Juan Herrera trabaja en el parque desde los años 80 y hace pocas semanas brindó servicios gratuitos a veteranos de Malvinas para que hicieran cumbre. Sostiene que el nuevo esquema de concesiones favorece a grandes empresas, encarece los costos y limita el acceso de deportistas con presupuestos acotados.
Parque Provincial Aconcagua.
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Hace dos semanas el Gobierno de Mendoza presentó el llamado a Licitación Pública Nacional para concesionar la prestación de servicios en los campamentos base y de aproximación del Parque Provincial Aconcagua. El anuncio lo realizó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, junto a la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa. Pero la propuesta puso en alerta a muchos pequeños prestadores.
La convocatoria apunta a otorgar concesiones por 20 años para la prestación de servicios en campamentos como Confluencia, Pampa de Leñas, Casa de Piedra, Plaza de Mulas y Plaza Argentina. Según se informó, el objetivo es “jerarquizar los servicios”, establecer reglas claras, garantizar trazabilidad económica y reforzar las exigencias ambientales en la montaña más alta de América.
El nuevo esquema prevé que, una vez adjudicada la licitación, solo podrán operar quienes resulten concesionarios, quedando sin efecto los permisos actuales. El pliego fija un sistema de evaluación en el que el plan de gestión ambiental tendrá un peso determinante: 40 de los 60 puntos mínimos exigidos para la adjudicación corresponden a ese componente. También se incorporan exigencias vinculadas a gestión de residuos, uso de agua, energías renovables, medición de huella de carbono y planes de compensación ambiental.
Desde el Ministerio sostienen que el proceso es la consolidación de una política iniciada años atrás, que tuvo un paso clave con la Ley 9570 de zonificación del parque sancionada en 2024. El modelo busca ordenar la actividad, fortalecer el control estatal y dar previsibilidad a las inversiones privadas bajo estándares ambientales más estrictos.
Sin embargo, entre algunos prestadores históricos del parque el anuncio generó preocupación.
Juan Herrera trabaja en el Aconcagua desde mediados de los años 80. Comenzó como deportista, luego fue guía y desde la temporada 1992/93 opera como prestador de servicios. Tiene campamentos, mulas y estructura logística en la ruta normal, con base en Confluencia y Plaza de Mulas.
“Empecé como deportista, después continué como guía y terminé armando mi empresa. Hace 35 años que trabajo en esto”, explicó en diálogo con este medio.
Herrera brinda servicios integrales, pero también opciones parciales para quienes no contratan paquetes completos. “Siempre hemos atendido a todo tipo de turista, pero con una amplitud de criterio donde el deportista, a veces, te pide nada más que mulas; a veces, una comida. Estamos con servicio hacia el deportista y hacia la gente que te pide servicios puntuales”, detalló.
Según su visión, el nuevo esquema consolida un modelo que deja afuera esa modalidad. “Esta temporada cinco o seis empresas hicieron un paquete donde sí o sí venden comida y mulas por siete días. Eso limita al deportista. Hay gente que necesita menos días, pero la obligan a contratar todo junto y más caro todavía”, señaló.
Y agregó: “El modelo de parque que postulan desde esta licitación implica que ni los mendocinos, ni los argentinos ni los latinoamericanos van a tener la misma posibilidad de hacer cumbre. Con los términos pautados, el Aconcagua queda como un producto turístico de alta gama, dejando de lado a los deportistas”.
Herrera asegura que hay al menos cuatro o cinco empresas en situación similar a la suya, que se enteraron de los detalles del pliego hace pocos días y analizan cómo proceder. “Es un laberinto. Sabemos que no vamos a llegar, por una circunstancia económica más que nada”, afirmó.
Para ilustrar su planteo, Herrera recordó una experiencia reciente. “En mi caso le di los servicios a los veteranos de Malvinas, pero gratis. No les cobré nada. Inclusive yo los guié sin cobrarles”, contó.
Según relató, si su empresa no hubiera estado operando en el parque, esos excombatientes no habrían tenido la posibilidad de intentar el ascenso. “Si yo como empresa no hubiera estado, ninguna de estas empresas les hubiera dado la posibilidad de subir a esta gente”, sostuvo.
En cambio, explicó que un grupo de veteranos británicos sí contrató un servicio completo desde el exterior con otra empresa.
“Para que veas la magnitud de la cosa. No es porque yo me vaya, porque si me tengo que ir, me iré. El tema es la repercusión: hay gente que no va a poder entrar directamente”, dijo.
Otro punto que plantea el prestador es la inversión realizada durante décadas en infraestructura específica para el Aconcagua.
“Tengo 30 años de inversión adentro y afuera. No la puedo trasladar a otro cerro. Esto es específico de acá. Entonces pierdo todo. Y si no lo voy a tener que bajar. Tengo un daño y perjuicio que el Estado no me va a reconocer”, advirtió.
Además, cuestionó el argumento oficial sobre la necesidad de mejorar servicios. “Hoy los prestadores bajamos las excretas de altura, las excretas de mulas, entubamos el agua, bajamos la basura, ponemos los baños. Cuando te dicen ‘mejorar los servicios’, en realidad ya los servicios los brindamos los prestadores”, señaló.
Herrera remarcó que su empresa cumple con los requisitos legales vigentes. “Nos pidieron ser empresa de viaje y turismo, estamos inscriptos en todo lo que corresponde. No es que esto sea un descalabro como se quiere mostrar para justificar la licitación”, afirmó.
Desde el Gobierno provincial sostienen que la licitación garantiza igualdad de oportunidades, transparencia y competencia abierta, y que permitirá ordenar de manera integral la actividad de apoyo a ascensos y trekking bajo criterios de sostenibilidad y control ambiental.
Entre los prestadores más pequeños, en cambio, crece la inquietud por las condiciones económicas y técnicas exigidas para competir por concesiones a 20 años, en un esquema que concentrará la operación en quienes resulten adjudicatarios.
Mientras el proceso avanza y la apertura de ofertas está prevista para fines de marzo, el debate se instala en torno al modelo de gestión del Aconcagua: si priorizará la inversión de mayor escala con estándares ambientales reforzados o si podrá sostener la diversidad de operadores y modalidades que, durante décadas, convivieron en la montaña.
