La pesquisa apunta a determinar si existieron "negociaciones incompatibles con la función pública", un delito previsto en el Código Penal.
Crece el escándalo por el "vuelo VIP" de Adorni con su familia y Marcelo Grandío a Punta del Este
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LA La investigación por los vuelos privados a Punta del Este sumó elementos y detalles que comprometen al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Chats, audios y el relato de una testigo clave describen un supuesto esquema de trato preferencial en aeropuertos y maniobras para evitar registros formales, cercanos a los vicios de la "casta" que el gobierno de Javier Milei había prometido combatir.
Según declaró bajo juramento Vanesa Tossi, secretaria del bróker aeronáutico vinculado a la operatoria, el 12 de febrero pasado acompañó a la comitiva hasta el aeropuerto de San Fernando para la ida hacia Punta del Este.
Allí, un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que se presentó como “jefe” le indicó que estaba asignado exclusivamente al viaje de Adorni y su familia.
De acuerdo con su testimonio, los pasajeros del jet en cuestión no cumplieron con los controles habituales: la familia de Adorni no fue inspeccionada de forma personal por la máquina de rayos, aunque sí su equipaje.
Los trámites personales en Migraciones fueron, además, extraordinarios. Quien llevó los documentos de todos fue un miembro de la PSA que llenó los papeles por los pasajeros, que en ese momento ya estaban camino al avión, rumbo a sus vacaciones, según reveló el periodista Nicolás Wiñazki en Clarín.
El regreso, el 17 de febrero, habría tenido un tratamiento aún más excepcional.
Siempre según el expediente, el avión privado fue derivado a un hangar apartado, fuera de la vista del público. Una camioneta con vidrios polarizados retiró a los pasajeros directamente desde la aeronave, mientras el equipaje sí era inspeccionado.
“Tanto en la ida como en la vuelta personal de seguridad me pidió que no tomemos fotografías”, declaró Tossi ante la Justicia en alusión a indicaciones recibidas durante ambos operativos.
La testigo también aportó conversaciones con Marcelo Grandío, el periodista de la TV Pública y amigo de Adorni, señalado como organizador del viaje.
En esos intercambios, según consta en la causa, se habría intentado evitar que quedaran registros fiscales del pago del avión. Incluso, Tossi relató que Grandío le pidió gestionar la operación como una “invitación” para un amigo.
La documentación incorporada incluye facturas, audios y una carta documento en la que el propio Grandío negó haber abonado el vuelo de regreso, pese a registros previos.
El caso quedó en manos del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes investigan presuntas amenazas a la testigo y posibles delitos en la contratación del servicio aéreo. Tossi sostuvo que recibió llamados insistentes y mensajes que interpretó como intimidatorios luego de que el caso tomara estado público.
En una acción "extraordinaria" para lo que suele ocurrir en los tribunales federales, Tossi seguía declarando frente a las autoridades cuando Grandío le escribió un mensaje a su celular y la llamó, sin que ella atendiera. Lo que pasó es que se había filtrado una primera noticia de que ella lo complicaba a él en su testimonial. Es probable que Grandío, al leer la noticia en los portales de los diarios, creyera que su declaración había culminado.
En el plano penal, la pesquisa apunta a determinar si existieron “negociaciones incompatibles con la función pública”, figura prevista en el artículo 265 del Código Penal. Se sanciona con prisión de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua al funcionario público que, directa o indirectamente, se interese en contratos u operaciones en las que interviene por razón de su cargo.
La hipótesis de “dádivas” también circula, aunque fuentes del expediente indican que el foco está puesto en eventuales beneficios indebidos vinculados al rol del funcionario.
Hasta el momento, Adorni no designó abogados en la causa y su defensa se mantiene en el terreno político.