Las universidades públicas nacionales llevan un arduo peregrinaje para garantizar su financiamiento desde que asumió la presidencia Javier Milei. Es que el presupuesto asignado fue víctima de la famosa motosierra.
Las universidades nacionales siguen recibiendo menos de lo que requieren, recortan y gastan ahorros para obras. El conflicto y qué plantea la nueva propuesta tras el veto presidencial.
El Consejo Interuniversitario, que nuclea las universidades del país, presentó un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento. | Foto: NA
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Las universidades públicas nacionales llevan un arduo peregrinaje para garantizar su financiamiento desde que asumió la presidencia Javier Milei. Es que el presupuesto asignado fue víctima de la famosa motosierra.
Desde el ciclo 2024 las 60 casas de estudio que hay en el país tienen serios problemas para sostenerse debido a que quedó desactualizado en un contexto altamente inflacionario, tanto en 2023 como en 2024.
Por eso hoy, el Consejo Interuniversitario, que nuclea las casas de altos estudios del país, presentó un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento que al menos les da algunas garantías para gestionar los recursos. Esto, luego de que el proyecto anterior, aprobado por el Congreso de la Nación, fuera vetado por el presidente de la Nación en octubre del año pasado.
“Hoy a las 11 fue llevado el proyecto de financiamiento para la educación universitaria presentado en el Congreso por el presidente y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)”, informó la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) Esther Sánchez.
Destacó que se trata de un proyecto elaborado con la participación de los diferentes actores que conforman la comunidad del sistema universitario argentino, lo que incluyó a la Federación Universitaria Argentina, que representa a los estudiantes y los gremios docentes y no docentes. La casa de estudios agregó que cuenta con el apoyo del sector científico, también afectado por los recortes y ligado a las universidades.
La rectora explicó que el objetivo de la propuesta es dar previsibilidad a los fondos necesarios para el funcionamiento de todo el sistema universitario: “Recordemos que en el año 2024 y el año 2025 tenemos presupuesto reconducido, o sea, es un presupuesto que no se elaboró ni se presentó conforme a las necesidades en su momento, sino que se recondujo un presupuesto que se definió en noviembre del 2022”, refirió. “Entonces -continuó- esta propuesta lo que hace es asegurarse, mediante una metodología, que se respete precisamente el financiamiento no solo de todo lo que tiene que ver a nivel salarial, sino también el funcionamiento de las universidades”.
En tanto, la UNCuyo marcó su postura firme en una publicación: “Reafirmamos la necesidad de una Ley que, de manera clara y transparente, establezca los recursos que corresponden al sistema universitario y su financiamiento, y permitir así una planificación inteligente de los gastos”.
El conflicto se remonta al inicio de 2024 cuando el gobierno nacional simplemente aplicó el mismo presupuesto de 2023 que se había aprobado a fines de 2022.
Argentina terminó 2023 con la inflación más alta del mundo: 211,4%, con lo cual quedaba claro que difícilmente pudiera sostenerse el funcionamiento con el mismo dinero.
La situación generó una fuerte reacción de las universidades, no exenta de ásperos conflictos entre autoridades y funcionarios, y que contó con el apoyo de un amplio sector social. La imagen más representativa fue la marcha convocada a nivel federal el 23 de abril del año pasado, que reunió a alumnos, docentes, directivos, egresados y población en general bajo una única bandera: “En defensa de la universidad pública”. Miles de personas salieron a las calles de todas las provincias y mostraron una postal que dio cuenta del impacto de las medidas.
Fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que conforman los rectores, y en la Ciudad de Mendoza reunió a más de 40.000 personas. Por ese entonces reinaba la incertidumbre y las universidades aseguraban que no había garantías para sostener la actividad. En el medio, miles de estudiantes quedaban en vilo sobre la continuidad de sus estudios.
Ante esta reacción el gobierno decidió dar un incremento de 270% sobre lo correspondiente al ítem de funcionamiento, que es el 10% del total del presupuesto universitario y se destina al pago de servicios.
Pero el 90% restante se requiere para salarios y eso arrastró otra problemática, que ha generado innumerables reclamos, tanto por parte de los docentes como de las autoridades universitarias. Los paros de los trabajadores se han sucedido desde entonces.
El intento de lograr alguna seguridad presupuestaria se topó nuevamente con la negativa del gobierno el año pasado. El 13 de setiembre, el Congreso sancionó el proyecto de Ley de Financiamiento presentado por el CIN. Este establecía una actualización por inflación del presupuesto para las universidades nacionales con retroactividad al 1° de diciembre de 2023. Además, contemplaba el mismo mecanismo para los presupuestos futuros con una actualización mensual. Milei había anticipado que, de ser aprobada, vetaría la norma. Y lo hizo. El argumento fue que tal cosa atentaría contra el equilibrio fiscal que persigue su gestión.
Para el ciclo 2025, el gobierno nacional aplicó el mismo recurso y extendió el presupuesto 2023 con ajustes. Según ha publicado la Universidad Nacional de San Martín, el presupuesto asignado a las universidades para este año representa solo el 50 % de lo requerido para su funcionamiento, lo que ha llevado a una reducción significativa en las actividades académicas, de investigación y extensión. En 2024 la inflación en Argentina alcanzó 117,8%.
“Esta ley lo que hace es plantear una metodología que asegure el financiamiento de las universidades -explicó Sánchez- en ese sentido, lo que plantea es la necesidad de una recomposición salarial”. Recordó que en enero del 2024 no hubo recomposición para el sector universitario. Agregó que también contempla el llamamiento a paritarias para docentes y no docentes.
Resumió que, en definitiva, propone un mecanismo de financiamiento que no comprometa los fondos para otras actividades y asegure el funcionamiento de las universidades, en el marco de una política de Estado.
La propuesta busca implementar la inversión en educación universitaria para sostener el ingreso, la permanencia y la terminalidad de los estudiantes. También garantizar las condiciones laborales y salariales del personal universitario y asegurar el mantenimiento y la infraestructura de las universidades.
Entre los objetivos de la norma también se cuenta crear un fondo para carreras estratégicas, aumentar los montos de las becas nacionales e incrementar progresivamente el aporte destinado a educación universitaria.
“Una de las cosas que plantea es que la financiación del sistema universitario sea un porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI). Esto, de alguna manera, ata los ingresos al financiamiento del sistema”, explicó. Detalló que hoy el porcentaje del PBI que está destinado a educación superior es del 0,4% e hizo referencia a antecedentes de promedios del 0,8%. “La propuesta que se hace en este proyecto de ley es que esa participación se incremente al 1% para el año 2026 y hasta un 1,5% para el año 2031”, especificó Sánchez.
Además de los recortes en las actividades, se ha debido apelar a los ahorros dispuestos para obras para destinarlos a sostener el funcionamiento esencial. Es que reciben prácticamente la mitad de lo que requieren para solventar los servicios.
“En el caso de servicios básicos, todos los meses tenemos una necesidad, más gastos de vigilancia y funcionamiento, de 600 millones de pesos y estamos recibiendo aproximadamente 340 millones de pesos. Esa diferencia tenemos que sacarla de otros fondos que tenemos como ahorros”, detalló Sánchez al ser consultada.
También se refirió a la auditoría que dispuso el gobierno nacional para revisar en qué gastan el dinero que se les asigna: “No hay en la AGN (Auditoría General de la Nación) la cantidad de funcionarios necesarios para hacer esta actividad, así que ha sido pospuesta para fin de año, para noviembre”.
