El fiscal Dante Vega anunció que recurrirán los delitos por los que no fue declarado culpable. La defensa cuestionará el fallo completo.
El exjuez Walter Bento fue sentenciado a 18 años de prisión por corrupción, pero también resultó absuelo y logró la prescripción de más delitos.
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Ramiro Gómez / Los Andes Después de la sentencia histórica que recibió el exjuez Walter Bento, condenado a 18 años de prisión por delitos de corrupción, el Ministerio Público Fiscal (MPF) no se baja de la discusión legal que se avecina en abril: la revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Desde el pasado 6 de febrero corre un plazo de 40 días hábiles para que el Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá Rivas y Carolina Pereira, dé a conocer los fundamentos del fallo.
Una vez publicados, tanto las defensas como la Fiscalía tendrán diez días para impugnar las decisiones del tribunal ante la segunda instancia.
La defensa de Bento, a cargo del doctor Mariano Fragueiro Frías, anunció el mismo día del veredicto que buscará revertir en los tribunales de Comodoro Py la dura condena impuesta al exmagistrado.
Si bien el MPF manifestó conformidad con los 18 años de prisión —ya que fue exactamente la pena solicitada en el juicio de cesura—, el fiscal Dante Vega confirmó a Los Andes que recurrirán las prescripciones y absoluciones dictadas por el tribunal.
Bento fue condenado por asociación ilícita en calidad de jefe, cohecho pasivo por ocho hechos (casos N° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 y 10) en calidad de autor, además de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, falsedad ideológica y ocultamiento de pruebas.
Sin embargo, en el veredicto de responsabilidad penal leído el 3 de febrero, la jueza Diamante aceptó las prescripciones solicitadas por la defensa “en relación con los delitos de abuso de autoridad, desobediencia de una orden judicial y omisión o retardo de justicia, por diez hechos, y en relación con el prevaricato, por siete hechos”.
Estos delitos —entre los que se encontraban el rechazo a la entrega del teléfono y los documentos de viaje, el vaciamiento de la caja fuerte y la carta dirigida al juez federal Eduardo Puigdéngolas— preveían una pena de dos años de prisión, y el tribunal los declaró prescriptos al haberse cumplido ese plazo el pasado 8 de noviembre.
Además, Bento resultó absuelto “por el beneficio de la duda” del delito de cohecho pasivo en los hechos encuadrados en los casos N° 5, 13 y 15.
Por esos hechos, la Fiscalía había acusado como presuntos sobornadores a Omar Rodríguez Cicchinelli (caso 5), Carlos Barón Knoll (caso 13) y Cristian Oliva (caso 15). Los tres también fueron absueltos por el beneficio de la duda.
El fiscal Dante Vega confirmó que apelarán tanto las prescripciones como las absoluciones dictadas en primera instancia.
“Vamos a ir a la Casación. No digo que esto recién comienza, pero esto sigue. Manifestamos una posición jurídica muy firme sobre por qué no debían declararse las prescripciones de estos delitos”, sostuvo Vega.
Explicó que “los delitos tienen una pena de dos años de prisión y los defensores observaron que, en el período comprendido entre la destitución de Bento en noviembre de 2023 y noviembre de 2025, habían prescripto”.
“Lo que no dijeron es que los delitos contemplan dos años de prisión e inhabilitación por el doble del tiempo. La doctrina sostiene que debe considerarse la pena de inhabilitación, no la de prisión. Yo lo planteé en diciembre pasado: no están prescriptos porque el plazo es de cuatro años”, afirmó el fiscal.
Y agregó: “Estos delitos que declararon prescriptos los vamos a resistir en la Casación porque tenemos razón”.
De todos modos, aclaró que aguardarán los fundamentos para evaluar “qué conviene recurrir y qué no, porque puede haber decisiones que no tengan la relevancia suficiente para justificar un recurso”.
En principio, sostuvo, “todo aquello en lo que el tribunal no coincidió con la acusación será llevado a Casación”.
También señaló que no se trata de un trámite extraordinario, ya que “sucede generalmente ante sentencias contradictorias”. Y advirtió que si la Fiscalía no recurre y los jueces solo reciben agravios de las defensas, “la Casación solo puede modificar una sentencia en favor del imputado”.
Además, remarcó que “hay casos en los que el tribunal no condenó, como el de Barón Knoll, y estamos esperando los fundamentos. Le dedicamos largas horas de investigación y el tribunal resolvió absolver”.
El fiscal confirmó que se investigará a los gerentes del Banco Nación por haber otorgado en el año 2011 a la familia Bento un crédito hipotecario de 350 mil pesos para “vivienda única”.
En el veredicto, el tribunal consideró probado como hecho de falsedad ideológica que Bento y su esposa Marta Boiza presentaron declaraciones falsas para acceder a ese préstamo, pese a que ya eran propietarios de múltiples inmuebles. Además fue destinado a la compra de un departamento en Palmares, que forma parte de los bienes ordenados a decomisar.
La jueza Diamante sostuvo que debía investigarse a las autoridades del banco que intervinieron en la operación.
“El tribunal no instruye a la Fiscalía, pero su observación es muy importante respecto a este escandaloso préstamo que obtuvo Bento por parte de autoridades del Banco Nación”, señaló Vega.
“Esto lo manifesté en el alegato: Bento privó a otras personas que necesitaban acceder a un crédito”, agregó.
Consultado sobre si avanzarán contra los responsables del otorgamiento, Vega fue categórico: “Sí, por supuesto. Todavía hay mucho por investigar. Vamos a continuar”.
A esto se suma una causa en marcha contra Carolina Bartolini, exempleada del Juzgado Federal N° 1, a quien durante el juicio se le descubrió la compra de un departamento a un hombre que declaró haber pagado USD 722.000 en coimas a la banda.
Se trata de Javier Santos Ortega (fallecido el año pasado), quien declaró que en el año 2019 vendió por USD 180.000 un departamento de la Quinta Sección para afrontar la coima total exigida por la organización del exjuez.
En el debate quedó confirmado que la compradora fue Bartolini, quien renunció en 2024 y actualmente enfrenta una investigación judicial en curso. Está procesada por incumplimiento de los deberes de funcionario público.