Insólito: los abogados del Caso Próvolo juntan plata para pagar el dispenser de agua durante las audiencias

El segundo de los juicios por los abusos sexuales a niños sordos y niñas sordas en el instituto religioso Antonio Próvolo (Luján de Cuyo) transcurre por estos días en el flamante Polo Judicial de Mendoza, ubicado en el imponente predio situado al oeste de la cárcel de San Felipe, en la Ciudad de Mendoza.

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El primero de los procesos, que tuvo a 2 curas y otros 2 ex empleados condenados a prisión tras ser declarados culpables de abusar sexualmente y de manera sistemática a niños y niñas en el instituto, tuvo lugar en el histórico palacio judicial, ubicado en el barrio Cívico. Y aunque el segundo de los juicios, que tiene a 2 monjas y otras 7 ex trabajadoras imputadas, comenzó en el edificio de Tribunales hace más de 2 años, hace ya un tiempo se trasladó y transcurre por estos días en el novedoso Polo Judicial.

Sin embargo, es aquí -más precisamente en el Fuero Penal Colegiado- donde se registra una atípica situación: las partes deben hacer una colecta (o turnarse) para renovar periódicamente el bidón del dispenser del agua que se bebe mientras duran las audiencias presenciales en el lugar.

Abogados querellantes (quienes representan a las víctimas), abogados defensores (de las 9 imputadas, acusadas por encubrir los abusos y hasta por ser autora de algunos -en el caso de la monja Kumiko Kosaka-) y hasta los representantes del Ministerio Público Fiscal que intervienen en el juicio se ponen de acuerdo a través de un grupo de WhatsApp para costear el nuevo bidón de agua y renovarlo cuando queda poco líquido en su interior.

Los jueces que integran el tribunal, en tanto, queda excluidos de la colecta ya que llevan su propia agua desde sus despachos.

Una “vaquita” o por turnos

El segundo juicio por los abusos en el instituto religioso de Carrodilla, que inició en mayo de 2021, comenzó su etapa de alegatos de cierre hace dos semanas. Ya en el moderno Polo Judicial, en el Fuero Penal Colegiado, las partes comenzaron con su exposición previa antes de hacer su correspondiente pedido relacionado a cómo consideran que debería resolverse el juicio.

El primero en exponer fue el fiscal, Alejandro Iturbide, mientras que luego continuaron -y seguirán- los abogados de las víctimas. Para la etapa de alegatos de la parte acusatoria, se prevé cerca de un mes de alegatos.

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Luego será el turno de los abogados defensores de las imputadas (9 mujeres), que -se prevé- durará cerca de un mes más, aproximadamente. Y es para esta etapa que se van turnando entre ellos para renovar y comprar el nuevo bidón de agua del dispenser.

De hecho, ya están organizados entre sí los abogados para saber a quién le toca costear cada una de las renovaciones, que -incluso- hasta las abonan vía Mercado Pago. Y es la administradora del tribunal quien se encarga de hacer la colecta para pagarle al repositor.

Incluso, no todo queda allí. Porque, además, en la sala no hay internet propio todavía. Esto desencadena en que las partes e, incluso, los magistrados deban recurrir a sus datos para mantenerse comunicados ante alguna eventual urgencia.

La situación de las imputadas

De las 9 mujeres imputadas, la situación más comprometida -a juzgar por las imputaciones- es la de la monja Kumiko Kosaka. Y es que la religiosa está imputada en 3 causas, no solo por encubrimiento, sino también por haber abusado a -por lo menos- uno de los ex alumnos cuando este era menor y dormía en el albergue del instituto.

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La ex representante legal del lugar, Graciela Pascual, también está comprometida, de acuerdo a la acusación. Y es que si bien la trabajadora social no tiene imputaciones como autora, es quien más involucrada aparece por las declaraciones de los chicos y las chicas como partícipe por omisión (es decir, hay elementos suficientes para inferir que sabía lo que ocurría dentro del instituto y nunca lo denunció).