La Unión Personal de Juegos y Casinos de Mendoza (UPJCM), junto a la Federación Argentina de Empleados de Casinos (FADEC), expusieron en la Cámara de Diputados.
Un plenario de tres comisiones de la Cámara de Diputados recibió a las autoridades gremiales de Juegos y Casinos.
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Prensa Diputados La Unión Personal de Juegos y Casinos de Mendoza (UPJCM), junto a la Federación Argentina de Empleados de Casinos (FADEC), expusieron su postura sobre el proyecto de ley impulsado por el Gobierno provincial para reestructurar el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJYC).
Los representantes sindicales fueron convocados por un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, una semana después de que el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, haya presentado la iniciativa formalmente.
Ante las comisiones de Hacienda; Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC); y Economía; que presiden Elisabeth Crescitelli (UCR), Beatriz Martínez (UCR y Fernanda Kaufman (LLA), los sindicalistas Martín Caín y Diego Luconi plantearon el martes pasado la necesidad de preservar las fuentes de trabajo y evitar el cierre de sectores dentro del organismo.
Además, remarcaron la importancia de sostener la función social y el rol estratégico que cumple el Instituto en distintos puntos de Mendoza.
Uno de los principales pedidos del gremio estuvo vinculado a los retiros voluntarios contemplados en la iniciativa oficial.
En diálogo con Los Andes, el representante de Fadec, Martín Caín, explicó que “atento a ser un mecanismo decisorio para el trabajador, a la hora de adherir o no al retiro voluntario, las condiciones que hoy se marcan no distan mucho de las condiciones que tendría el trabajador en el caso de un pase a disponibilidad”.
“Lo que se está planteando desde el sindicato es que se garantice por el período de 12 meses la cobertura de la obra social a estos trabajadores”, aclaró.
También impulsaron la creación de una Junta de Reubicación de Personal, con el objetivo de brindar mayores garantías y transparencia ante eventuales pases a disponibilidad, priorizando la continuidad laboral y la protección de los derechos de los empleados, informaron.
Por su parte, las titulares de cada una de las comisiones agradecieron la participación y los intercambios realizados, y aseguraron que continuarán con el estudio más profundo de la redacción final de esta normativa.
“Nuestro compromiso es tomarlo en consideración, y evaluar la viabilidad de los pedidos realizados para luego estudiarlos con los demás legisladores”, dijo la diputada Crescitelli al concluir el encuentro.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo provincial propone una profunda reestructuración del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, bajo el argumento de reducir costos operativos y modernizar el funcionamiento del organismo.
El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, sostuvo que la reorganización responde a cambios en los hábitos de consumo del juego y a la baja rentabilidad de “algunas unidades de negocio”, una situación que —según indicó— se agravó tras el incendio de la sala de San Martín.
“Todo eso llevó a repensar las distintas estructuras del Instituto de Juegos y Casinos y promover una readecuación de aquellas que hoy le generan ingresos a la provincia, que son recursos que se destinan principalmente al sistema de salud, y eliminar aquellas que ya no los generan”, explicó el funcionario.
Fayad indicó que todavía no está definido qué salas podrían cerrarse, aunque no descartó esa posibilidad. Además, confirmó que el Gobierno mantiene conversaciones con la Unión del Personal de Juegos y Casinos.
“Naturalmente, cuando el Estado deja de cumplir ciertas funciones o determinadas unidades dejan de tener sentido, el Estatuto del Empleado Público prevé claramente qué hacer en esas situaciones”, señaló.
En ese sentido, explicó que los trabajadores afectados “primero pasan a disponibilidad y luego, eventualmente, pueden rescindirse contratos”.
El ministro puso como ejemplo el caso del llamado juego de paño o juego vivo, que actualmente “con los ingresos que genera no alcanza a cubrir ni siquiera el 30% de sus costos”.
“Eso le quita recursos al Instituto y, en consecuencia, le quita recursos al principal destino de financiamiento que tiene, que es el sistema de salud”, remarcó.
A su vez, aseguró que una parte importante de los trabajadores será relocalizada. “Como va a pasar en el Fondo para la Transformación, la mayoría de los empleados serán reubicados. Algunos optarán por el retiro voluntario y otros pasarán a disponibilidad conforme a lo que establece la normativa vigente”, afirmó.