La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología pidió a las instituciones educativas retornar a las arcas del Estado subvenciones que cobraron.
La Universidad de Buenos Aires debe rendir $896 millones. / Foto archivo
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El gobierno de Javier Milei sigue avanzando con su auditoría general sobre el uso de fondos públicos en la ciencia, la educación y la tecnología. En un movimiento que marca la continuidad del ajuste estatal y la revisión de partidas ejecutadas por gestiones anteriores, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología reclamó oficialmente a más de 670 instituciones y universidades el reintegro o la rendición de cuentas por un total aproximado de $33.000 millones.
La medida, ya publicada en la resolución 77/2025 en el Boletín Oficial, establece un plazo máximo: las instituciones beneficiarias tienen tiempo hasta el 30 de junio de 2025 para justificar el destino de los fondos recibidos o, en su defecto, devolver el dinero no ejecutado -con intereses si corresponde-. Después de esa fecha no se aceptarán prórrogas ni extensiones, y el incumplimiento habilitará acciones legales de recupero.
"Rinden o la devuelven", resumió sin vueltas Darío Genua, secretario de Ciencia, Innovación y Tecnología, en sus redes sociales.
Según el relevamiento oficial, entre las 672 entidades con rendiciones pendientes, hay siete que concentran las mayores deudas, todas por encima de los $400 millones.
La lista está encabezada por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que adeuda más de $902 millones, seguida por la Universidad de Buenos Aires (UBA) con $896 millones.
También figuran la Universidad Nacional Arturo Jauretche ($683 millones), la Universidad Nacional de La Plata ($581 millones), la Universidad Nacional de General San Martín (Unsam) (unos $572 millones), la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de la Provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Hurlingham.
El Gobierno nacional aclaró que esta exigencia no implica una nueva erogación presupuestaria, sino el cumplimiento estricto del Reglamento General de Rendición de Cuentas (Res. Nº 795/23), norma que ya regía desde noviembre del año pasado.
Se trata de una medida en sintonía de la lógica de control y racionalización del gasto que caracteriza al actual oficialismo, pero también tensiona el vínculo con el sistema científico nacional, históricamente dependiente del financiamiento estatal y hoy en estado de alerta por los recortes y la incertidumbre presupuestaria.