Suspenden el cobro del copago de 9% para los servicios médicos

Iban a tener que costearlo los afiliados ante la negativa de las obras sociales y prepagas a transferir ese aumento a las prestadoras como se había firmado en una resolución. Autoridades del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Servicios de Salud ratificaron que deberán hacerlo.

Las entidades que nuclean a clínicas, sanatorios y otras prestadoras de servicios de salud, dejarán sin efecto el 9% de coseguro que iban a empezar a cobrar a los afiliados a partir del 1 de enero.

El tema había causado mucho revuelo y un conflicto de intereses entre estas y las obras sociales y prepagas que habían anticipado que no podían cumplir con un acuerdo firmado en julio. Allí se estableció un aumento escalonado para los afiliados que debían transferir a las prestadoras para cumplir con los servicios de salud. El último era de 9% en enero pero surgió este inconveniente por lo que clínicas y sanatorios habían anticipado que no les quedaba más opción que cobrar el coseguro y que los afiliados reclamaran la devolución a sus obras sociales.

Tras una reunión realizada hoy en Buenos Aires con autoridades, se acordó suspender el cobro del coseguro de 9% a los afiliados para recibir prestaciones médicas que iba a implementarse a partir del 1 de enero.

La Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) emitió un comunicado por el que informó que deja sin efecto la implementación del copago para los pacientes de las citadas instituciones a partir del 1 de enero del 2022. Así lo difundió la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza (Aclisa).

Representantes de la FAPS fueron recibidos por autoridades del Ministerio de Salud y de la Superintendencia de Salud de la Nación, con el objetivo de buscar una solución a la problemática del sector planteada en las últimas horas.

Desde la entidad informaron que “las autoridades nacionales ratificaron a sus representantes la plena vigencia del incremento vigente del 9% a partir del 1 de enero de 2022. De esta manera, garantizaron al sector que arbitrarán las medidas para que se cumpla con el traslado del 9% correspondiente a enero por parte de las empresas de Medicina Prepaga y Obras Sociales de Dirección”.

Los representantes de la FAPS informaron una vez más a las autoridades nacionales la crítica situación económica de las empresas del sector prestador y la necesidad de implementar medidas de fondo que permitan sortear esta situación y construir las bases para un sistema sostenible.

El doctor José Luis Sánchez Rivas, Presidente de Aclisa y de la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Confeclisa) participó de la reunión que calificó como positiva.

“Se da por hecho el cumplimento de la resolución 2125 que se firmó en julio de 2021 que dice que las prepagas y obras sociales tienen que trasladar los aumentos que tengan a sus prestadores. Esto es lo que va a pasar y ha ratificado la Superintendencia y con eso se termina la alternativa de cobrar copago porque en realidad el aumento de 9% se va a dar a los prestadores”, explicó el médico.

El conflicto entre las obras sociales y prepagas con las clínicas y sanatorios generó revuelo los últimos días ante la posibilidad del cobro a los afiliados.

El desencuentro surge del anuncio de incumplimiento de un acuerdo entre estas partes por lo que las prestadoras de servicios de salud habían decidido a nivel nacional que si esto no se resuelve deberán trasladarlo al afiliado y cobrar un coseguro de 9% sobre todas las prestaciones a partir del 1 de enero.

“La medicina prepaga tenía acordado un aumento en cuatro tramos de 9% cada uno para sus afiliados y ese aumento tenía que trasladarlo a sus prestadores que somos las clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico, de emergencia, etcétera. El último tramo que es el 9% de enero nos habían comunicado que no podrá ser efectivo”, detalló Sánchez Rivas.

“Eso ya estaba pactado dentro de la paritaria nacional para aumentarle a nuestros trabajadores”, señaló ya que dijo que la paritaria la cubren con los aumentos que deben dar los financiadores: las obras sociales sindicales, Pami, etcétera

Explicó que hay un acuerdo firmado que dice que el aumento debe ser trasladado al prestador y por ello necesitaban cobrar ese 9% al afiliado para cubrirlo y el afiliado debería reclamar a la prepaga la devolución.

“Ellos son financiadores, manejan el dinero del afiliado, nosotros brindamos el servicio y cobramos a los 60 a 90 días”, advirtió.

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