El Gobierno español sancionó a la plataforma tras detectar más de 65.000 anuncios sin licencia y advirtió que ninguna empresa puede operar al margen de la ley.
La tremenda multa del Gobierno de España a Airbnb.
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El Gobierno de España impuso una multa de 64 millones de euros a Airbnb por anunciar en su plataforma viviendas turísticas sin licencia, una medida que vuelve a poner en el centro del debate el impacto de estas compañías en el mercado inmobiliario y en las grandes ciudades turísticas del país.
La sanción fue confirmada este lunes por el Ministerio de Consumo, que detalló que las infracciones se detectaron en 65.122 anuncios de alojamientos turísticos. Según el organismo, la resolución ya es definitiva en la vía administrativa.
De acuerdo al comunicado oficial, la decisión “deviene firme y agota la vía administrativa después de haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo”, lo que deja a la empresa expuesta ahora a un eventual proceso judicial si decide continuar con su impugnación.
Además de la multa económica, el Ministerio de Consumo informó que la resolución incluye dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a eliminar los contenidos ilícitos publicados y a hacer pública la multa impuesta.
Desde el Gobierno remarcaron que el objetivo no es solo sancionar, sino también forzar un cambio en el funcionamiento de este tipo de plataformas dentro del marco legal vigente.
Durante una rueda de prensa en Madrid, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, fue categórico al defender la medida: “Vamos a seguir actuando con total determinación para erradicar esos comportamientos”, afirmó, y agregó que en España “se va a cumplir la ley y no hay empresa, por grande o poderosa que sea, que pueda desarrollar un modelo de negocio que esté al margen de la ley”.
Por su parte, Airbnb expresó su desacuerdo con la sanción y anticipó que llevará el caso a los tribunales. Un portavoz de la compañía señaló a la agencia AFP que confían en “que las acciones del Ministerio de Consumo son contrarias a la normativa aplicable en España” y confirmó la intención de “recurrir” la multa.
El conflicto se da en un contexto de creciente tensión entre las autoridades españolas y las plataformas de alquiler turístico, señaladas por amplios sectores sociales como uno de los factores que impulsan la suba de los alquileres y la escasez de vivienda en zonas urbanas.
En 2024, España recibió 94 millones de visitantes, una cifra récord que consolidó al país como el segundo destino turístico del mundo, solo por detrás de Francia. Sin embargo, el crecimiento del turismo también profundizó conflictos estructurales en varias ciudades.
Entre las principales críticas aparecen la congestión de infraestructuras, la desaparición del comercio tradicional y, especialmente, el encarecimiento de los alquileres, ya que muchos propietarios priorizan el alquiler turístico por sobre el residencial.
En respuesta a la creciente indignación social, algunos municipios comenzaron a endurecer sus políticas. El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, anunció su intención de extinguir las licencias de unos 10.000 apartamentos turísticos de aquí a finales de 2028.
La multa a Airbnb se inscribe así en una estrategia más amplia del Ejecutivo español para regular el alquiler turístico y limitar su impacto sobre el acceso a la vivienda en las principales ciudades del país.