4 de febrero de 2026 - 08:38

El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad y lanza un nuevo régimen de pensiones

A través del Decreto 84/2026, el Ejecutivo dio cumplimiento a un fallo judicial tras la suspensión de la norma por falta de fondos. Las pensiones actuales se convertirán de oficio y se centralizará la política del área en el Ministerio de Salud.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (Ley 27.793), estableciendo los procedimientos operativos para un nuevo esquema de pensiones no contributivas. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 84/2026, lleva la firma del presidente Javier Milei y marca un cambio estructural en la gestión de estos beneficios.

Un nuevo sistema de protección y control

La reglamentación define con precisión los criterios de acceso, permanencia e incompatibilidades del beneficio. Entre los puntos más destacados de la norma se encuentran:

  • Conversión de Oficio: Todas las pensiones no contributivas otorgadas previamente se transformarán automáticamente en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social.
  • Reempadronamiento y Auditorías: La autoridad de aplicación deberá identificar, relevar y verificar las condiciones de todas las prestaciones actuales. Se ha dispuesto un plazo de 30 días para presentar un plan de auditorías periódicas.
  • Inclusión Laboral: El sistema buscará articular la ayuda económica con reglas de compatibilidad de ingresos, incentivando la inserción de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo.
Congreso / Discapacidad
El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Uno de los cambios organizativos más relevantes es la incorporación de la Secretaría Nacional de Discapacidad bajo la órbita del Ministerio de Salud. Esta centralización responde, según los considerandos del decreto, a una concepción integral del derecho a la salud y a la protección social, que comprende dimensiones sanitarias, sociales, económicas y de acceso a derechos.

El decreto instruye a la Secretaría a convocar al Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) para consensuar los criterios de evaluación socioeconómica. Además, establece que las futuras medidas se implementarán mediante esquemas de cofinanciamiento entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sujeto a las disponibilidades presupuestarias de cada jurisdicción.

La nueva reglamentación entró en vigencia de manera inmediata, con fecha de dictado al 3 de febrero de 2026.

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