El gobierno de Alfredo Cornejo aplicó sanciones a personal de seguridad, educación y protección, y se fundamentaron en sumarios administrativos.
Foto:
El Gobierno de Alfredo Cornejo resolvió en los últimos meses la cesantía de diez trabajadores de distintos organismos de la administración pública provincial. Las medidas, publicadas en el Boletín Oficial, fueron resultado de investigaciones sumarias y procesos administrativos que concluyeron en sanciones expulsivas por incumplimientos graves de los deberes de servicio.
Las disposiciones se formalizaron a través de los decretos 1.196, 1.534 y 1.537, y de las resoluciones 1.314, 4.031, 4.216, 16, 245, 1.321 y 621.
En todos los casos, la sanción aplicada fue la cesantía, considerada una de las más severas dentro del régimen laboral público, ya que implica la desvinculación definitiva del agente y se reserva para situaciones en las que las faltas verificadas impiden la continuidad en la función pública.
El decreto 1196 consta de un suboficial penitenciario al cual se le aplicó la cesantía de sus funciones por infracciones graves al Régimen Penitenciario, tras comprobarse conductas dolosas incompatibles con el cargo.
Este agente fue imputado por Homicidio Preterintencional en agosto de 2022, pero sobreseído en septiembre de 2024 debido a la prescripción de la acción penal, aunque se le dispuso una recalificación del hecho a Lesiones Leves Dolosas.
Asesoría de Gobierno dictaminó que la responsabilidad administrativa es independiente de la judicial, y que un sobreseimiento por prescripción no implica la inexistencia de la infracción administrativa.
Se señaló un error en la calificación legal inicial de la sanción, ya que el artículo 67, inciso f) del Decreto-Ley 560/73 había sido derogado y la Ley 9103, en su lugar, requería una sentencia condenatoria, la cual no existía.
El decreto 1537 señala la cesantía con posible exoneración de un exoficial subayudante policial por infracciones disciplinarias severas. Este agente fue condenado a seis años y seis meses de prisión por extorsión mediante simulación de falsa orden de la autoridad en 2022.
La Asesoría de Gobierno consideró que el planteo de nulidad era extemporáneo, presentado casi dos meses después de la sanción, y que no se había planteado en instancias previas.
Además, se argumentó que la condena penal, por sí misma, justificaba la sanción disciplinaria, haciendo imposible conmover la sentencia penal con elementos probatorios administrativos. Se aplicó el principio de que "no hay nulidad por la nulidad misma".
Por último, la otra cesantía que se aplicó en la cartera que conduce Mercedes Rus apunta a una exoficial subayudante policial. La sanción se argumenta por faltas graves al Régimen Disciplinario Policial (Ley 6722).
Una empleada administrativa: desvinculada tras un sumario que acreditó incumplimientos administrativos.
Una celadora titular: sancionada por inasistencias injustificadas prolongadas desde 2019.
Otra celadora titular de la Escuela N.° 1-255 de San Rafael: cesanteada por acumular 332 inasistencias injustificadas entre el 1 de marzo de 2021 y el 30 de enero de 2022.
Un agente: cesantía por inasistencias reiteradas y tardanzas.
Una agente: sancionada por registrar 28 inasistencias injustificadas en 2022.
Otro agente: cesanteado en diciembre de 2024 por incumplimientos laborales graves.
Un agente más: sanción resuelta en julio de 2025 por faltas reiteradas.
De acuerdo con la información oficial, las causales de las cesantías se concentraron en tres ejes:
Inasistencias injustificadas: con casos extremos, como más de 300 faltas en un año.
Faltas disciplinarias en el área de seguridad: infracciones graves a la ética, a la obediencia jerárquica y a los regímenes policial y penitenciario.
Irregularidades administrativas: incumplimiento de obligaciones básicas, abandono de tareas y faltas a los deberes de servicio.