Cornejo dio de baja a un contador por irregularidades contables y a un delegado sindical con 40 inasistencias injustificadas. Los sumarios se tramitaron entre 2023 y 2024.
Echaron a tres estatales mendocinos por graves e insólitas faltas.
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El gobierno de Alfredo Cornejo anunció este jueves la cesantía de tres empleados estatales, entre ellos un delegado sindical. Los trabajadores estaban bajo sumario administrativo por inasistencias reiteradas, sin justificación y faltas graves en la gestión de recursos públicos.
Las bajas fueron oficializadas a través de tres decretos distintos, publicados en el Boletín Oficial, y alcanzan a agentes del Ministerio de Energía y Ambiente y del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.
Los expedientes, tramitados entre 2023 y 2024, contaron con dictámenes de las Oficinas Generales de Sumarios, las Juntas de Disciplina y las áreas jurídicas de ambos ministerios. Las cesantías se aplicaron conforme al Decreto-Ley 560/73, que establece las obligaciones del personal estatal, y a la Ley 9.103, que regula el procedimiento sumarial y las sanciones por faltas administrativas.
En todos los casos, las decisiones finales fueron tomadas por el propio mandatario, con el respaldo de los ministros responsables: Natalio Mema (Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial) y Jimena Latorre (Energía y Ambiente).
La normativa vigente prevé distintas sanciones según la gravedad de la infracción, que van desde apercibimientos y suspensiones hasta la cesantía, la más severa. Los decretos también fueron notificados a la Oficina de Ética Pública, a las direcciones de Recursos Humanos y, en algunos casos, a la Fiscalía de Estado y la Asesoría de Gobierno.
El primer caso corresponde a un agente que se desempeñaba como contador en la Subsecretaría de Infraestructura Escolar. El ahora exempleado, que pertenecía a la planta permanente, fue sumariado por omisiones y errores en la administración del Fondo sin Reposición del Registro de Antecedentes de Constructores de Obras Públicas.
El decreto 1.220 detalló al menos cinco irregularidades graves:
Falta de rendición mensual correspondiente a noviembre de 2020.
Retenciones de Ingresos Brutos no ingresadas al fisco.
Declaraciones juradas no presentadas ante la Administración Tributaria de Mendoza.
Cheques emitidos y depósitos no registrados.
Contratación de un servicio no utilizado y errores de registración contable.
La conducta fue considerada violatoria del artículo 13 del Estatuto del Empleado Público y de normativas contables provinciales. Ante la gravedad de los hechos, tanto la Junta de Disciplina como la Dirección de Asuntos Jurídicos recomendaron la cesantía, que fue finalmente aplicada por el Ejecutivo.
En cuanto a los empleados de la cartera ambiental, uno de ellos contaba con tutela sindical por ser delegado del gremio SITEA en el Ecoparque. Fue sancionado por registrar 40 inasistencias injustificadas durante 2023, en la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque.
El sumario indicó que el agente no presentó certificados médicos ni ningún otro tipo de justificación dentro del plazo reglamentario de 48 horas. La Junta de Disciplina del Ministerio de Energía y Ambiente aclaró que la tutela sindical vencía el 1 de enero de 2024, por lo que la cesantía se consideró aplicable de forma inmediata.
No obstante, el decreto 1.110 señaló que se asegurarían las garantías legales correspondientes a su condición de representante gremial.
El tercer caso involucra a un trabajador de la Dirección de Hidráulica, con funciones en el Dique Frías. El decreto 1.391 indicó que el sumario (iniciado por la ex cartera de Planificación e Infraestructura Pública, hoy parte del Ministerio de Gobierno) determinó que acumuló 14 inasistencias injustificadas y 9 llegadas tardías.
Aunque fue citado a declarar, el agente no logró justificar sus ausencias. La Junta de Disciplina concluyó que las faltas estaban probadas y recomendó la cesantía, en cumplimiento de la normativa vigente.
