Entre 2017 y 2025 se realizaron 182 concursos en la administración central. De ese total, 87 correspondieron a ingresos y 95 a ascensos internos. A raíz de esto, Alfredo Cornejo promueve la reforma parcial del Estatuto del Empleado Público.
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El gobernador Alfredo Cornejo puso en el centro de la agenda electoral la reforma del Estatuto del Empleado Público, una iniciativa que busca modificar las reglas de ingreso y ascenso, principalmente, en la administración central del Estado provincial. Según datos oficiales, entre 2017 y 2025, solamente se registraron 87 entradas por concurso.
Cornejo sostiene que el proyecto apunta a garantizar que los futuros ingresos sean, en su mayoría, a través de concursos, como lo establecen la Constitución provincial y la nacional.
En total, en los últimos 8 años, se realizaron 182 concursos en la administración central. De ese total, 87 correspondieron a nuevos ingresos y 95 a ascensos internos. Esto frente a una planta estatal que ronda los 100.000 agentes.
En el caso de la administración central, unos 4.000 empleados están comprendidos dentro de la Ley 5126, que regula el régimen de concursos en el marco de la Ley 9015, sancionada en 2017.
La iniciativa busca modificar el Decreto Ley 560/73, a través de la actualización de artículos y la derogación de varias disposiciones. Principalmente, impulsa la creación de la categoría de personal de planta interino, la cual tendrá una estabilidad "distinta" a la de los empleados de planta efectiva.
Desde el Ejecutivo provincial explicaron que los llamados se concentraron en determinadas áreas y que, a diferencia de sectores como educación, seguridad o salud donde los concursos son permanentes, en la administración central los procesos fueron escasos.
La razón principal, según la versión oficial, es la modernización de los procedimientos administrativos y la digitalización de trámites, lo que redujo la necesidad de personal en distintas dependencias.
El año con mayor número de concursos fue 2018, cuando se concursaron 119 cargos, la mayoría ascensos internos. En contraste, en 2019 se abrieron solo cuatro vacantes.
Ya con Rodolfo Suarez sentado en el sillón de Rivadavia, en su primer año de gestión, no realizó ningún concurso. En 2021, solo habilitó dos llamados y en 2022, decidió no abrir la convocatoria.
En 2023, último año de gestión de Suarez y en pleno proceso electoral, se concursaron 45 cargos, divididos en 23 ingresos y 22 ascensos. Ya con Cornejo de nuevo en el Gobierno, en 2024, apenas se abrieron dos vacantes, y en lo que va de 2025 no se han realizado concursos.
“Uno de los motivos por los cuales se ha dejado de convocar en la administración central es porque hay una importante cantidad de servicios que se han digitalizado y ya no requieren recurso humano”, señalaron desde Casa de Gobierno.
En reiteradas conferencias de prensas, Cornejo defendió la iniciativa como parte de un proceso de “modernización del Estado” que busca ordenar el ingreso y promover la carrera administrativa.
“Nos estamos blindando con una ley para que haya un servicio público de exigencia en el Estado. Pero a su vez, queremos premiar a los buenos empleados estatales, que los hay y a montones”, afirmó.
En esa línea, planteó que las reformas tienen una proyección de largo plazo: “Los futuros gobiernos van a tener un Estado mucho más eficaz y ágil para tomar decisiones que el que tenemos en este tiempo, en el que para sancionar a un empleado que falta más de seis veces en el mes hay que darle una palmadita en la espalda”.
El mandatario cuestionó lo que definió como un “achatamiento” de la pirámide salarial, al sostener que las paritarias históricamente “siempre tratan de representar al de más abajo y no hay incentivos para ser jefe”. Para corregir esta situación, destacó que el proyecto incluye ítems de productividad.
“Finalmente, el Estado también es una empresa de servicio: presta salud y educación pública. Tiene que tener esa agilidad para funcionar”, sostuvo.
Cornejo insistió en que la propuesta ratifica un fallo de la Suprema Corte de Justicia que estableció que “no hay estabilidad en el empleo público si no es por concurso”. “Es un caso muy importante y habla de reformas estructurales para el futuro”, aseguró.
La Cámara de Diputados aprobó la reforma del estatuto con 27 votos a favor y 18 en contra. Cambia Mendoza contó con el apoyo de aliados como Gustavo Cairo (La Libertad Avanza) y Mauro Giambastiani (Mejor Mendoza). En la vereda opuesta, el PJ, La Unión Mendocina y el Partido Verde votaron en contra. Ahora la iniciativa espera su tratamiento en el Senado.
En una entrevista en Radio Aconcagua, la diputada Beatriz Martínez, de Cambia Mendoza, expuso que se trata de una reforma parcial del Estatuto del Empleado Público que data de 1973. La legisladora señaló que en ese tiempo se sancionaron otras leyes, como la de Administración Financiera y la de Procedimiento Administrativo, que generaron superposiciones normativas.
“Por ejemplo, el estatuto establecía una vía recursiva con determinados plazos y la Ley de Procedimiento Administrativo planteaba otra, con plazos distintos. Por eso era imprescindible actualizar”, indicó.
Otro aspecto relevante, según la legisladora, fue incorporar criterios fijados por la Suprema Corte de Justicia en materia de empleo público.
“Con el tiempo, se fueron confundiendo los conceptos entre personal temporario, interino y efectivo. La Constitución es clara: solo son efectivos quienes ingresan por concurso. La figura del interino ya existe en la práctica y lo que se hizo fue darle un reconocimiento legal”, argumentó.
Martínez aclaró que los actuales trabajadores interinos no serán desplazados: “Cuando esos cargos se llamen a concurso, podrán competir en igualdad de condiciones con candidatos externos. Si ganan, se efectivizarán en su puesto; si no, ingresará quien obtenga el mejor resultado”.
El debate sobre los concursos también involucra al Poder Legislativo y al Poder Judicial. En Diputados, desde la presidencia de Andrés Lombardi, señalaron que no se realizan concursos para cubrir vacantes y que esto se traduce en una reducción progresiva de la planta de personal.
En el Senado, donde no se abren concursos desde la gestión de Laura Montero, la intención de la actual presidencia a cargo de Hebe Casado es que en octubre se realizarán cinco llamados para personal administrativo.
Para ello, en septiembre se conformará una comisión evaluadora integrada por la Secretaría Administrativa, a cargo de Pablo Priore, y representantes del gremio UPCN.
“Hay un compromiso de ambas partes de empezar a normalizar la situación laboral de aquellos trabajadores que están en manera interina. Queremos ordenar todo”, señalaron fuentes de la Cámara alta.
En el ámbito judicial, el Ministerio Público Fiscal abrió concursos para personal técnico-administrativo en oficinas fiscales de las cuatro circunscripciones judiciales. Tras completar instancias de dactilografía, conocimiento jurídico, informática y ortografía, resta la evaluación psicolaboral.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que lidera Roberto Macho, la respuesta fue inmediata. El sindicato cuestionó la iniciativa y la calificó como “inconstitucional”.
En una manifestación frente a Casa de Gobierno, Macho advirtió: “Lo que plantea Cornejo es la eliminación de la estabilidad laboral del trabajador tal cual la conocemos hoy, la eliminación de indemnizaciones y la creación de cargos fuera de nivel”.
El dirigente sindical aseguró que la reforma abre la puerta a la privatización de servicios estatales: “De forma unilateral se van a eliminar las condiciones laborales de los convenios colectivos de trabajo y se van a imponer a dedo. Lo que plantea es la desaparición del Estado y la apertura a la privatización de los sectores estatales que hoy conocemos”.