo y se comuniquen con más tiempo.
El sindicato docente impulsará una ley para que las suspensiones de clases por contingencias climáticas se definan bajo un protocolo y se comuniquen con más tiempo.
Foto:
Imagen ilustrativa / Archivo Los Andes La suspensión de clases en Mendoza por la intensa ola polar volvió a abrir un debate recurrente cada vez que fenómenos climáticos extremos afectan la provincia (como el Zonda o los fríos extremos). Y la discusión tiene que ver con la anticipación que debe tomarse y comunicarse la decisión de interrumpir el dictado presencial.
Este jueves, la Dirección General de Escuelas (DGE) defendió y explicó el procedimiento utilizado esta semana y explicó que las condiciones meteorológicas cambiaron durante la madrugada del jueves, desde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) anticiparon que impulsarán un proyecto de ley para establecer un protocolo permanente que obligue a comunicar las suspensiones con, al menos, ocho horas de anticipación.
"Cuando volvamos del receso escolar vamos a presentar un proyecto de ley para institucionalizar el protocolo de decisión de suspensión de clases y de comunicación ante contingencias", adelantó el secretario general del gremio, Gustavo Correa en diálogo con Los Andes.
Según explicó el dirigente sindical, la iniciativa busca que los criterios para definir la suspensión de actividades no dependan de cada gestión de gobierno.
"Son cosas que exceden a los gobiernos de turno y deberían estar reglamentadas. No solo para este gobierno, sino para cualquiera que esté al frente de la provincia", sostuvo.
La discusión tomó fuerza luego de que este jueves la DGE ampliara a las 6:30 la suspensión de clases presenciales a toda la provincia, apenas media hora antes del horario de ingreso del turno mañana de muchos establecimientos. Ello llevó a que muchos chicos y docentes ya hayan estado camino a clases cuando se enteraron de la suspensión.
Para Correa, el principal problema es el impacto que generan estas definiciones de último momento en docentes, estudiantes y familias.
"No puede avisársele que no hay clases a las 7 de la mañana a una docente que viene viajando desde San Martín y ya está en camino a la escuela. ¡Y ni hablar de las familias! Si los padres no vieron el noticiero o las redes sociales bien temprano, salen de sus casas y recién se enteran cuando llegan a la escuela", agregó.
Desde el gremio insisten en que, ante fenómenos previsibles como una ola polar anunciada varios días antes, debería existir un margen mayor para organizar la jornada.
"Si hay una alerta amarilla desde hace cinco días, no deberían esperar hasta las 7 de la mañana para avisar una suspensión", planteó Correa.
Según describió Correa, hubo escuelas que no figuraban entre las zonas alcanzadas inicialmente por las suspensiones, pero que al momento de abrir sus puertas se encontraron con problemas severos de infraestructura.
"Había establecimientos donde los caños se congelaron. No estaban rotos, funcionaban bien, pero por el frío se congelaron. Entonces no tenían agua ni calefacción", relató.
El dirigente también señaló que durante la noche previa a la suspensión se registraron nevadas en sectores que no estaban contemplados dentro de las áreas de riesgo para la suspensión.
"A las 22 del miércoles estaba nevando en zonas bajas de San Carlos. Como no era considerado zona alta, no suspendieron. Después docentes y alumnos llegaron y se encontraron sin suministro de agua", indicó.
La propuesta del gremio apunta a crear una instancia permanente que reúna a los organismos técnicos que actualmente intervienen en las decisiones, pero incorporando también la experiencia de las comunidades educativas.
"Hoy participan Defensa Civil, Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, Infraestructura Escolar y otros organismos. Sus opiniones son científicas y no las objetamos. Lo que planteamos es que debe existir una mesa más institucional en el tiempo y con mayor participación de la gente de las escuelas", sostuvo Correa.
El proyecto también contemplaría mecanismos para que las autoridades de cada establecimiento puedan informar situaciones particulares.
"Si la directora corrobora que se congelaron los caños y no hay suministro de agua, se avisa y se suspenden las clases en esa escuela", ejemplificó.
Desde la Dirección General de Escuelas explicaron a Los Andes cómo fue el procedimiento aplicado durante la contingencia jueves. Ese día se avisó pasadas las 6:30 que se suspenderían las clases presenciales en todas las escuelas de todos los niveles de toda la provincia. En ese sentido, remarcaron que la suspensión de clases siempre constituye una medida excepcional.
Según explicaron, las decisiones no se toman únicamente en base a pronósticos, sino a partir de un monitoreo permanente que incluye información de Defensa Civil, Vialidad, municipios, Infraestructura Escolar y delegaciones regionales.
La DGE detalló que durante la madrugada del jueves se incorporaron nuevos reportes sobre hielo, transitabilidad y temperaturas que mostraron un deterioro de las condiciones inicialmente previstas.
De acuerdo con la cronología oficial, a las 5:30 se consolidó la nueva información, a las 6 se realizó una reevaluación integral y a las 6:30 se formalizó la ampliación de la suspensión a toda la provincia.
Desde el organismo sostuvieron que comunicar una decisión varias horas antes podría resultar contraproducente si las condiciones cambian durante la noche. Por eso aseguraron que priorizan la información más actualizada disponible al momento de resolver.