Las universidades nacionales siguen movilizadas en reclamo de tener certezas para su financiamiento, víctima de la motosierra del presidente Javier Milei.
Convocan el Consejo Interuniversitario Nacional, los gremios del Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina
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Las universidades nacionales siguen movilizadas en reclamo de tener certezas para su financiamiento, víctima de la motosierra del presidente Javier Milei.
Para hoy se ha convocado a una jornada en todo el país que incluirá una marcha federal. En Mendoza también habrá acciones: La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) presentó un petitorio a los legisladores provinciales a lo que sumarán otras acciones.
El pedido es para que los legisladores nacionales aprueben en el Congreso un proyecto de ley de financiamiento que de certezas de largo plazo para contar con los fondos necesarios para sostener la actividad en las casas de estudio.
Se trata de una convocatoria del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), al que se suman los gremios del Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA).
La iniciativa incluye una serie de actividades que se llevarán a cabo durante toda la jornada en las distintas sedes universitarias del país, de manera simultánea con un paro nacional docente de 48 horas, que continuará hasta el viernes 27.Asimismo, en el marco de esta jornada, se busca reunir un millón de firmas en respaldo a la propuesta legislativa, tanto de manera presencial como a través del sitio web del CIN.
Esta mañana autoridades de la UNCuyo asistieron a la Legislatura donde fueron recibidos por legisladores y a los que les entregaron un petitorio.
Lleva la firma de la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sanchez y el vicerrector Gabriel Fidel.
“Lo que las universidades públicas argentinas pedimos es una Ley que asegure previsibilidad y permita establecer prioridades en el uso de los recursos públicos. Entendemos que debe garantizar un gasto más eficiente del dinero de todos. Sabemos que lo central, en el caso de esta Ley de Financiamiento, es que no estamos comprometiendo recursos destinados a actividades de otras áreas del Estado, ya que plantea una metodología que asegura el funcionamiento de las universidades vinculándolo con un porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI)”, señala el texto.
Y argumenta: “Pedimos una Ley de Financiamiento Universitario que es fundamental; porque asigna los recursos necesarios para un funcionamiento estable,porque asegura aulas en condiciones adecuadas para nuestros estudiantes, y porque permite otorgar becas que, para muchas personas, representan la posibilidad real de transformar su vida a través de la Educación Superior y el acceso al conocimiento científico”.
El documento también señala que el financiamiento de las universidades públicas argentinas “es una inversión necesaria, impostergable y estratégica para el presente y el futuro de la Nación, para su crecimiento y su desarrollo y, en este caso, busca también, crear un fondo especial para financiar carreras estratégicas para nuestro país”.
Además, hace referencia a la pérdida de capital humano por el contexto de recortes y bajos salarios: “Estamos perdiendo diariamente a nuestros docentes e investigadores que con muchos años de formación, eligen otros destinos internacionales para desarrollarse profesionalmente. Lo hacen porque se está tornando imposible para las universidades argentinas competir en salarios con otras casas de Estudio de Latinoamérica y el resto del mundo”
Con la presencia de Fidel, el petitorio fue recibido por Andrés Peti Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, y otros legisladores.
En tanto, se ha organizado una radio abierta frente al Rectorado. Contará con transmisión de streaming y la participación de diferentes voces de la comunidad universitaria.
El eje del reclamo es un proyecto de ley presentado el 28 de mayo en el Congreso de la Nación, cuyo objetivo es asegurar el funcionamiento del sistema universitario y científico en Argentina. Se da en un contexto de recortes de fondos para las casas de estudio y el atraso salarial de los trabajadores que incluyen docentes e investigadores.
El origen del conflicto se remonta a principios de 2024, cuando el gobierno nacional decidió prorrogar el presupuesto aprobado para 2023, que había sido sancionado a fines de 2022.
Argentina cerró 2023 con una inflación acumulada del 211,4 %, la más alta del mundo, lo que hacía evidente que resultaría inviable sostener el funcionamiento del sistema universitario con los mismos recursos.
Esta situación provocó una fuerte reacción por parte de las universidades, generando tensiones entre autoridades académicas y funcionarios del gobierno, y despertando el respaldo de amplios sectores de la sociedad.
Ante esto, se presentó un proyecto de ley de financiamiento en el Congreso de la Nación. Sin embargo, los intentos por garantizar un financiamiento acorde chocaron nuevamente con la negativa del Poder Ejecutivo. El 13 de septiembre, el Congreso aprobó esa Ley de Financiamiento impulsada por el CIN, que proponía una actualización presupuestaria por inflación con retroactividad al 1° de diciembre de 2023, además de establecer un mecanismo de ajuste mensual para los presupuestos futuros. Pero el presidente Milei, quien ya había advertido que vetaría la norma en caso de ser sancionada, efectivamente lo hizo, argumentando que contradecía los objetivos de equilibrio fiscal de su administración.
Para el ciclo 2025, el gobierno recurrió nuevamente a la prórroga presupuestaria, aplicando ajustes sobre el presupuesto 2023. Según datos difundidos por la Universidad Nacional de San Martín, los fondos asignados a las universidades este año representan apenas el 50 % de lo necesario para su funcionamiento. Esto ha provocado una fuerte reducción en las actividades académicas, de investigación y de extensión. En este contexto, la inflación acumulada durante 2024 fue del 117,8%.
Ante esto, el CIN volvió a presentar un nuevo proyecto legislativo, que es el que ahora defienden.
La rectora de la UNCuyo explicó que el objetivo de la propuesta es dar previsibilidad a los fondos necesarios para el funcionamiento de todo el sistema universitario: “Recordemos que en el año 2024 y el año 2025 tenemos presupuesto reconducido, o sea, es un presupuesto que no se elaboró ni se presentó conforme a las necesidades en su momento, sino que se recondujo un presupuesto que se definió en noviembre del 2022”, refirió. “Entonces -continuó- esta propuesta lo que hace es asegurarse, mediante una metodología, que se respete precisamente el financiamiento no solo de todo lo que tiene que ver a nivel salarial, sino también el funcionamiento de las universidades”.