Ese flagelo silencioso, que es el bullying, y que se vive a diario en muchas escuelas mendocinas volvió al centro de la escena pública tras un fallo inusual en la provincia esta semana: la Justicia condenó a la Dirección General de Escuelas (DGE) a indemnizar con más de 4,5 millones de pesos a una alumna de un colegio de Godoy Cruz que sufrió acoso sistemático durante un año, porque las autoridades escolares no activaron los protocolos vigentes ni brindaron apoyo adecuado a la víctima, quien terminó internada en el hospital Notti por una crisis de angustia. Así, el fallo resolvió que la escuela no garantizó su integridad física y emocional. La DGE anunció apelará el fallo millonario.
El caso reabre el debate sobre responsabilidad institucional y la urgencia de respuestas frente al abuso entre pares. Por eso, Los Andes consultó a tres referentes nacionales y provinciales en la temática, que coinciden en que este fallo sienta un precedente clave: no solo visibiliza la gravedad del bullying sino que expone la desarticulación entre escuela, familia, políticas públicas y salud mental.
Advierten que judicializar el hostigamiento escolar es una vía excepcional y costosa, que suele llegar tras varios fracasos previos. Mientras Alejandro Castro Santander resalta el valor simbólico del fallo, María Zysman lo ve como un llamado a la acción colectiva, y Mayra Gómez, de la Asociación Bullying Mendoza (ABUME), lo celebra como un paso jurídico inédito para la provincia.
“El bullying no es un conflicto; es abuso de poder entre pares”
Para Castro Santander, educador y miembro del Observatorio Argentinos por la Educación, el caso revela un problema estructural: la pobre gestión de la convivencia escolar. “Las escuelas no solo deben garantizar educación, sino también la integridad física y moral de los alumnos. Hay protocolos, normativa, pero falla la aplicación”, sostiene. Lo que sorprende es que, pese a las reiteradas denuncias, la escuela solo redactó actas, sin intervenir en otras áreas. Incluso señala que separar a la víctima del grupo, en lugar de protegerla, la aisló. Y advierte: "El bullying no es un conflicto, es violencia asimétrica, hay abuso de poder; por ende, hay que proteger a la víctima antes que nada".
Castro Santander también alerta sobre un “subregistro”: muchos chicos sufren bullying y no lo denuncian. La razón, dice, es que los adultos no construyen espacios de confianza. Celebra que el fallo reconozca la responsabilidad civil de la escuela, aunque cree que la indemnización podría ser mayor. Y plantea: ¿Por qué no investigar también la responsabilidad de las familias agresoras, especialmente cuando hay evidencia de hostigamiento, incluso por parte de la familia del agresor?
“Si un caso se judicializó es que fallamos todos”
La psicopedagoga María Zysman, fundadora de Libres de Bullying Argentina, considera que el caso desnuda fallas encadenadas. "Cuando se judicializa es porque todos fallamos: escuela, padres y comunidad educativa", dice desde Buenos Aires. Lejos de ver el fallo solo como victoria legal, propone pensarlo como oportunidad para revisar prácticas: “Aceptar que hay bullying en una escuela habla bien, porque significa que lo reconoce y está dispuesta a intervenir”.
Zysman lamenta que muchas veces las instituciones niegan el problema por temor a ser juzgadas. Advierte la falta de articulación con salud mental y gabinetes psicopedagógicos, un drama nacional. "Estamos rotos como sociedad, y eso aparece en la escuela. Los chicos son los más vulnerables", dice. Además, enfatiza la importancia de trabajar con el grupo completo, no solo víctima y victimario: dar herramientas a los niños testigos, fortalecer redes y construir refugio desde pares. "No se resuelve con protocolos ni con plata: se resuelve con mirada atenta, escucha, articulación y acciones concretas", concluye.
“Este caso abre la puerta a nuevas denuncias”
Mayra Gómez, presidenta de ABUME, aseguró a este diario que el fallo es un paso histórico. "Este caso muestra que las escuelas están desbordadas y sin herramientas. Pero también que las familias pueden accionar judicialmente cuando no hay respuestas del Estado", afirma. Desde hace años, su organización ofrece asesoramiento jurídico a familias cuyos hijos son víctimas. “Este fallo marca un precedente para Mendoza y abrirá la puerta a nuevos casos”, anticipa.
Gómez advierte que la escuela no es responsable de que el bullying suceda, salvo que permita que el problema se prolongue. Critica que en este caso solo se hayan labrado actas, sin agotar vías de intervención más fuertes. Además, advierte que cambiar de turno o escuela puede generar desarraigo para la víctima. “Cada situación es distinta y debe analizarse desde el dolor de esa familia”, explica. Y subraya: “El acompañamiento tiene que ser integral: institucional, jurídico y emocional”.
Los especialistas coinciden en que el abordaje del bullying no se agota en sanciones ni normativas. Reclaman una mirada sistémica, articulada entre escuela, salud, políticas de gobierno y familia. Y piden instancias de escucha reales y un sistema de protección efectivo para víctimas. Como dice Zysman, "el bullying está en todas las escuelas, de todos los niveles socioeconómicos. Y cuando ocurre, los chicos esperan que los adultos estemos a la altura".
De hecho, datos recientes del Observatorio Argentinos por la Educación, más del 40 % de los chicos que sufren bullying no lo denuncia. La mayoría intenta resolverlo en soledad o, con suerte, se lo cuenta a alguien cercano, rara vez a un docente a un adulto. En este contexto de silencios, miedos y escasa respuesta institucional, los especialistas insisten en que no se trata de un simple conflicto entre pares y que está muy lejos de ser “una cosa de chicos”.
La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza, consultada por Los Andes sobre el reciente fallo judicial que la condena a indemnizar a una alumna víctima de bullying, confirmó que apelará en segunda instancia, pero evitó profundizar sobre los detalles del caso.
Carina Ganam, directora de Acompañamiento Escolar de la DGE, aseguró que la problemática del acoso escolar se aborda desde una perspectiva preventiva. “Tenemos dispositivos armados para prevenir, pero no podemos actuar solo desde la escuela; la familia tiene un rol primario”, afirmó. Destacó la necesidad de coordinar mensajes para fortalecer el respeto entre niños, adolescentes y adultos, en un contexto social donde “la violencia se instala en el discurso en la casa, en el club, en dirigentes políticos y referentes sociales”.
Ganam también mencionó la implementación, desde el 2024, de la línea 148 para denuncias de violencia escolar y bullying, como también la visita regular de agentes técnicos de la DAE en las escuelas, con intervenciones sistematizadas y monitoreadas y cuyos resultados -promete- podrían estar listos este mismo año.
La funcionaria insistió en que el problema no nace en la escuela, sino que allí se manifiesta. Por eso apeló al compromiso conjunto entre la escuela, la familia y la comunidad para abordarlo. “Estamos tomando acción; pero sin duda hemos evolucionado en lo tecnológico e involucionando en el aspecto humano”, completó.
