Mientras continúa la polémica por el concejal sanrafaelino que fue detenido ebrio al volante en Ciudad, en el departamento de Tupungato otro edil protagonizó un hecho repudiable y fue sancionado por sus pares.
En sesión, el HCD de Tupungato suspendió al concejal Arce tras evaluar el informe de la comisión investigadora iniciada por una denuncia de violencia de género.
El concejal de Tupungato, Facundo Arce, fue suspendido por violencia de género.
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Prensa TupungatoMientras continúa la polémica por el concejal sanrafaelino que fue detenido ebrio al volante en Ciudad, en el departamento de Tupungato otro edil protagonizó un hecho repudiable y fue sancionado por sus pares.
El Concejo Deliberante de Tupungato aprobó la suspensión preventiva por 15 días hábiles de Facundo Arce (Partido Federal), denunciado por violencia de género por parte de una funcionaria de la comuna.
En la sesión del HCD se trató el informe final de la comisión investigadora, conformada tras una denuncia radicada en 2024 por la asesora legal. El informe se sometió a votación para adoptar la medida.
La suspensión fue aprobada por 8 votos afirmativos, uno en contra y una abstención. De esta forma se adquirieron los dos tercios requeridos para avanzar en la sanción.
Los concejales que aprobaron fueron: la presidenta del HCD, Marcela Granizo; José Luis Giuliani, Daniel Pantaleo, Natalia Tejera y Mónica Benítez (bloque Cambia Mendoza). Los peronistas Marcelo Sánchez y Ruth Lucero, y el concejal de Nuevo Tupungato, Jorge Llul.
Mientras que el oficialista Antonio Balderrama optó por abstenerse y el propio Arce votó de forma negativa.
En diálogo con Los Andes, la presidenta del Concejo explicó que la comisión investigadora determinó que Arce ejerció “violencia psicológica, violencia mediática y violencia simbólica, enmarcadas en la 26.485”.
Dijo que la suspensión se dispuso por parte de los miembros del órgano legislativo “para que él prepare su defensa y tenga acceso a toda la información de la comisión investigadora, de la documentación”.
La presidenta señaló que el procedimiento se aplicó conforme a los artículos 66 y 68 de la Ley 1079, y que la sesión fue convocada exclusivamente para resolver la situación del concejal.
Según detalla la presidenta del concejo, la denuncia que dio origen a la comisión investigadora fue presentada el 4 de octubre de 2024 por la asesora legal del Concejo, quien informó haber sido violentada verbalmente por Arce durante una instancia de trabajo.
Granizo aclaró que “en la fiscalía, donde ella hace la denuncia, determina que no hay un delito penal y lo deja”. Pero a la hora de distinguir las funciones que le son propias al cuerpo legislativo y a la justicia, dice que ambas instancias avanzan por carriles separados: “Son caminos independientes la justicia y lo que ha hecho el Concejo Deliberante”.
En ese sentido, explicó que “la 26.485 no indica que todos los tipos de violencia tengan instancia penal o determinen un delito penal” y que en este caso “estamos hablando de violencias que no constituyen delitos penales, quizás”.
Por eso, como autoridad máxima del órgano legislativo detalló que “el Consejo Deliberante tiene la potestad de conformar las comisiones investigadoras y dar tratamiento a los temas que crea conveniente”.
En ese marco, el cuerpo legislativo conformó una comisión que trabajó casi un año. Según comenta Granizo, para garantizar transparencia, debió contratarse una abogada externa, ya que la asesora habitual (quien realiza el acompañamiento técnico al cuerpo) era la denunciante.
La presidenta informó que la asesora denunciante tomó licencias psicológicas conforme a la Ley 26.485 y luego regresó a sus funciones: “Ella volvió a trabajar por una cuestión también de responsabilidad porque si no, nosotros no teníamos asesor para todos los temas que se desarrollan en el Concejo Deliberante”.
Asimismo, Granizo describió cómo el cuerpo legislativo debió reorganizar su funcionamiento mientras avanzaba la investigación y que durante el funcionamiento interno se tomaron precauciones: “En las comisiones donde estaba Arce, ella no participaba adentro de la comisión, sí se mantenía cercana a la oficina”.
Tras la suspensión preventiva, Arce cuenta con 15 días hábiles para acceder al expediente y presentar su defensa. Luego, el Concejo deberá tener una sesión para resolver su situación. Sobre ese punto, Granizo indicó: “La ley dice, o se absuelve o se destituye. Todo depende de cómo venga él con su defensa”.
En tanto a lo interno de la institución, Granizo explicó que el caso dejó en evidencia la necesidad trabajar en protocolos de actuación. “En el Concejo Deliberante no hay un protocolo, entonces uno de los próximos pasos también es integrar un protocolo de actuación en situaciones de violencia de género y cualquier tipo de violencia” mencionó.
Respecto del impacto social pidió resguardar la identidad de la denunciante para no caer en la revictimización.