Serán uno esta semana y dos la próxima. Denuncian un atraso en los valores y el incumplimiento de la Ley de Discapacidad. Servicios afectados en Mendoza.
Prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad han anunciado un cese de actividades por tres días en Mendoza. Lo mismo sucederá a nivel nacional.
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Prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad han anunciado un cese de actividades por tres días en Mendoza. Lo mismo sucederá a nivel nacional. Forman parte del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La organización advierte sobre algo que lleva mucho tiempo: su situación es cada vez más difícil de sostener por el atraso en los montos y plazos de pago de sus servicios.
“Nuestras organizaciones miembro informamos la grave situación que atraviesa el sector debido a la falta de pagos por parte de PAMI, Incluir Salud y Obras Sociales Nacionales”, advirtieron.
“Ante la ausencia de respuestas del Gobierno Nacional, convocamos a un cese de actividades los días viernes 13, miércoles 18 y jueves 19 de marzo”, anunciaron. La medida afectará a escuelas, centros de día, centros terapéuticos y transportistas, quienes no brindarán servicios durante esas jornadas, en reclamo por el pago inmediato de las prestaciones adeudadas por parte de las prestadoras.
Según explicó Gustavo Kreschma, referente del Foro de Discapacidad en Mendoza, se trata de una medida inédita que refleja el nivel de gravedad que enfrenta el sector.
“Esta es la primera vez en la historia que hay un cese nacional de actividades en el sector. Esto no ha ocurrido nunca”, afirmó a Los Andes.
Aseguran que el objetivo es visibilizar la crisis que se profundiza y que requiere respuestas urgentes. Es que a la falta de pago señalada se suma el atraso en la actualización de los aranceles, “que hoy resultan insuficientes frente al aumento sostenido de los costos reales de funcionamiento”, subrayan.
“Las instituciones que brindan prestaciones, apoyos y servicios esenciales para personas con discapacidad vienen sosteniendo su tarea en condiciones cada vez más difíciles, afrontando gastos de personal, transporte, alimentación, insumos y funcionamiento general con valores atrasados y, en muchos casos, con prestaciones ya realizadas que aún no han sido abonadas”, remarcan en un comunicado.
“Esta situación pone en riesgo la continuidad de las prestaciones y afecta de manera directa no solo a las instituciones, sino también a los trabajadores, a las familias y, fundamentalmente, a las personas con discapacidad que dependen cotidianamente de estos servicios y apoyos”, agregan.
Desde el Foro suman que en Mendoza, además, se solicitará al Directorio de OSEP que avance en el reconocimiento del 100% de los valores prestacionales, como una medida necesaria para acompañar la sostenibilidad del sistema en el ámbito provincial.
El conflicto se origina, principalmente, en la falta de pagos que arrastran desde fines del año pasado. De acuerdo con el referente, la situación financiera de las instituciones se volvió insostenible.
“No nos pagan desde diciembre. Hemos estado todo el mes de febrero de cero, todo el mes de cero, y lo que va desde marzo sin que ingrese un peso a ninguna institución”, sostuvo.
La falta de ingresos impacta directamente en el funcionamiento cotidiano de los centros y en el pago de salarios: “Esto hace insostenible la situación, porque si no se pagan las prestaciones no se pueden cumplir los compromisos. La mayoría de las instituciones estamos sin poder pagar los sueldos de enero y febrero”, apuntó.
A la falta de pagos se suma otro reclamo histórico del sector: el atraso en los aranceles que fija el Estado para las prestaciones vinculadas a la discapacidad.
Kreschma indicó que los valores actuales no reflejan el costo real de los servicios y que los aumentos otorgados quedaron muy por debajo de la inflación acumulada.
“No se ha dado cumplimiento a la ley que establece que el arancel debe fijarse en función del aumento del costo de vida. Nos dieron un 5,78% a partir de febrero, pero está calculado sobre una base que no tiene la actualización. Le falta más del 40% de la diferencia de inflación entre 2023 y ahora”, señaló.
Se refiere a la Ley 27.793, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 (prorrogable), que declara la emergencia nacional en discapacidad en Argentina. Fue reglamentada en febrero de 2026.
Además, el referente remarcó que los prestadores todavía no han cobrado varios meses del año pasado. “El aumento de octubre todavía no lo podemos cobrar, porque no han pagado octubre, noviembre y diciembre”, agregó.
En ese contexto, explicó que si bien se habilitaron planes vinculados a las deudas con ARCA, eso no resuelve el problema de fondo.
“La ley se ha cumplido parcialmente. Nos han dado 60 días para presentar documentación para un plan de pagos, pero el problema es que no están pagando las prestaciones”, indicó.
Detalló que en Mendoza existen 108 instituciones que forman parte del sistema de prestaciones para personas con discapacidad. La medida implicará la suspensión de la mayoría de las prestaciones que se brindan en instituciones especializadas. Según estimaciones del sector, al menos entre 37 y 38 centros ya han manifestado que se sumarán al cese de actividades.
Kreschma refirió que entre los servicios que se verán afectados en Mendoza se encuentran los centros de día o centros de vida, los centros educativos terapéuticos, las escuelas especiales, los talleres de formación laboral y el transporte que traslada a los usuarios.
En cambio, los hogares donde residen personas con discapacidad continuarán funcionando, ya que allí viven los usuarios de manera permanente.
