Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente de Discapacidad, advirtió que el desafío ahora es que el Estado convoque, pague y ejecute los aranceles atrasados.
Según Molero, la lay de discapacidad por sí sola no resuelve el problema.
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La reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad finalmente fue publicada y, en los papeles, marca un punto de inflexión tras meses de idas y vueltas. El análisis fue planteado por Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente de Discapacidad, entrevistado en Aconcagua Radio. Sin embargo, para quienes trabajan todos los días en el sistema, el verdadero partido recién empieza.
Molero puso el foco en la falta de convocatorias, los atrasos en los pagos y las consecuencias concretas que ya se sienten en las instituciones. “Si bien es un paso muy importante porque esto da pie a que se empiece a ejecutar la ley, la verdad es que necesitamos que ahora se empiecen a concretar las cosas”, sostuvo Molero. Según explicó, la reglamentación por sí sola no resuelve el problema si no va acompañada de decisiones administrativas urgentes.
Uno de los puntos centrales tiene que ver con el sistema prestacional y, en particular, con los aranceles que perciben los prestadores. “Tienen que convocar al directorio que fija el aumento de aranceles, porque se establece que hay que poner aranceles nuevos y aumentarlos”, señaló. Desde el Foro ya presentaron una nota formal solicitando esa convocatoria, entendiendo que sin ese paso la ley queda paralizada.
Molero remarcó que el Gobierno ya avanzó con algunos nombramientos, como el del director de la Secretaría de Discapacidad dentro del Ministerio de Salud, organismo que ahora concentra estas competencias. “Esperamos la convocatoria para dialogar sobre el tema arancelario, que incluye los pagos, especialmente”, indicó.
En ese marco, también advirtió sobre los problemas en el Programa Federal Incluir Salud, que abarca a personas con pensiones. “Si esa área no funciona, las instituciones no pueden cobrar lo que han facturado y lo que han trabajado”, explicó, dejando en claro que la cadena de atrasos termina impactando directamente en la atención.
Otro eje de conflicto es la compensación prevista por la diferencia entre aranceles y el aumento del costo de vida. La normativa habilita a las instituciones a presentar lo facturado en períodos anteriores, pero los criterios de cálculo siguen siendo motivo de disputa. “El Gobierno dijo en una respuesta al juez que calculan que esa compensación es de un 10,5 por ciento de la facturación. Ahí entramos en un tema de discusión”, afirmó Molero.
Desde el sector plantearon su propia postura sobre cómo debería calcularse esa compensación, aunque todavía no saben si serán convocados a una instancia de diálogo. “Ahora empezamos con todo esto que es poner en práctica la ley”, resumió.
Más allá de las pensiones y las prestaciones, Molero puso el foco en un tema que, según dijo, quedó completamente fuera de la agenda pública: los talleres protegidos. Se trata de espacios de producción donde trabajan personas con discapacidad y que reciben un aporte mensual del Estado.
“Ese aporte mensual que el Estado da a los trabajadores en los talleres protegidos no se reglamentó. Nadie habla de esto”, advirtió. Son cerca de 8.000 trabajadores que, según la ley, deberían recibir un aumento. “Todos hablan de las pensiones y de las prestaciones, pero nadie habla de los trabajadores”, subrayó.
También mencionó las deudas con la AFIP y la falta de precisiones sobre dónde y cómo presentar la documentación necesaria. “Esto tiene que hacerse rápidamente, especialmente el tema arancelario, porque las instituciones siguen cobrando con un arancel atrasado”, alertó.
La situación ya tiene consecuencias concretas. “Algunas instituciones han planteado que no van a empezar a trabajar este año”, contó, y fue contundente al describir el clima en el que se dictó la reglamentación: “El Gobierno sacó este reglamento medio tapándose la nariz”.
Durante la entrevista también se abordó la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad mediante un DNU y su reemplazo por una Secretaría dentro del Ministerio de Salud. Para Molero, más allá del debate conceptual, la reorganización generó un cuello de botella operativo.
“Todo este atraso para pagar las prestaciones se debió a esto. Se tomó una decisión y no se tuvo en cuenta que alguien tenía que seguir firmando”, explicó. Según relató, hubo situaciones en las que se habilitó la facturación y, poco después, se dio marcha atrás por la ausencia del funcionario responsable de autorizar los pagos. “Son cosas que se hacen a las apuradas y no se prevén”, lamentó, y agregó que cuando se cambia un organismo “hay que ver cómo se va a seguir funcionando”.
Pese al escenario complejo, Molero se mostró moderadamente optimista. “Ahora tenemos un instrumento que es la ley con su reglamentación. El tema económico sigue ahí, a ver qué va a pasar”, reconoció. Desde el Gobierno, dijo, sostienen que no les cierran los números, pero eso no exime del cumplimiento. “Estamos en un gobierno democrático y hay que cumplir las cosas, con buen o mal corazón”, afirmó. En ese sentido, destacó el rol de la Justicia: “Finalmente el juez se plantó y se hizo cumplir esto”.
Recordó además antecedentes similares, como la implementación de la ley 24.901 de prestaciones, que se consolidó gracias a la presión de las familias y la judicialización. “Tarde o temprano van a tener que cumplir la ley”, sostuvo.
“Lo importante es que de alguna manera ha funcionado el andamiaje del Estado en favor de la sociedad”, concluyó Molero, y dejó en claro que el camino que sigue es insistir y exigir que lo que está escrito en la reglamentación se convierta en realidad.
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