“El Gobierno de Mendoza ha dado un paso fundamental en la lucha contra el acoso escolar al enviar a la Legislatura un proyecto de ley que propone modificar el Código de Contravenciones para que los padres, madres y tutores sean también responsables por los actos de bullying cometidos por sus hijos”, informó el Ejecutivo provincial.
La iniciativa plantea un enfoque integral contra el acoso escolar que combina sanciones, medidas educativas y protocolos de intervención. “Mendoza busca educar a agresores y comprometer a las familias”, subraya el área.
El caso que encendió las alarmas en Mendoza
El 10 de septiembre, una adolescente de 14 años ingresó armada al colegio Marcelino Blanco de La Paz, amenazó a sus compañeros, efectuó disparos y se atrincheró durante cinco horas. La situación obligó a desplegar equipos de mediación, grupos especiales de seguridad y activó estrategias de diversas áreas.
bullying
El Gobierno de Mendoza presentó un proyecto para responsabilizar a los padres en situaciones de bullying y conductas violentas en el ámbito escolar.
“Es la primera vez que este antecedente sucede en una escuela de la provincia y que se activa el protocolo por haber realizado dentro de una escuela disparos de un arma de fuego”, señaló en ese momento el ministro de Educación y titular de la DGE, Tadeo García Zalazar. Fue en esa conferencia conjunta con la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, y la subsecretaria de Salud, Carina Coparoni, cuando el Gobierno adelantó que impulsaría reformas legales para establecer la corresponsabilidad de las familias.
Daniela García, jefa de Gabinete de la DGE señaló que es un proyecto que ya se venía trabajando desde antes y dijo que, de hecho, las investigaciones no han constatado que el caso de la paz sea de bullying. Asimismo, si bien ahora se apunta a este tipo de situaciones, la idea es quizás luego incorporar otras conductas que sea necesario abordar.
Ahora, esta iniciativa aplicará en todas las escuelas primarias y secundarias cuando estudiantes que asistan a alguna de ellas, del mismo o distinto establecimiento, se vean involucrados en estas situaciones. Esto tanto dentro del edificio como afuera así como en casos producidos en entornos digitales.
Un nuevo protocolo para las escuelas
El proyecto incluye un Protocolo de Actuación frente a casos de bullying, que busca dar herramientas concretas a directivos, docentes y equipos técnicos.
“El bullying no es un juego ni una broma pesada. Es violencia que lastima, que deja marcas profundas en nuestros chicos y chicas. Por eso damos este paso: para que la escuela no esté sola en este desafío: necesitamos familias presentes y corresponsables”, expresó García Zalazar en la presentación.
El documento es una actualización de lo ya existente y establece un paso a paso para intervenir: desde la identificación del caso, el registro y la comunicación con las familias, hasta el plan de acción inmediato, el seguimiento y el cierre del proceso. También incorpora criterios de gravedad y circuitos de derivación a equipos técnicos, organismos de protección y, en casos extremos, a la Justicia.
“De esta manera, Mendoza contará con una herramienta integral que brinda seguridad a docentes y familias sobre cómo actuar”, remarcó la DGE.
La propuesta apunta a dar recursos para saber cómo actuar ante estas situaciones críticas, que aunque no lleguen a ese límite se presentan cada vez más en la convivencia escolar, lo que implica un enorme desafío para las comunidades escolares.
Cuándo se aplican sanciones y multas
“Es un protocolo que ha sido trabajado interdisciplinariamente por varios tipos de profesionales, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, etcétera (...) es nuevo, adecuado a las circunstancias y al contexto social actual”, destacó García.
Refirió que implica convocar a reuniones y abordajes a los padres de víctima y victimario. Cuando estas instancias no dan su fruto, se pasa a la instancia del Código Contravencional. Mencionó que parte del problema es que muchas veces los padres no acuden a las convocatorias del sistema escolar o le restan importancia a la situación, por lo que la incorporación como contravención les dará obligatoriedad en el cumplimiento del compromiso.
Ciclo lectivo
Un proyecto de ley de la DGE contempla sanciones para padres, madres o tutores que no acompañen a sus hijos en la corrección de conductas violentas
“Ahí sí se le aplica por incumplimiento de los compromisos asumidos una sanción a los padres o tutores e incluso hay una hay un agravante por reincidencia”, si el niño, niña o adolescente repite estas acciones.
Agregó además que este protocolo lleva también una capacitación que será obligatoria para todos los docentes. “Se pondrá una ventana de tiempo para hacerla y la hará el IPAP (Instituto Provincial de Administración Pública), que es el instituto que hoy forma y da capacitaciones a todos los agentes públicos”, detalló.
Hoy el código contravencional ya tiene sanciones por situaciones de violencia contra los docentes.
Qué sanciones prevé la DGE para las familias
El proyecto de ley contempla sanciones para padres, madres o tutores que no acompañen a sus hijos en la corrección de conductas violentas. Estas van desde trabajo comunitario hasta multas económicas, además de instancias de mediación y talleres de parentalidad para prevenir reincidencias.
Estas son trabajo comunitario por un periodo de 5 a 50 días. Además el juez podrá aplicar una sanción pecuniaria que implica una multa de entre 500 UF (unidades fiscales) a 5000 UF. Esto implica sumas de entre $21.000 y $2.100.000. Hay que tener en cuenta que el valor de la UF se actualiza. El juez contravencional podrá duplicarlas si hay reincidencia.
“Se trata de una iniciativa con un enfoque educativo y reparador”, subrayan desde la DGE. El objetivo —aclaran— no es meramente sancionar, sino comprometer a las familias en la crianza y el acompañamiento de sus hijos, promoviendo valores de respeto, empatía y convivencia.
El Gobierno escolar resume su propuesta en tres ejes: “cuidar a las víctimas, educar a los agresores y comprometer a las familias”.
Bullying: una problemática global
El bullying y el ciberbullying, señalan las autoridades, no son un problema exclusivo de Mendoza. “Son hoy una de las principales preocupaciones de las comunidades educativas en todo el mundo. Mendoza responde con una decisión firme que combina ley, protocolo y compromiso institucional”, destacaron.
El Ejecutivo provincial busca enviar un mensaje claro: “ninguna forma de violencia entre pares será tolerada”. Para ello, las escuelas tendrán un marco legal y herramientas de intervención, y las familias deberán asumir el rol que les corresponde.
Es importante tener en cuenta que los especialistas ya han advertido que tras la pandemia de Covid se incrementaron los problemas en la convivencia en las escuelas. Asimismo, el territorio donde se realza el bullying se ha ampliado para dejar de ser un aula, el patio del colegio o la calle a la salida del establecimiento, sino que las redes sociales han sido un caldo de cultivo que además propicia un contexto menos visible para los adultos que pueden actuar de manera preventiva y acompañar. A esto hay que sumar que los últimos años se ha observado un aumento de problemáticas de salud mental entre los adolescentes e incluso entre púberes y niños que preocupa. Estos incluso llegan a situaciones de gravedad como las autolesiones, que también han ido en aumento.
