Se trata de la última modificación en el polémico proyecto que actualiza el protocolo de uso de arma de fuego, con base en una resolución ministerial de Patricia Bullrich.
En la Legislatura avanza un proyecto que modifica el protocolo de uso de armas de fuego y también habilita la reincorporación de efectivos retirados.
Foto:
Archivo Los Andes El Senado provincial aprobó el polémico proyecto que modifica la Ley 6722 de la Policía de Mendoza, con un nuevo protocolo de uso de armas de fuego y una última modificación incluida en esta Cámara: la convocatoria a personal retirado para funciones directivas en la fuerza.
El proyecto fue impulsado por los diputados Enrique Thomas (PRO) y Gustavo Cairo (La Libertad Avanza) y busca adecuar la normativa local a los criterios que la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estableció para las fuerzas federales en 2024. Se trata de dos legisladores alineados con la ahora dirigente libertaria desde su paso por el partido amarillo.
En su tratamiento en la Cámara Alta, Cambia Mendoza introdujo la incorporación del artículo 322 bis, que habilita la convocatoria de policías retirados altamente calificados para tareas específicas dentro de la fuerza. Por este motivo, tras su aprobación, el proyecto deberá pasar nuevamente por la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
La iniciativa fue aprobada con 26 votos a favor de Cambia Mendoza y La Unión Mendocina, y 7 votos en contra, provenientes del bloque del PJ y del senador Dugar Chappel (Partido Verde).
El miembro informante del proyecto, el senador David Sáez (UCR), explicó que la propuesta incorpora los incisos 4 al 8 en el artículo 2 y modifica los incisos 7 y 8 del artículo 9, sumando además los incisos 7 bis y 8 bis.
Señaló que el objetivo central es ampliar los supuestos de actuación policial, precisar los criterios de peligro inminente y otorgar garantías administrativas al personal que intervenga conforme al nuevo protocolo.
Sáez remarcó que la reforma busca adecuar la legislación provincial al reglamento nacional aprobado el 13 de marzo de 2024 para las fuerzas federales, basado en estándares internacionales que permiten el uso letal solo en casos excepcionales para proteger la vida.
En ese sentido, sostuvo que la provincia debe armonizar su normativa para brindar mayor claridad jurídica tanto a los efectivos como a los ciudadanos.
El legislador indicó que el nuevo esquema define con mayor precisión cuándo se configura el peligro inminente y en qué situaciones el personal puede hacer uso del arma reglamentaria, por ejemplo, para impedir la fuga de una persona que represente ese peligro o para resguardar establecimientos de detención.
También subrayó que se contemplan supuestos en los que no será obligatorio identificarse previamente si ello compromete la seguridad del procedimiento.
En relación con el inciso 8 bis, destacó que la reforma prevé evitar sanciones administrativas anticipadas contra policías que actúen conforme al protocolo mientras no exista una resolución judicial firme en contrario.
Según explicó, la intención es otorgar seguridad jurídica y evitar medidas disciplinarias apresuradas que puedan afectar la carrera profesional del personal, sin dejar de lado los controles de la Inspección General de Seguridad y del Ministerio de Seguridad.
Sáez afirmó que la ampliación de facultades debe ir acompañada de responsabilidad, capacitación y control posterior, y que el uso de la fuerza debe ser racional, necesario y proporcional.
Señaló que el debate apunta a encontrar un equilibrio entre la protección ciudadana, la seguridad jurídica del personal policial y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
El senador Sáez también explicó la incorporación del artículo 322 bis, que habilita la convocatoria de policías retirados altamente calificados para tareas específicas dentro de la fuerza.
Indicó que la medida responde a la necesidad de reincorporar a efectivos con experiencia y formación para funciones directivas, con conducción de personal y disponibilidad permanente, quienes podrán percibir hasta el 100% de la asignación de clase correspondiente al grado que tenían al momento del retiro.
Asimismo, se prevé la posibilidad de convocar hasta con el 80% de la asignación a personal destinado a funciones específicas, especialmente en áreas tecnológicas, sistemas y manejo de bases de datos, en línea con lo establecido en el artículo 48 bis de la ley.
Finalmente, Sáez solicitó a sus pares acompañar la iniciativa al considerar que el nuevo protocolo aporta claridad normativa, fortalece la actuación policial y brinda herramientas para enfrentar escenarios complejos, reduciendo zonas grises jurídicas en el accionar cotidiano de la fuerza.
Desde el bloque del PJ en el Senado señalaron que, aunque el oficialismo presenta la iniciativa como una herramienta para brindar mayor respaldo a la fuerza, plantea “ambigüedades que pueden generar mayor inseguridad jurídica tanto para la ciudadanía como para los propios efectivos”.
Uno de los principales cuestionamientos fue el origen del texto, que replica casi textualmente una resolución ministerial dictada a nivel nacional por la ahora senadora Patricia Bullrich.
“Se está convirtiendo en ley provincial lo que en Nación es apenas una resolución administrativa. Es un error de técnica legislativa que rigidiza criterios operativos y los eleva al rango de ley”, sostuvo la presidenta del bloque, Adriana Cano.
La reforma incorpora nuevos supuestos para el uso de armas de fuego y redefine el concepto de "peligro inminente", incluyendo expresiones abiertas como “circunstancias asimilables”, indicó la senadora.
Para el justicialismo, esto introduce subjetividad en una materia extremadamente sensible. “El uso del arma de fuego es una medida excepcional, limitada a la defensa de la vida ante un peligro real e inminente. Incorporar conceptos difusos no da respaldo: expone al agente y debilita la seguridad jurídica”, sostuvo la legisladora.
Asimismo, los senadores del bloque cuestionaron la incorporación del artículo 8 bis, que impide al Ministerio de Seguridad y a la Inspección General de Seguridad adoptar medidas administrativas o disciplinarias cuando el accionar policial “parezca verosímilmente ajustado a la ley”, hasta que exista sentencia judicial firme.
“El control penal y el control administrativo son vías independientes. Limitar la intervención de la IGS es debilitar el control civil sobre la fuerza pública”, dijo Cano.
Finalmente, el senador Félix González remarcó que respaldar a la Policía no implica ampliar discrecionalidades, sino mejorar sus condiciones estructurales. “Cuidar a quienes nos cuidan es garantizar salarios dignos, formación permanente, prácticas adecuadas y atención en salud mental. No es prometer respaldo con una ley que genera más dudas que certezas”, afirmó.