Según Guillermo Francos, el Ejecutivo va a demorar la reglamentación de la normativa que originalmente el Presidente vetó y, luego, el Congreso revirtió.
Marcha por la emergencia en el área de discapacidad
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Walter Caballero / Los Andes Después de los cuestionamientos sociales, el Gobierno nacional confirmó este lunes que finalmente promulgará la ley de emergencia en discapacidad que el Congreso ratificó tras derribar el veto de Javier Milei, pero adelantó que no la reglamentará hasta resolver la cuestión más sensible: cómo financiarla.
La norma, motorizada por la oposición y con respaldo incluso de fuerzas aliadas al oficialismo, fue aprobada en ambas cámaras por más de dos tercios, un dato que expuso el aislamiento del Ejecutivo en este debate.
Ante ese escenario, en un principio, la Casa Rosada dejó trascender que judicializaría el tema, aunque ahora el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, bajó la tensión: “El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos".
"Lo hablaremos con el Presidente. Si fuera por mí, me gustaría analizarlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso para ver cómo se puede contemplar ese tema porque esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad. Pero resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas”, señaló.
“El Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos. No me pueden endilgar a mí que vea cómo reacomodo las partidas. Eso no es solución, es una mentira. ¿A quién le sacamos? ¿A los jubilados y lo pasamos a discapacidad?”, planteó Francos en declaraciones a Clarín.
Los números explican parte de la disputa. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el universo de beneficiarios podría ampliarse entre 493 mil y 946 mil personas, con un gasto adicional estimado entre $1,8 y $3,6 billones, equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI. A eso se suman $278.323 millones por compensaciones a prestadores y $7.160 millones para talleres de producción.
El corazón de la iniciativa es el financiamiento de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social. El beneficio será equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y compatible con el empleo registrado, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Además, se garantiza la transformación automática de las pensiones ya otorgadas, evitando nuevos trámites burocráticos.
En otro tramo de la entrevista con Clarín, el jefe de Gabinete defendió rotundamente al presidente Javier Milei así como a su hermana Karina, señalada en el cobro del presunto 3% a los proveedores de medicamentos.
"Tampoco nos queremos hacer cargo de la orquestación de hechos que no están probados. Toda esta campaña organizada contra la hermana del Presidente es tremenda. Conozco a los Milei hace muchos años y el Presidente es una persona transparente en su vida, austera y a quien no le interesa el dinero más que para vivir", declaró Francos.
Dijo, además, que el escándalo -conocido por audios filtrados de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de la Discapacidad- fue el de mayor daño al Gobierno.
"Sí, creo que porque va contra la confiabilidad de un gobierno. Todo eso me parece que afecta e impacta por eso yo quisiera que la resolución de este tema fuera inmediata y que si alguien tiene responsabilidad, que la pague. El Gobierno no va a proteger a nadie", agregó.