Aseguran que una mujer acusada de no impedir el abuso de su hija “es víctima de una causa armada”

El proceso penal que enfrenta María Ovando en la provincia de Misiones, acusada de no impedir el abuso sexual de una de sus hijas y una nieta, fue cuestionado hoy por referentes del movimiento feminista de esa provincia e integrantes del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, quienes señalaron hoy que la mujer “es víctima de una causa armada”.

Durante un conversatorio virtual efectuado para reclamar la absolución de Ovando, integrantes del equipo aseguraron que la mujer “es víctima nuevamente de una causa armada” en referencia al caso en el que en el año 2012 estuvo en prisión acusada de dejar morir a una de sus hijos por desnutrición.

“Esta vez la responsabilizan de no haber evitado los abusos sexuales de una hija y una nieta. Construyeron una acusación que pretenden sostener con el testimonio de las niñas en una Cámara Gessel donde claramente se las revictimizó y se las manipuló en la búsqueda de incriminar a María”, dijeron integrantes del equipo de derechos humanos.

El conversatorio fue organizado para analizar los alegatos que presentaron las partes, de cara a la sentencia que el Tribunal dictará el miércoles de la próxima semana, y reafirmar el pedido de absolución de María.

Uno de los abogados de la acusada consideró que “es la lucha del movimiento de mujeres la que mantiene libre a María y son las mujeres las que la van a salvar de una condena injusta”.

Desde el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género afirmaron que “los alegatos del fiscal Federico Rodríguez hay que analizarlos por la descarga de odio que demostró”.

"En tres horas atacó primero a los defensores de María, después a plantearla a ella como si fuese un monstruo, y trajo testimonios que ya habían sido descartados por inverosímiles o falsos, e insistiendo con la idea de que era necesario un ‘castigo ejemplar’.

El mes pasado, este equipo y referentes del feminismo habían pedido la recusación del fiscal Rodríguez por “hostigamiento y estigmatización” hacia María Ovando.

“Encarcelada en el 2011 por la muerte de Carolina, su pequeña hija que se murió en sus brazos mientras intentaba llegar a un hospital de la zona. María vivía en la extrema pobreza, a los 37 años había parido 12 hijos. Fue madre a los 14 años, parió su primeros hijos e hijas en medio de golpes y en algunos casos en la más extrema soledad. El estado solo apareció en su vida para juzgarla”, aseguraron.

“María fue absuelta en noviembre del 2012, tras una campaña nacional del movimiento de mujeres que visibilizó la trama de criminalización de mujeres del gobierno de la provincia de Misiones”, indicaron en la petición, e afirmaron que “su absolución no significó el cese de la persecución, el hostigamiento y la revictimización de parte del Poder Judicial”.

El 7 de octubre pasado, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur (Parlasur) aprobó por unanimidad un proyecto de declaración sobre el caso de María Ovando.

Allí se insta a la justicia misionera a que dicte fallos “con enfoque de género, que cese la persecución y hostigamiento judicial sobre su persona” y pide la intervención de la CIDH en el seguimiento del tema.

El Parlasur declaró en el artículo 1 del proyecto que “la justicia misionera sentencie con perspectiva de género” y denunció “vestigios patriarcales” y una “clara criminalización de la pobreza”.

“Solicitamos el cese de la persecución y hostigamiento judicial sobre su persona”, indica en el artículo 2, y exige el “debido proceso libre de discriminación y violencia institucional sobre quien es víctima de un sistema que no le ha garantizado desde su nacimiento derechos fundamentales para su desarrollo como persona”, destaca la declaración.

El artículo 3 requiere “a los organismos y autoridades competentes de la provincia de Misiones que brinden a la señora María Ovando y a sus hijos la asistencia humanitaria, económica y psicológica”.